La fiscal del caso Montoro, al jefe de Anticorrupción: «Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”

El secreto que ha protegido la causa contra Cristóbal Montoro ha extendido también un manto sobre las dificultades para investigar estos siete años a quien fue ministro de Hacienda durante el último Gobierno del PP. El reciente levantamiento de ese secreto, primero, y ahora documentos internos de la Fiscalía a los que ha tenido acceso elDiario.es, permiten conocer cómo la fiscal del caso intentó ampliar la investigación que afectaba a Montoro y cómo el criterio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se impuso para que no se abriera el buzón del correo electrónico que el político utilizaba en el Ministerio. “Como fiscales que somos, me cuesta que tengamos dudas sobre este extremo”, escribió la fiscal a Luzón en una nota interna de mayo de 2023.

Las solicitudes del juzgado a Hacienda sobre las cuentas de correo de los primeros imputados hizo aflorar una dirección a la que algunos de ellos reportaban con frecuencia: [email protected]. Los informes de la policía autonómica catalana y de la propia Agencia Tributaria no dudan de que se trata de la dirección utilizada por Cristóbal Montoro mientras era ministro. Una dirección que, por alguna razón, incluía su segundo apellido, en lugar del primero, por el que es conocido.

El sumario recoge que Cristóbal Montoro está formalmente imputado desde el 16 de diciembre de 2021. Ese día, el juez Rubén Rus Vela dictó un auto en el que ya presentaba los indicios contra él y nueve de sus colaboradores por integrar una “organización” dedicada a favorecer al lobby gasístico desde el Ministerio de Hacienda. A cambio, las empresas del sector abonarían altas sumas a una consultora por la que habían pasado todos ellos y que había fundado el propio ministro en 2006, Equipo Económico.

En el caso de Montoro, el magistrado le atribuía “un rol nuclear” de acuerdo a los “correos electrónicos intervenidos” y el atestado elaborado a partir del mismo por los Mossos d’Esquadra. Montoro nombraría como altos cargos de Hacienda a responsables de Equipo Económico y eso “aseguraría” que la normativa de su departamento se redactara “a demanda” de las empresas gasísticas, “tras aceptar pagar por ello”.

Pero los correos que llegaron de Hacienda indicaban algo más: una forma de actuar instalada en la cúpula del Ministerio de Hacienda que hacía de la valiosa información de los contribuyentes un arma política y de venganza personal. Al tiempo que operaba una policía política en Interior para desacreditar a independentistas catalanes y Podemos, así como para reventar el caso de la caja B del PP, en el Ministerio de Hacienda se jugaba con un arma aún más poderosa que los seguimientos policiales o los dosieres para la prensa.

El mismo día que imputó a Montoro, el juez Rus Vela, a propuesta de los Mossos d’Esquadra, acordó que se pinchara el teléfono de Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz y Covadonga Gómez Garrido. Los cuatro siguen investigados y su relevancia en la trama aparece detallada en el último auto del juez. Las escuchas, sin embargo, apenas se extenderían un mes y medio, el tiempo que tardó la Audiencia de Tarragona en dar la razón al número dos de Luzón, interrumpirlas y considerar nulas las que habían sido practicadas hasta ese momento.

Entre los objetivos de esas escuchas destacaba Ricardo Martínez Rico, fundador del despacho junto a Montoro, al frente del cual sigue, y que venía de serlo casi todo en el Ministerio de Hacienda en tiempos de Aznar. Su hermano Felipe, también imputado, era el jefe de gabinete que susurraba al oído de Montoro cuando ocurrieron los hechos investigados.

Para cuando el juez acordó los pinchazos ya habían surgido las desavenencias en el seno de Anticorrupción. La causa se había iniciado después de que un grupo territorial de los Mossos d’Esquadra encontrara las primeras referencias respecto a la presunta corrupción de Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda en un registro a una empresa gasística, a la que investigaban por la dudosa ampliación de una de sus plantas. En uno de esos correos, uno de los directivos le escribía a otro en 2013: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

Los Mossos entregaron la documentación hallada en octubre de 2017 a sus compañeros de la División de Anticorrupción y estos pensaron en Carmen García Cerdá, la fiscal que había investigado unos meses antes a Equipo Económico por el contrato firmado con las Cámaras de Comercio en plena redacción de la ley que regía estos organismos. El caso de las Cámaras no prosperó pero los correos de la gasística prometían una segunda vida a la investigación a Equipo Económico.

García Cerdá consiguió que el juez de Tarragona Rubén Rus Vela solicitara al Ministerio de Hacienda el volcado de las direcciones de correo electrónico de varios antiguos miembros de Equipo Económico que también habían pasado por el departamento de Cristóbal Montoro en los años de los cambios legislativos a favor de las gasísticas.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en primera plana durante los últimos meses por haber impulsado el caso Cerdán a partir de un acuerdo con uno de los empresarios presuntamente corruptos, Víctor de Aldama, no apreciaba indicios de delito en los correos incautados por los Mossos d’Esquadra. Cuando su subordinada quiso abrir el correo de Montoro, Luzón decidió intervenir.

En un decreto de 21 de enero de 2023, Luzón impone restricciones a la fiscal que investiga el caso Montoro. “En lo sucesivo –le indica– someta a previo viso de esta Jefatura o su teniente fiscal [Antonio Romeral, el segundo de Luzón] todos los escritos que dirija al juzgado, a las unidades policiales a cargo de la investigación o, en su caso a las unidades de Apoyo a esta Fiscalía especial”.

Para entonces, los investigadores de la Agencia Tributaria y de los Mossos d’Esquadra ya habían concluido su análisis de los correos intervenidos en Hacienda. Además de afianzar sus sospechas por los acuerdos de Equipo Económico y las gasísticas hallan indicios de que la dinámica corrupta se ha podido extender a otros sectores, como las renovables o la construcción, y que además, la información reservada de los contribuyentes en la época de Montoro se utilizaba como un arsenal en contra de adversarios políticos del PP y enemigos del ministro.

Aznar, Margarita Robles, los Pujol…

Se trata de un centenar de mensajes en los que se traslada a menudo información reservada a una cuenta de correo que utilizaba Cristóbal Montoro. Otras veces, el intercambio es entre los colaboradores del ministro. La fiscal del caso intentó que el juez ordenara el volcado de esa dirección, pero sus decisiones se encontraban intervenidas por el jefe de Anticorrupción y por su teniente fiscal. El 9 de mayo de 2023, Romeral rechaza todas las diligencias de investigación que propone Carmen García Cerdá a excepción de una. La fiscal insiste en el volcado del correo de Montoro y el número dos de Anticorrupción lo vuelve a vetar.

En su escrito a Luzón, la fiscal enumeraba algunos de los casos y personas a los que afectaba el uso de información confidencial: Margarita Robles, José María Aznar, los Pujol, Bárcenas, Rodrigo Rato, Parques Eólicos, Podemos, Pretoria, Gürtel, la jueza Alaya, caso Noos…

La fiscal recurre entonces al propio Luzón. Le dirige un escrito en el que expone los avances en la investigación y le pide que tan solo permita seguir indagando. “He localizado correos remitidos/recibidos por los investigados en el periodo temporal coincidente con las reformas legislativas investigadas en los que [Montoro] recibe información, notas, escritos y borradores cuya causa y finalidad no resultaría la colaboración con la justicia, resultando ser relativa a hitos y mandamientos en concretas causas judicializadas que afectan a datos económicos-tributarios de personas con trascendencia mediática y política”, pone por escrito García Cerdá al fiscal jefe.

En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal del caso divide los hallazgos en tres categorías: correos en los que se pasa al ministro información y datos de “periodistas, contrincantes políticos y hasta compañeros de partido”; un segundo bloque que evidencia el flujo de información a Montoro sobre “causas judicializadas” desde la Agencia Tributaria y la Oficina Antifraude (ONIF); y un tercero que explicaría actuaciones de la AEAT a expreso requerimiento del ministro de Hacienda.

Algunos de esos correos están en el sumario. Otros, consecuencia del veto de Anticorrupcción a abrir nuevas líneas de investigación, no han sido incorporados a él, al menos a los 18 tomos que han trascendido respecto a la trama con el lobby gasístico.

Entre los mensajes incorporados a la causa está uno que utiliza la fiscal para acreditar el flujo irregular de información en Hacienda y que ha trascendido: es el que su jefe de gabinete dirige a Montoro para tenerle al tanto de la investigación a Josep Piqué, antiguo compañero suyo en el Gabinete de José María Aznar.

También están los referentes al uso privilegiado de información de la Agencia Tributaria sobre el caso de la caja B del PP y cómo la cúpula de Hacienda se concertó para presentar al juez Ruz la tesis de que el PP no había cometido delito fiscal.

De entre los mensajes que no se conocían está el que reveló el viernes elDiario.es respecto al intento de Montoro y su equipo por dar cobertura legal a la publicación de datos de contribuyentes que, según ellos, hubieran manchado el buen nombre de la Agencia Tributaria.

También aparecen otros que salieron a la luz por una investigación de El Periódico en 2023, mientras se producía el enfrentamiento en el seno de Anticorrupción. En uno de ellos, el ministro es advertido de que al día siguiente Vigilancia Aduanera, dependiente de su Ministerio, va a realizar unos registros por orden judicial en la Diputación de Lugo, en manos del PP, dentro del caso Pokémon.

“Considero que los hechos son muy graves. Junto a otros delitos que puede haber cometido la trama es claro que los investigados no podían trasladar al ministro la información que conocían a través de los auxilios judiciales nombrados en la causa. Como fiscales que somos, me cuesta que lleguemos a tener algún tipo de duda sobre este extremo”, lamenta García Cerdá en el escrito que le remite a Luzón.

Luzón: “En el ejercicio legítimo de sus cargos”

El fiscal jefe de Anticorrupción responde García Cerdá en un escrito firmado el 21 de julio de 2023. “Los correos revelan que el ministro habría estado al tanto de determinados pormenores de la actuación de la Agencia en algunos relevantes procedimientos en los que esta intervenía. No consta correo o información alguna que ponga de manifiesto que el contenido y documentación a la que se refieren los correos hayan salido del ámbito de conocimiento de los sujetos que aparecen como transmisores y receptores de aquellos”, dice el fiscal jefe.

García Cerdá cree que, de forma indiciaria, pueden haberse cometido cuatro delitos: de revelación de secretos, de aprovechamiento de secreto por el particular, de encubrimiento y de obstrucción a la justicia. Alejandro Luzón lo niega. Afirma que “la mayor parte de los correos que se analizan” no proceden de “ficheros automatizados o en otro tipo de archivo o registro público”, lo que resulta necesario para acusar por revelación de secretos. Además, alega que no hay “apoderamiento, utilización o modificación” del material, como marca el Código Penal, y que los correos proceden de las tareas de “auxilio judicial” que realizan los inspectores de Hacienda para un juzgado.

El director de la Agencia Tributaria o el propio ministro, alegaba Luzón en su respuesta a la fiscal, tienen derecho a acceder a esa información en “ejercicio legítimo” de sus cargos. Por último, dice, la revelación de secretos requiere de que se haya producido un perjuicio que, ni siquiera de forma indiciaria, han sufrido las personas a las que se refiere la información de los correos.

El pasado jueves trascendió la decisión del juez acerca de este enfrentamiento en Anticorrupción. El magistrado ha rechazado la personación del periodista Javier Chicote, de Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero o Esperanza Aguirre acerca de la utilización de Montoro de sus datos fiscales para perjudicarles. Lo hace en sendos autos en los que asume los argumentos de Alejandro Luzón, sin que haya podido valorar los que presentaba la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, por el veto interno en Anticorrupción. Los afectados aún pueden recurrir a la Audiencia Provincial para intentar abrir esa línea de investigación sobre la brigada fiscal.

Carmen García Cerdá había vivido en el pasado otros enfrentamientos con Luzón a cuenta del caso Púnica, pero nunca se había atrevido a invocar la herramienta del artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite reunir a todos los fiscales de la especialidad para juzgar las posturas enfrentadas y votar.

La junta se celebró el 26 de septiembre de 2023. Las dos intervenciones más relevantes fueron la de la fiscal del caso y el jefe de Anticorrupción, que expusieron los argumentos que antes ya se habían intercambiado en privado. Intervinieron otros fiscales, como el propio Antonio Romeral, o compañeros de García Cerdá que respaldaron su criterio, caso de la reputada fiscal del caso Gürtel, Concepción Sabadell.

La votación arrojó un resultado claro: la mayoría de los fiscales Anticorrupción se alinearon con su jefe, sumando 18 votos, y solo cinco, incluido el de García Cerdá votó a favor de abrir una pieza separada con la que investigar la brigada fiscal de Montoro. Esa junta de fiscales que ganó Luzón ha resultado clave a la postre para no investigar los correos. El juez Rus cita en sus últimos autos las conclusiones para rechazar abrir la línea de investigación de los correos.

Expediente a la investigadora

Tras la junta se produjo un hecho que acabó con García Cerdá expedientada. Pese a la orden de sus superiores y a la votación en la junta de fiscales, la fiscal del caso Montoro telefoneó el 25 de octubre de 2023 al inspector jefe de la División de Anticorrupción de los Mossos para instarle a que ellos, como policía judicial, solicitaran al juez lo que a ella le negaban sus superiores, pedir el volcado del correo de Montoro.

El mando de los Mossos dijo que sin el respaldo de la Fiscalía ellos no pedirían ninguna diligencia, a lo que Carmen García Cerdá respondió con que la Agencia Tributaria había dictado tres informes en los que solicitaban el volcado del correo de Montoro.

En el seno de la Fiscalía Anticorrupción hay una unidad adscrita de la Guardia Civil, como la hay de la Agencia Tributaria, que en el caso de los uniformados manda un comandante perteneciente al Departamento anticorrupción que dirige el teniente coronel Antonio Balas, célebre por ser también el responsable de la investigación del caso Cerdán. El mando de los Mossos contó al comandante adscrito a Anticorrupción lo que le había pedido García Cerdá y el guardia civil corrió a contárselo a Luzón.

En ese momento, Luzón promovió un expediente por falta grave a Carmen García Cerdá por haberle desobedecido. La instrucción del mismo acabó con una sanción por esa falta grave que implicó el pago de una multa de 1.000 euros por la fiscal del caso Montoro. Esa sanción iba firmada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La fiscal recurrió por la vía contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo, que terminó por confirmar la sanción.

Los obstáculos a la investigación de la jefatura de Anticorrupción se extendieron a la parte de la causa que sigue adelante, la corrupción con las gasísticas. El teniente fiscal, Antonio Romeral, pidió que se levantara el secreto de las actuaciones el 8 de abril de 2022, si bien en ese caso no consiguió el respaldo del juez ni de la instancia superior. Alegaba Romeral que ya se habían recabado los indicios necesarios y que Montoro y los demás podían acceder a las actuaciones. Todavía estaban pendientes informes policiales. Alguno de ellos ha sido entregado al juzgado en 2025.