La universidad pública frente a los chiringuitos académicos

La universidad pública sufre una campaña de acoso por parte de numerosos gobiernos autonómicos, liderada por la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y a la que se ha sumado con entusiasmo Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía. Los gobiernos del Partido Popular llevan años infrafinanciando la universidad pública y favoreciendo la apertura de centros privados, muchos de ellos auténticos chiringuitos académicos que venden títulos. De hecho, en Madrid existen 14 universidades privadas frente a las seis públicas, a las que se lleva años asfixiando económicamente. A pesar de ser una de las regiones más ricas del país es la que menos invierte por alumno en la educación pública.

La situación de la Universidad Complutense es dramática. Cualquier día ocurre una desgracia en alguna facultad por la lamentable situación de las instalaciones: edificios mal climatizados, sin calefacción, radiadores que no funcionan, ventanas y persianas rotas, sin aires acondicionados o estropeados sine die y cortes de luz.

En el Consejo de Gobierno del 15 de julio pasado se aprobó la petición de un crédito de 34,6 millones de euros, con un interés del 2,8% de interés a devolver en cinco años, para poder pagar a proveedores. La operación se ha llevado a cabo con gran opacidad y no se ha informado si el crédito lo dará una entidad bancaria o la propia Comunidad. Tampoco se ha explicado qué ocurrirá si no pueden devolverlo: ¿se quedará alguna entidad bancaria con el campus histórico de la Ciudad Universitaria?

Es indignante y vergonzoso que la institución que debe garantizar la viabilidad económica de la universidad pública fuerce a solicitar un crédito ante la gravedad de las finanzas de la Universidad Complutense. Esta noticia, que arroja dudas sobre la viabilidad de la universidad pública más grande del país, ha pasado desapercibida pese a ser un auténtico escándalo. Los recortes del 35% ya han repercutido en el funcionamiento de la Complutense: se ha reducido la contratación de personal, no se financian los grupos de investigación, se han recortado las descargas por sexenios de investigación a los profesores – olvidando que la investigación es una tarea crucial en los docentes universitarios–, se han reducido los desplazamientos en las prácticas, se ha suspendido el préstamo interbibliotecario y se compran menos libros. El déficit presupuestario no financiero de la UCM fue de 77,8 millones de euros en el ejercicio 2024. Y todavía podemos ir a peor cuando conozcamos el contenido íntegro de la Ley de Universidades que prepara la Comunidad de Madrid.

Para más inri me entero por la prensa que la diputada en el Congreso por el Partido Popular Noelia Núñez González no sólo ha falseado su currículo, en el que señalaba haber cursado tres grados, sino que era profesora en una universidad privada. Esta concejala en Fuenlabrada y exdiputada en la Asamblea de Madrid daba clases en Ciencias Políticas en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que tiene un campus en Madrid. Este es el nivel de las universidades privadas: colocan a profesores que no sólo no son doctores, sino que no tienen ni una titulación académica superior. Ni se han molestado en pedirle el título de unos estudios que primero habría cursado en la Universidad Central de Missouri y luego en la Universidad Complutense de Madrid, una supuesta confusión que se atribuyó con desfachatez a la coincidencia de las siglas. El centro, cuyo nombre responde al primer obispo de Guatemala, ha intentado minimizar la polémica afirmando que solo imparte clases en titulaciones con validez en Guatemala, no en España. Luego ha desmentido que Noelia Núñez fuera profesora del centro, pese a que aparecía en la web entre el claustro de profesores. Este centro fue autorizado por la Comunidad de Madrid con un informe negativo del Ministerio de Universidades del propio PP dos años después de que el exconsejero Javier Fernández Lasquetty fuera nombrado vicerrector de la universidad guatemalteca. El mismo que dimitió de consejero de Sanidad tras tumbar la justicia su plan privatizador del servicio sanitario madrileño.

La colusión entre estos centros y los intereses políticos e ideológicos son evidentes. La “Marro”, como es conocida, cuenta entre sus profesores con Juan Manuel Rallo, gurú económico del PP y Vox y firme partidario de aplicar la motosierra de Milei en el Estado. Y en su listado de doctores honoris causa se encuentra José María Aznar. Es bastante elocuente el hecho de que la universidad naciera en Guatemala a principios de los años 70 como epicentro del neoliberalismo en América Latina y que uno de sus doctorados honoris causa se lo concediera al economista Milton Friedman, el cerebro del despiadado tsunami neoliberal que tantos estragos causó en los años 70 y 80 en la región.

El PP de Madrid fomenta este tipo de centros y chiringuitos académicos al mismo tiempo que desprecia y maltrata económicamente a las universidades públicas. Es la marca de la casa. Concibe la educación como un negocio para aquellos que puedan permitírselo. Para elites. Lo que mantiene el nivel de la universidad pública en Madrid es su profesorado, muy cualificado y superior al que tienen estos centros privados. Ese es su capital, junto con todo el personal de administración y servicios.

Hemos conocido también que hace unas semanas la Junta de Andalucía vetó dos grados de Ingeniería Biomédica e Inteligencia Artificial en las universidades públicas de Jaén y Granada, mientras han sido concedidos a las privadas Loyola (Córdoba) y Alfonso X El Sabio (Málaga). El precio para estudiar la titulación de Inteligencia Artificial ascenderá hasta los 11.500 euros por curso en los centros privados, 46.000 euros por los cuatro años que dura la carrera. De este modo sólo los hijos de los pudientes podrán cursar en Andalucía estos estudios. En realidad, son centros de segregación social, no educativos.

Estas actuaciones no son casuales. Responden a un plan premeditado para liquidar la universidad pública, mientras proliferan como hongos centros que no reúnen las mínimas garantías de calidad, donde se compran los títulos, donde las elites tejen redes sociales para perpetuarse en el poder. Cada vez más políticos, para engrosar sus currículos, obtienen títulos en establecimientos que no tienen suficiente nivel académico. Muchos cargos se han formado desde la infancia sin pisar un centro público en su vida, de modo que ni conocen ni les interesan las necesidades de la educación pública.

El caso de Noelia Núñez debería servirnos para redoblar la lucha por la universidad pública. Antes de que sea demasiado tarde.