Jáuregui, Korta, López de Lacalle, Martín Carpena o Indiano, apellidos para los 25 años del verano negro de ETA en 2000

En la España del 2000 que miraba al siglo XXI y al nuevo milenio con ansias de modernidad, la que estaba a meses de abandonar la peseta para entrar en el euro y cambiaba sus viejas matrículas provinciales por un sistema europeo, ETA tiñó de sangre un verano del que ahora se cumplen 25 años. “Todos somos objetivo de ETA”, resumió el entonces portavoz del PNV y años después lehendakari, Iñigo Urkullu. La ‘campaña’ se adelantó a mayo con el asesinato de un periodista, José Luis López de Lacalle, cayeron los concejales vascos del PP José María Pedrosa y Manuel Indiano, pero también cargos de este partido en Andalucía o Catalunya y el socialista Juan María Jáuregui, murieron agentes de la Guardia Civil y militares o la fiscal Carmen Tagle. Y los terroristas atentaron contra el empresario Joxemari Korta, cercano al nacionalismo vasco. La lista no es exhaustiva y hubo también supervivientes, como el exconsejero socialista José Ramón Recalde, al que tirotearon en la calle.

Ese verano de 2000 tuvo un contexto porque aquel año fue el de la reactivación de la violencia tras el fiasco de la tregua de Lizarra. En septiembre de 1998, las fuerzas nacionalistas y el entorno de ETA suscribieron el pacto de Lizarra, que vino acompañado de un alto el fuego. José María Aznar, líder del PP, estaba en La Moncloa. De aquellos años es su apuesta por dialogar con el “movimiento vasco de liberación”, como llamó a la organización armada, y centenares de acercamientos de presos. En 1999, PNV y EA, en minoría en Euskadi tras las elecciones en las que Juan José Ibarretxe sucedió a José Antonio Ardanza, suscribieron un acuerdo de colaboración parlamentaria con Euskal Herritarrok o EH, la reformulación de la época de la antigua HB.

La tregua se rompió en enero de 2000. ETA asesinó en Madrid a un militar de alta graduación del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco. En febrero, en definición del historiador Antonio Rivera, la banda cometió un “magnicidio” ya que asesinó al exvicelehendakari y dirigente socialista Fernando Buesa, así como a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. Aquel doble crimen conmocionó a la sociedad y causó una honda división en Vitoria en particular, con críticas al acercamiento del PNV a la izquierda abertzale.

Maixabel Lasa y su hija, María Jauregi

De cara a la campaña de verano y con las fuerzas de seguridad también muy activas con operaciones y detenciones, ETA diseñó una amenaza integral en todos sus frentes y en muchos territorios, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra desde luego pero también Madrid, Catalunya, Aragón o Andalucía. A Korta, por ejemplo, lo mataron el 8 de agosto, apenas unos días después del asesinato de Jáuregui el 29 de julio. Y mientras Zumaia lloraba y se movilizaba por el empresario y miembro de la patronal Adegi, las noticias relataban ya el atentado contra el militar Francisco Casanova en Berriozar, del 9 de agosto. “Todos somos víctimas. Debemos estar con los que sufren. Hoy, con los empresarios; ayer, con los políticos socialistas, y en otro momento, con los periodistas”, contaba otro alto cargo vasco, José Luis Bilbao, diputado general de Bizkaia durante varias legislaturas. El periodista Pedro Gorospe, presente en Zumaia, explicaba cómo un vehículo sin matrículas pasaba por las calles un inhibidor de frecuencias para evitar allí mismo, en un homenaje, otra masacre.

Y, después del verano, llegó el otoño. Y ETA siguió. Cometió otro “magnicidio”, el del exministro Ernest Lluch. También mató a magistrados, funcionarios de Prisiones y más policías. A finales de año, el PSOE, desde la oposición, firmó con el PP de Aznar el pacto antiterrorista, la base de la reforma de la Ley de Partidos que adelantó las ilegalizaciones de sucesivas marcas de la izquierda abertzale, EH, HZ, AuB, ANV, D3M o EHAK, entre otras.

“Fue un año terrible”, explica al otro lado del teléfono Maixabel Lasa, viuda de Jáuregui y años después directora de Víctimas del Gobierno vasco tanto con Ibarretxe como con Patxi López. “Un solo asesinato ya es terrible. Veintitantos imagínate. Muchísimas familias destrozadas”, señala. “Fue terrible”, repite sin cesar Lasa. “Nos habíamos hecho la ilusión con la tregua. Hubo un año, 1999, sin ningún atentado. Para mí, como para mucha gente, llegaba tarde aquel alto el fuego, pero había ciertas esperanzas. Fue un chorro de agua fría [la ruptura de la tregua a comienzos del año]. Conocía a muchos de ellos. A José Luis [López de Lacalle] desde siempre. También a Recalde. Y a Lluch, que venía mucho a San Sebastián. A Korta también le conocía. A los pocos días [del asesinato de su marido] estuve en la concentración de Zumaia. Y luego en la de Indiano. Fue todo tan seguido… Terrible”, relata.

Su esposo, que fue gobernador civil de Gipuzkoa y uno de los que colaboró en las investigaciones contra el terrorismo de los GAL y las torturas en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, vivía en Chile por estar amenazado. Pero “cada tres meses aproximadamente” regresaba a Legorreta “para estar con la familia y amigos”. Fue asesinado en la cercana Tolosa después de haber celebrado las bodas de plata de su matrimonio. “Cuando vino de la Audiencia Nacional, contento y feliz por colaborar con el tema de Lasa y Zabala, me vino y me dijo: ‘Maixabel, no sé quién me va a matar, si ETA o el coronel [Enrique Rodríguez] Galindo [jefe de la Guardia Civil en Intxaurrondo]’. Estaba muy preocupado por la situación”, explica.

“Lógicamente, fue un momento muy duro, muy complicado y tremendo. Una vorágine de crueldad, crimen, terrorismo”, abunda Carmelo Barrio, secretario general del PP vasco entonces y ahora diputado en el Congreso después de una larga trayectoria como parlamentario autonómico. Barrio cita a los ediles vascos Pedrosa (asesinado en junio) e Indiano (a finales de agosto) pero también a los “compañeros” Jose María Martín Carpena (julio, Málaga) o José Luis Ruiz (septiembre, Barcelona).

“Nos avisaban. Llegabas al pueblo y veías a tu compañero tirado en el suelo. A Jesús Mari. A Indiano. También vi a Buesa y a Díez Elorza. Vivía cerca y pude asistir. Tremendo”, añade. Califica de “amenaza permanente” lo que vivía el PP en aquellos años y la dificultad para “gestionar” que alguien sustituyera a un asesinado. En 1997 ETA había matado a José Luis Caso, edil en Errenteria, y luego en 1998 lo hizo con quien le relevó, Manuel Zamarreño. Para Barrio, sin embargo, 2000 también fue el año de la “respuesta serena” de la sociedad y del “inicio del declive de ETA”. Quedaban, eso sí, otros 35 crímenes mortales entre 2001 y el cese definitivo de la actividad armada de octubre de 2011.

Para Rafaela Romero, diputada del PSE-EE, aquel verano “fue la culminación de lo que venía haciendo el entorno de ETA de deshumanización del adversario”. “Nos convertían en enemigos para justificar la violencia. Y aquel verano dieron un paso más, aunque no hay que olvidar que en la década de 1980 moría una persona cada 72 horas. Parece que como eran guardiaciviles a nadie le importaba”, explica.

Estado en que quedó el coche-bomba que acabó con la vida de Korta, en agosto de 2000

“ETA, en aquel momento, mataba a tu vecino, Froilán [Elespe], al juez que te cruzabas en la compra, al que leías en el periódico, José Luis. Era terror y control. Ésa era la estrategia. Hablamos de un exterminio político de los no nacionalistas. Lograron amedrentar a una sociedad que empezaba a despertar”, continúa. Y pide un reconocimiento expreso a heridos y víctimas de “violencia de persecución”. “No perdieron la vida pero perdieron la razón a base de estar apartados, rechazados, de ser extirpados de su pueblo. Se les miraba de lado por si pegaban algo. Esa gente tiene heridas por dentro que no han sido resarcidas. Tienen que dejar de ser un número. Que se reconozca ese daño. ¿Por qué se nos hizo ese daño? ¿Cómo ha afectado a nuestras familias? Soy muy crítica con las instituciones. Esa historia está por escribir en Euskadi y en España”, protesta.

Preguntada por el pacto antiterrorista de finales de 2000, Romero asegura que el entonces líder de su partido, José Luis Rodríguez Zapatero, luego sucesor de Aznar en la presidencia en 2004, “hizo lo que tenía que hacer”. “Podríamos habernos enrocado, pero no. Determinadas medidas fueron fundamentales para que la paz y la convivencia llegaran”, señala aplaudiendo expresamente la Ley de Partidos. “No fue una operación de Estado para negar ideologías. Quien exterminaba ideologías era ETA. La política no se podía hacer con las manos en el gatillo”, manifiesta.

Lasa, de su lado, se felicita de que el terrorismo sea cosa del pasado. “Vivimos en una situación totalmente distinta”, describe. Ella misma, después del asesinato de su marido, tuvo que llevar escolta por ser alto cargo. “Descubrieron unos papeles y parece ser que estaba mi nombre. Aquello fue muy duro para mí. Sabía en que consistía, por Juan Mari, pero en primera persona es totalmente distinto”, recuerda.

Con los años, tanto desde una posición institucional como a título individual, Lasa ha sido una de las víctimas más dedicadas a buscar puentes de convivencia. Participó con dos de los tres condenados por el atentado contra Jauregi en encuentros restaurativos. Se sentó con Luis Carrasco e Iban Etxezarreta, que se desmarcaron el terrorismo como parte de la denominada ‘vía Nanclares’. Han participado en homenajes a la víctima de manera discreta. El vigesimoquinto aniversario también va a ser un acto íntimo, sin medios de comunicación, explica. Otros cargos de la actual EH Bildu también han solido participar en él. Esta historia real se convirtió en película en 2021. Se titula ‘Maixabel’ y Blanca Portillo fue la que se caracterizó como ella. Cuando se proyectó en la cárcel de Pamplona, los presos afines a la ortodoxia de ETA la plantaron.