Los peligros de ser ‘policía de aguas’: amenazas, vandalismo y una carga de trabajo «desproporcionada»

Policía de aguas. Es la función que realizan los Servicios de Vigilancia y Control del Dominio Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con tareas que tienen un objetivo en común: garantizar la conservación del recurso y también su correcto uso. Dos de estos agentes del organismo nacional denunciaron haber recibido amenazas de muerte en Tomelloso. Uno de los afectados había sufrido ya un ataque similar, en 2020, cuando su vehículo amaneció con las ruedas pinchadas y vandalizado con pintadas de las letras ‘HP’ en el capó.

“Por suerte, no se trata de un hecho recurrente”, valoran desde la Confederación. Desde el organismo sí conceden que el servicio actualmente es “claramente deficitario”, ya que en la zona del Alto Guadiana hay destinadas “únicamente” veinte personas al servicio, lo que provoca una carga de trabajo “desproporcionada”. Desde la misma Confederación explican que cada agente “debe cubrir más de 1.000 kilómetros cuadrados” y controlar también unos 2.000 pozos legales. En general, se trata de funciones de control y supervisión orientadas a preservar el buen estado del dominio público hidráulico y sus áreas de influencia.

Esto no incluye otras partes de su labor, que es vigilar los pozos ilegales, captaciones en cauce y su vigilancia, así como el monitoreo de las zonas protegidas, la detección de vertidos, la toma de datos piezométricos, y otras funciones. En el caso concreto del Guadiana, el personal suele desempeñar sus tareas de manera individual. No obstante, determinadas actuaciones —como la manipulación de contadores, las inspecciones en fincas conflictivas, las inspecciones nocturnas o el acceso a zonas especialmente difíciles— se realizan, al menos, en pareja, por seguridad y también eficacia operativa, destacan.

Coche de un agente medioambiental de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, vandalizado en 2020

El personal que se dedica a estas tareas vive en lugares que determina su puesto de trabajo, localizado en el territorio correspondiente, lo que hace “inviable” un cambio de funciones sin modificar la localidad de residencia, incluso cuando son amenazados o sufren algún tipo de agresión. En el caso concreto de los hechos ocurridos en Tomelloso, las visitas de seguimiento que se hayan de hacer a esta finca y zona se realizarán en coordinación y cooperación con el SEPRONA, destacan desde la Confederación, que agradece el “magnífico apoyo” que ofrece a la Confederación.

Desde la Confederación advierten de que no se puede “criminalizar a un colectivo”, que en este caso sería el de los agricultores, solo por las “acciones de un determinado individuo”.

“Es muy grave y no se puede consentir”

Rafael Ubaldo Gosálvez lamenta que los agentes, la ‘policía de aguas’, lleva “muchos años en el punto de mira de energúmenos que se creen con el derecho de tomarse una supuesta justicia por su mano”. El profesor de Geografía Física en la Universidad de Castilla-La Mancha es también miembro del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y lamenta que lo que hoy es una amenaza o un pinchazo en una rueda, “puede llegar a ser una agresión física”.

“Es muy grave y no se puede consentir”, asevera Gosálvez. Por eso, ha exigido a la Confederación y a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “no consientan bajo ningún concepto ningún tipo de amenaza”.

Por otro lado, también ha querido advertir a la Junta de Comunidades que “tienen que dejar de prometer lo que no se puede prometer”, como consideran que es la futura regularización de pozos. “El problema no está solo en los ilegales”, resalta, ya que hay también maniobras irregulares en los pozos legales, como la “manipulación de los caudalímetros”. Son hechos que la propia Confederación ha denunciado en más de una ocasión

Para el experto, organizaciones agrarias como ASAJA o UPA “también deben ponerse del lado de estos agentes amenazados”. “Es preocupante que la labor del funcionario público se pueda poner en riesgo por estas situaciones de tensión que hay en el medio rural por el regadío”, lamenta. “La realidad es que los acuíferos siguen sobreexplotados, las entradas de agua puntuales son un espejismo en los que nos gusta recrearnos, y vemos como dicen que ‘ya se han salvado las Tablas’. No, para nada”, zanja.

“Nosotros somos de la opinión que el único trasvase que permitiríamos sería del regadío manchego a las Tablas. Y eso significaría dejar de regar. ¿Quién está dispuesto políticamente a aceptar la reducción a la mitad del regadío en la Mancha? Nadie. Mientras tanto, amenazas a los agentes, destrucción de humedades y expolio de los acuíferos”, concluye el experto.