Todas las veces que Feijóo ha dejado en ridículo al PP canario en solo dos años
Las estrategias de Génova dirigidas a recuperar votos ultras escapados a Vox y a negarle a Pedro Sánchez cualquier espacio al acuerdo han provocado una grave debilidad política a los populares canarios en asuntos como inmigración o seguridad energética
El PP borra de su web un máster por la Universidad de Wyoming del vicepresidente del Gobierno canario
La decisión unilateral del Partido Popular de retirar de la web un máster obtenido en la Universidad de Wyoming por el presidente regional de esa formación en Canarias es el último episodio de una sucesión que parece interminable de desautorizaciones emanadas desde la sede central de la calle Génova con destino a la ultraperiferia. Pero es la primera vez que Manuel Domínguez, el presidente regional de la formación, se rebela y manda decir que eso que le han hecho no ha contado con su autorización.
Como seguramente ninguno de los otros desplantes que estos dos últimos años han dejado a la organización isleña con el culo al aire en asuntos tan sensibles como la inmigración o, más recientemente, la seguridad energética.
La estrategia nacional del PP de asumir como propio el discurso antimigratorio de Vox para tratar de recuperar a los votantes ultras que se marcharon al partido de Santiago Abascal ha puesto en muchos aprietos a Manuel Domínguez y a los suyos. Porque Domínguez, además de presidente del PP canario, es el vicepresidente del Gobierno regional en alianza con Coalición Canaria. Y desde el Gobierno regional partió hace ya más de un año una estrategia compartida con el Gobierno central para buscar una solución a la delicada saturación que viven los centros en los que se tutela a casi 6.000 menores migrantes no acompañados.
Las desautorizaciones a esa decisión gubernamental canaria, avalada por todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento regional, excepto Vox, han sido constantes, bien en forma de declaraciones públicas, bien en desplantes en reuniones al más alto nivel, o bien recurriendo ante el Tribunal Constitucional la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que debería propiciar una distribución de esos menores por las diferentes autonomías atendiendo a diversos parámetros objetivos.
Pero la posición radical de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aspirante a suceder a Feijóo por la vía más trumpista; Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, Carlos Mazón, de Valencia, o Jorge Azcón, de Aragón, todos ellos sostenidos con los votos ultras de Vox, complican la búsqueda de una solución al problema que padecen Canarias y Ceuta, donde también gobierna el Partido Popular.
El pacto en Canarias entre CC y el PP se mantiene sencillamente porque no existe una alternativa que permita a los de Fernando Clavijo mantenerse en el poder. Fue CC la segunda fuerza más votada después del PSOE, y las encuestas no parecen pronosticar que Ángel Víctor Torres, cabeza de lista socialista en 2023, haya perdido predicamento entre la ciudadanía.
Las tímidas críticas con sordina con las que Coalición Canaria saludó los primeros desmarques del PP con la crisis migratoria, han ido subiendo de tono, especialmente por parte del presidente Fernando Clavijo, que lo hizo por fin este pasado 18 de julio. Pero la docilidad con la que Manuel Domínguez lleva el pacto de gobierno impide que se pase de las críticas a algo más radical. A lo que se suma la conveniencia de fomentar el viejo adagio de CC contra “los partidos de obediencia no canaria”.
Pero el problema de los menores migrantes vulnerables hacinados en centros precarios y no controlados por la administración sigue sin resolverse y, precisamente por la postura táctica y racista del Partido Popular, no parece que la salida esté próxima.
La seguridad energética
El más reciente de los desacuerdos entre el Partido Popular de Canarias y su matriz nacional ha venido dado por otra posición táctica de Feijóo también contraria a los intereses isleños. A pesar de contar con el beneplácito de la gran patronal energética, el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico fue tumbado en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de Vox, Podemos, BNG, Junts y Chunta. Dirigentes populares han reconocido que, estando de acuerdo con su contenido, no cabía apoyarlo para no darle en estos momentos ningún balón de oxígeno al Gobierno de Sánchez.
Ese Real Decreto contenía medidas concretas solicitadas por Canarias, y para que la ofensa fuera mayor, medidas dictadas por la Consejería de Transición Energética del Gobierno regional, el palmero Mariano Zapata, cuya isla acaba de sufrir un severo apagón. Entre otras cosas, las medidas propuestas por Canarias, incluidas en el fracasado decreto, incluyen la instalación de baterías en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, así como grupos generadores móviles de respaldo para momentos de emergencia.
Para que la ofensa al PP canario fuera mayor, al Grupo Parlamentario en el Congreso no se le ocurre otra cosa que designar para defender el no al Real Decreto que a un diputado por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal, que lo hizo a la perfección según el encargo recibido, pero que ofendió mucho a los suyos aquí.
Al PP canario solo le queda confiar en que la doble estrategia de Génova de acercarse a Vox y alejarse del PSOE de Sánchez de resultados y los electores de las Islas voten en clave nacional. Porque si lo hicieran en base a la capacidad de influencia de los suyos en Canarias, las expectativas no parecen ser buenas.
