El ‘caso Quorum’ o cuando un centro de protección de menores deja de serlo: »Los encierran y les pegan con una cadena de hierro»

Ese día fueron a clase “sin pegar ojo”. Un cargador de móvil desapareció la noche anterior y, como castigo, los trabajadores del centro dejaron a los menores sin dormir hasta encontrar al que lo había cogido. Este episodio tuvo lugar en 2024 en el centro de menores migrantes de la playa del Cabrón, en Arinaga. Así lo relataron algunos jóvenes a una asociación de Gran Canaria, que en febrero dio traslado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo de estos testimonios. Estos jóvenes, que viven en Canarias sin familia y en situación de vulnerabilidad, también describieron -de forma anónima para evitar represalias- palizas, golpes, amenazas y castigos desproporcionados. La semana pasada, y en el marco de una operación que investiga malos tratos a menores migrantes, la Justicia ordenó el cierre de este centro.

En dos meses, el Juzgado piloto de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado el desalojo de dos centros de menores migrantes en Gran Canaria: Fortaleza I, también conocido como Bandama, y el centro de la playa del Cabrón, en Arinaga. Los dos eran gestionados por la asociación Quorum Social 77, una de las que más dinero público recibe para ofrecer este servicio. Según el Gobierno regional, el cierre del centro de Arinaga, ordenado por el magistrado Tomás Martín, forma parte de la investigación iniciada con Fortaleza I.

Once trabajadores, entre ellos la presidenta de la entidad, han sido detenidos en el marco de una investigación sobre posibles delitos de lesiones, odio, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución. El cierre de los centros se ha ejecutado en mayo y julio, pero las advertencias de los jóvenes acerca de posibles malos tratos en ellos empezaron mucho antes. En febrero, la asociación El Taller La Isleta presentó ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo un escrito que recogía varios testimonios de jóvenes que vivieron en los centros ahora clausurados.

“El educador me pegó porque estaba ayudando con la comida que llegaba del catering. Se me cayó una de las bandejas porque pesaba mucho, y sin querer le golpeé con ella. Me dio un cachetón, no era motivo, yo soy muy tranquilo y nunca me meto en problemas”, describe uno de los testimonios recogidos en la denuncia.

Otro joven narra cómo tres trabajadores “pegaron a un chico en la planta 3”. “Alguien grabó un vídeo de la paliza y lo amenazaron, que si no lo borraba le rompían el teléfono y le pegaban”, puede leerse en el escrito. Quorum Social gestiona 27 centros de menores en Canarias, donde conviven 1.925 personas, el 35% de todos los jóvenes migrantes tutelados por la comunidad autónoma en la actualidad, 5.484.

Al comienzo de la legislatura, la entidad dirigía 18 centros en las islas. Durante la emergencia declarada por el aumento de menores sin familia llegados a las islas el Gobierno de Canarias abrió once centros más dirigidos por la ONG, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Protección a la Infancia. Canarias lleva en esta situación de emergencia cinco años. El Ejecutivo la declaró en 2020, la amplió en 2023 y en febrero de 2025 la volvió a prorrogar.

Preguntada por la posibilidad de zanjar los contratos con Quorum Social, desde la Consejería de Bienestar Social responden que “mientras que el juzgado no diga que el maltrato era estructural, una consigna de la organización, no tenemos ningún argumento legal” para rescindir los acuerdos con esta asociación. “Hay un secreto de sumario y, por el momento, solo podemos suponer que las intervenciones y los cierres están basados en las denuncias previas contra trabajadores concretos”, añaden.

Sobre si tenían constancia de lo que ocurría en Arinaga antes de la intervención de la Justicia y acerca de si se hizo alguna inspección, desde el área han remitido a las declaraciones que se hicieron tras el cierre de Fortaleza I, al ser este caso »una ampliación» del anterior. »Es ahí donde se dieron las denuncias como ya explicamos en su momento. No ha habido más denuncias para investigación, ninguna que tenga que ver con Arinaga, este cierre lo ha decretado el Juzgado como parte de esa investigación inicial. Si hubiese habido otra nueva, sería otro procedimiento», aclaran.

Tras el cierre de Bandama, la Dirección General explicó que, cuando se tiene constancia de una posible vulneración de derechos de los menores, se da traslado »de inmediato» al Juzgado para que se investigue. La responsable del departamento, Sandra Rodríguez, explicó entonces que en estos casos se requiere a la entidad respnosable »restaurar la normal convivencia» e incluso apartar de manera cautelar a los trabajadores »ante situaciones de una falta de buen trato hacia los menores».

En esta línea, aseguran que el Gobierno de Canarias tiene “un plan de contingencia” por si hubiera que cerrar estos recursos donde son acogidos cerca de 2.000 menores. Sin embargo, desde la Consejería no han querido detallar en qué consiste. Por el momento, los 148 menores alojados en el centro de Arinaga fueron reubicados el mismo día del cierre en 21 recursos diferentes de Gran Canaria. Cuando comience el curso, algunos de ellos tendrán que cambiar también el centro en el que estaban escolarizados hasta ahora. “Se mirará cada uno de los casos”, aseguran.

Ir a Fortaleza I, una amenaza

En la denuncia elaborada por el centro social de La Isleta, los menores que pasaron por Arinaga cuentan que Fortaleza I era una especie de centro de castigo. Los educadores les amenazaban con ser trasladados allí si tenían mal comportamiento, y les decían que en Bandama “los encierran en el baño, les pegan con una cadena de hierro y con un palo”. Fuera del edificio principal, según el escrito, había un baño donde los chicos eran aislados y castigados cuando hacían algo mal. “Muchas veces dejan a los jóvenes sancionados hasta tres días encerrados en el baño”.

El 19 de mayo, la Policía Autonómica de Canarias registró el centro de menores y detuvo a nueve empleados del recurso. Ese día, el Juzgado procedió al precinto del recurso ante “las numerosas evidencias y testimonios recibidos” sobre la presunta comisión en el interior de delitos de odio y lesiones contra los menores.

Las denuncias sobre malos tratos en centros de Quorum se extienden también a Tenerife, donde la entidad gestiona dos polémicos macrocentros: Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, y Mycity, en Puerto de la Cruz. “Yo no hablo con los educadores porque a la mínima ya hay problemas. Suelen meterse con nosotros de forma bruta y si le siguen la bola, se enfadan y les pegan”, contó un menor acogido en uno de estos centros a este periódico en julio de 2024.

“En lugar de un centro de menores parece un centro de castigo”, contó a este periódico un menor sobre el recurso de Puerto de la Cruz. Al igual que contaron los jóvenes acogidos en Bandama, los de este centro de Tenerife también hablaban del “quinto piso” como una zona de aislamiento. “Les suben la comida, pero les retiran el móvil y están totalmente incomunicados”, aseguraron. Este periódico ha intentado sin éxito conocer la versión de la entidad.