Las calles de Canarias siguen salpicadas de huellas franquistas con el catálogo de vestigios aún en supervisión

Las calles de Canarias siguen salpicadas de huellas franquistas con el catálogo de vestigios aún en supervisión

La ULL ya terminó la tercera fase de este extenso documento, pero el Gobierno de canario lo mantiene en tramitación “técnica y administrativa” y aún no ha sido llevado a la Comisión Técnica de Memoria Democrática, para la que no hay fecha prevista

“Propaganda” de la dictadura y un “insulto” a las víctimas: lluvia de alegaciones contra el BIC del monumento a Franco de Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) entregó hace casi cuatro meses el Catálogo de Vestigios Franquistas de las Islas finalizado al Gobierno de Canarias (CC-PP). Se trata de un documento que se compone de 9.300 páginas, relativo a las restantes islas del archipiélago, y después de haber entregado ya la fase primera (municipio de Santa Cruz de Tenerife) y la segunda (capitales insulares). Según informó la universidad, los elementos encontrados en las ocho islas responden a un total de 428 elementos censados, de los que 225 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 203 a Las Palmas.

Entre ellos se encuentra el monumento a Franco, escultura por la que varias asociaciones y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrieron a la Justicia (el consistorio porque se sentía perjudicado al haberse empezado solo por este municipio) que dejó el catálogo en suspenso y después el Ejecutivo de Clavijo derogó. Sobre esta escultura además hay abierto un trámite para declararlo BIC por parte del Cabildo de Tenerife.

Desde la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias destacaron recientemente a este periódico que, en lo que respecta al Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas, el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez, ya informó en la última Comisión Técnica celebrada en el mes de mayo que su departamento se encontraba en el proceso de supervisión del expediente, “desde el punto de vista técnico y administrativo”, para comprobar que cumple con los requisitos del contrato y que, una vez finalice, se podrá a disposición de dicha comisión y se convocará una reunión monográfica para que pueda ser objeto de estudio por sus miembros. Y este mes de julio, esta aún no se había comunicado.

La Justicia paralizó la primera fase del Catálogo de Vestigios de Canarias, la que se basaba en Santa Cruz de Tenerife, que se convirtió en ciudad de propaganda y exaltación del franquismo. De hecho, la capital tinerfeña presenta “uno de los casos más intensos” de España con una gran concentración de elementos conmemorativos del régimen “de dimensiones monumentales en una superficie muy reducida”, detalla el catálogo de vestigios. En ese documento se enumeraron hasta 78 representaciones o exaltaciones del régimen franquista que incumplían la ley de memoria democrática, como el Monumento a los Caídos, esculturas como el busto a Joaquín Amigó de Lara, las placas del Instituto Nacional de la Vivienda o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés. También enumeraba varias calles y honores y distinciones que incluyen a más de 130 personas.

Más tarde, en 2023, la ULL entregaba finalizada la segunda fase de este catálogo, un trabajo que hacía referencia a las capitales de todas las Islas y que el actual Gobierno de Canarias (CC-PP) ha mantenido guardado en un cajón este tiempo. Su idea, ha defendido, no es la de publicarlo en el BOC por fases, como hizo el Ejecutivo anterior (liderado por PSOE, junto a NC, Podemos y ASG), que se topó con la Justicia.

En esa segunda fase se recogía, por ejemplo, el escudo de la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria o un panteón a Los Caídos de La Falange que aún se encuentra en el histórico cementerio de Vegueta, en la tumba del falangista Rafael Bello del Toro, donde hay colocada una placa. “Esta realidad ha permanecido ajena a la conciencia colectiva hasta la actualidad, a pesar de que en varios momentos distintas corporaciones realizaron algunas acciones conducentes a la eliminación de elementos contrarios a la normalización democrática”, detalla el estudio.

En Las Palmas de Gran Canaria no hay ostentosos monumentos a la exaltación del régimen como en Santa Cruz de Tenerife, pero sí hay varias placas que incumplen, como la de la barriada de Nuestra Señora del Carmen, o la del Colegio de María Auxiliadora, otra en la barriada Generalísimo Franco o la placa de la sede provincial de Cruz Roja, entre otras. También se habla de algunos rótulos como el de la calle Calvo Sotelo o el del grupo de viviendas Martín Freire.

Asimismo, en esa ciudad hace mención a calles referentes a militares sublevados como Ramón Franco o la plaza García Escámez, entre otros. En total son 36 calles y plazas públicas las que el catálogo actualizado con la tercera fase señala como que incumplen con la Ley de Memoria Democrática. En la parte de honores y distinciones, la capital sí que ha ido cumpliendo con la norma y en este mandato la alcaldesa, Carolina Darias, retiró la Medalla de Oro y el título de Hijo Adoptivo a Franco, con el voto a favor del PP.

Sobre Puerto del Rosario, el Catálogo menciona un total de nueve calles que incumplen con la norma (Comandante Díaz Trayter, Caserío Colonia Rural García Escámez, la calle García Escámez, Almirante Lallemand o Almirante Fontán Lobé…), así como algunos honores y distinciones como la de hijo adoptivo a Francisco García Escámez o el caso de José García Hernández. Y en Arrecife, se detallan varias placas conmemorativas como la del Mando Económico y García Escámez en el Hospital Insular, la del Mando Económico y García Escámez en el pabellón anexo del Hospital Insular o la placa conmemorativa de la Inauguración del Hospital Insular por Francisco Franco. También hace referencia a placas e inscripciones del grupo de viviendas Santa Coloma o la placa del Plan Nacional de Construcciones Escolares. Y tres calles aparecen aún sin cambiar para cumplir la ley.

En la tercera fase del catálogo se incluyó un apartado sobre las cruces y se menciona que la cruz de los caídos ha permanecido en pie en el centro de la plaza de Las Palmas, en Arrecife, pero que se ha eliminado para cumplir con la Ley pese a la oposición de PP y Vox. Por su parte, en Caleta de Sebo, en La Graciosa, en el catálogo se recalca que hay una calle, una plaza, una placa y un monumento en honor a la misma persona: García Escámez.

Por su parte, en San Sebastián de La Gomera, se cita la Avenida José Aguiar, el Edificio José Aguiar y los honores y distinciones a Ricardo Serrador Santés y a Esteban Pérez, ambos como hijos adoptivos. Valverde, en El Hierro, cuenta con placas conmemorativas, como la dedicada a los caídos en El Mocanal, la placa los caídos en el cementerio de San Andrés y la placa al Mando Económico de Canarias en la Barriada de viviendas Generalísimo Franco en el Puerto de La Estaca. Así mismo, el catálogo recoge dos denominaciones del callejero a dos figuras de militares rebeldes; la calle García Escámez y la Avenida Dacio Darias.

El catálogo es contundente al resaltar que la “normalización democrática realizada por la Corporación municipal de Santa Cruz de La Palma en la I Legislatura ha hecho que solamente se conserven en la actualidad tres elementos y los honores y distinciones”. Así, sólo se propone eliminar la calle José López, la placa en recuerdo a Blas y Esteban Pérez González existente en la casa familiar y la denominación del Centro Cultural Pérez Andreu. Además, se incluyen las diversas condecoraciones, reconocimientos y honores tales como las medallas de Oro concedidas a Francisco Franco Bahamonde, entre otros.

La tercera fase del catálogo, que aún está en supervisión, incluye al resto de municipios de Canarias. La ULL ya adelantó que cuenta con 428 elementos censados e informó de que los vestigios abarcan denominaciones de espacios públicos, esculturas, objetos, inscripciones, lápidas, escudos y honores y distinciones alusivas a la época de la dictadura.

El trabajo ha estado liderado por la catedrática de Historia del Arte Isabel Navarro Segura y por el profesor titular Jesús Pérez Morera, junto a los investigadores Yanira Hermida Martín y Kumar Kishinchand López y la colaboración de Yolanda Peralta Sierra y Ricardo Guerra Palmero. El equipo investigador de la Universidad de La Laguna hizo referencia “a la ardua labor de búsqueda de información en los archivos municipales”, muchos de los cuales “no están aún digitalizados, y la escasa proactividad encontrada en algunas localidades.