Trilogía sobre la corrupción valenciana: política al portador

Si nos acercamos a la corrupción de grueso calibre comprobaremos que habitualmente opera sobre un paradigma clásico: un político otorga un contrato a un empresario con el aval de un técnico, que suele vestir la concesión de legalidad y pulcritud. Casi siempre se trata de expedientes perfectamente niquelados. Por eso, el argumento “revise el expediente y verá que el traje no tiene costuras ni arrugas” que invocan los políticos pillados suena a chiste. Oiga, el traje no puede tener arrugas porque se hizo a medida.

Si queremos ir poniendo parches convendría dejar de hacernos trampas al solitario. Por ejemplo, respecto a la financiación de los partidos. La norma de 1987 fijaba el anonimato en las donaciones, que no podían sobrepasar los 60.000 euros. Visto el fracaso, la ley 8/2007 elevaba a 100.000 euros el tope y obligaba al donante a identificarse.

Recuerdo que un responsable de la caja de un partido me contó en su día que los ácaros invadieron su cuenta bancaria.

Pasar la gorra para el partido

Miren, por mucho Tribunal de Cuentas que haya, el problema está en el excel de la contabilidad en B de Barcelona, que dirían los de la Gürtel. Solo hay que reparar en los problemas judiciales del póker de tesoreros del PP, casi desde la Transición: José Luis Sanchis Perales, Rosendo Nasiero, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. “Don Manuel [Fraga] me decía que pasara la gorra a los empresarios”, me contó en cierta ocasión Sanchis Perales, quien ayudó a Bárcenas en su intento de esconder el dinero en Suiza.

Ahora habrá que dirimir si los ex de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, han recaudado para el partido. No que lo digan, sino que haya ocurrido. Porque esto de la supuesta colecta para el partido es muy sufrido. Y socorrido. “Hasta tres distintos me han pedido para el partido” y en el mismo proyecto, me contó un conocido promotor. Un capítulo que relato en Los tentáculos del truhan, libro en el que se evidencian las conexiones de las cloacas políticas y empresariales. Erial, Azud, Taula o Gürtel se abrazan en el subsuelo de los pozos ciegos de la política y las contratas públicas.

Esa es una de las claves de la corrupción, que cuando practicas el deporte de aquel número dos del FBI llamado Mark Felt (conocido como Garganta profunda por los periodistas del Watergate), te percatas de que quien paga manda. Y el que manda no suele presentarse a las elecciones. En València, por ejemplo, la política urbanística no se decidía en el Ayuntamiento, sino en el despacho de José María Corbín, cuñadísimo de Rita Barberá y cuya cartera de clientes estaba copada por contratistas municipales.

Funcionarios a la plancha

Para sanear el espacio de la política convendría empezar por erradicar comportamientos poco edificantes y muy enquistados. Que colocar en la Administración a colegas, compis de la agrupación y familiares no sea asumido como normal. Algunos deberían poner en un altar a la plancha de vapor, el mejor sistema conocido para abrir sobres de esos que preservan el cuestionario del examen de la oposición. Probablemente, han hecho más por el empleo público los Ábalos de turno que la academia Adams. Aunque en esto de la promoción de las plantillas de funcionarios y laborales los hay que nunca ven colmadas sus exigencias. Como aquel opositor en la ciudad de València que llamó indignado a su contacto político porque la noche antes del examen le habían filtrado las preguntas. ¿Y cuál era el problema? Pues que no le habían adosado las respuestas.

¿Son nuestros políticos peores que el común de la población? En absoluto. Constituyen un muestrario que representa con bastante fidelidad a quienes les votaron. Pero no es suficiente. Deberían atesorar un extra de ejemplaridad, que tiene que ver con el comportamiento, más que con el patrimonio con el que llegan al cargo.

Falsos “groupies” de Pepe Mujica

Ya hace años que se impuso la moda de convertir la declaración de bienes y actividades en una especie de concurso de pobres. Se trata de fingir ser el más pobre de todos aunque sea escondiendo la casa a nombre de la suegra. Ser transparente y austero en el uso de los recursos públicos no vende. En una sociedad de horteras y fanfarrones, del espejo-espejito, del exhibicionismo y el ciberpostureo, un político sin colorantes ni conservantes lo tiene crudo. Cuestión distinta es que luego se declaren admiradores del gran Pepe Mujica, el ex presidente de Uruguay recientemente fallecido que practicó como única religión escapar de la necesidad artificial para ser libre.

El sueldo del político ni fomenta ni estrangula la corrupción. El político ha de cobrar lo justo, sin demagogias. Habría que ser más estricto, eso sí, a la hora de evitar incompatibilidades y conflictos de intereses cuando dejan el cargo y establecer mecanismos que salvaguarden la dignidad de la institución. Un expresidente tiene mejor acomodo en un consejo asesor público, aportando su know-how, que practicando el tráfico de influencias. Y no digamos un rey Emérito montado en el AVE La Meca-Medina.

Bisagras engrasadas y hombres de negocios

La condición de expolítico no puede asimilarse a una cola ante una puerta giratoria. Más de veinte ministros están o han estado a sueldo de firmas del IBEX 35 como Iberdrola, Endesa, Enagás, Naturgy o Red Eléctrica, dirigida esta última por la exministra Beatriz Corredor, cuya presencia se hizo visible para muchos gracias al apagón. Desde Isabel Tocino a Felipe González, el consejo de administración y la asesoría se convierte en el nuevo hábitat del político retirado. Y eso se nota cuando escuchas sus opiniones. Dejan de expresarse como jarrones chinos y hablan como hombres de negocios.

Luego están los que monetizan la tarjeta de visita a sueldo de una consultora. Los más emprendedores, como Rodrigo Rato o Eduardo Zaplana, prefieren trabajar por cuenta propia y facturar. Zaplana montó Decuria Consulting, el vehículo utilizado para intentar disimular su condición de delincuente de cuello blanco. Los 2,1 millones facturados en siete años fueron una de las coartadas del expresidente para intentar justificar su lujoso tren de vida.

Conceptos fáciles de hinchar

La consultora permite hinchar facturas porque el concepto es un intangible más difícil de peritar que una silla. ¿Cuánto vale una idea o abrir la puerta a un contratista? La banda de Zaplana, por cierto, inventó la puerta corredera. Que consiste en amarrar con años de antelación la “pensión” de jubilado de la política. Cuando dejas el cargo, ya no tienes que preocuparte de lograr contratos de tus contactos porque tienes la mordida en diferido pactada hace años.

El jefe de gabinete de Zaplana y también condenado en Erial, Juan Francisco García, montó su consultora Dobles Figuras Consultores, nada más salirse de la vida pública. Lo mismo que el expresidente José Luis Olivas, quien constituyó la firma Imarol, uno de cuyos cobros, de 580.000 euros, le valió una condena judicial. Total, que primero amarraron las comisiones a cambio de adjudicaciones ilegales y/o mediaciones en la concesión de las ITV y el Plan Eólico, y, al dejar la política, cobraron los amaños pactados. En el caso de García, 1,25 millones solamente a través de su consultora.

En otros casos, como Cristóbal Montoro, llegas a la política con el despacho montado de casa (Equipo Económico) y durante tu etapa pública como ministro no dejas de tenerlo presente en tus rezos ni en tus leyes.

José Blanco y Alfonso Alonso, CEO y presidente, respectivamente, de la consultora Acento.

El circo de las apariencias

El mundo de la consultoría ha servido, además, para evidenciar que en el circo político prevalece la impostura. Que la dialéctica pública no siempre responde a un enfrentamiento real. En este sentido, si hay un monumento a la entente entre bambalinas y a los consensos a pie de altar del llamado régimen del 78 ese sería la consultora Acento, que une más que el cemento. Una “firma superespecializada en asuntos públicos estratégicos, positivos y proactivos”, según proclama en su web. El socio fundador y CEO es el exministro y ex secretario de organización del PSOE José Blanco. El presidente, el exministro del PP Alfonso Alonso. Y en el consejo asesor conviven populares y socialistas como Elena Valenciano, José María Lasalle o Joan Clos, entre otros. También hijos de ilustres políticos de ambos partidos.

Actuar con mano dura o dar premios

Más allá de aprobar leyes y medidas profilácticas, los responsables políticos tienen en su mano ayudar a sanear la vida pública con decisiones de frenar ascensos y carreras o provocar caídas simplemente cuando tengan la certeza de comportamientos poco recomendables. No hacen falta pruebas. Basta con que las sospechas aboquen a certezas. Por ejemplo, el expresidente de la Generalitat Joan Lerma destituyó a un tal Rafael Blasco el 28 de diciembre de 1989 cuando la entonces directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, le informó de actitudes muy torcidas de quien con los años acabó condenado y en Picassent por corromperse en otros asuntos.

Se puede actuar con mano dura o, por el contrario, puede uno otorgar la Alta Distinción de la Generalitat por el Nou d’Octubre a tres condenados por la justicia (Zaplana, Olivas y Jaume Matas) y a un cuarto, el rey Juan Carlos I, que escapó de los tribunales por su blindaje constitucional. Entre todos suman 16 años y 5 meses de prisión por corruptos y más de 200 millones de euros en mordidas cobradas. Es un reconocimiento a quienes han destacado por su “defensa de los valores e intereses generales de los valencianos”. Vamos, como si Unicef premiara a un pederasta.