El Gobierno da forma al texto que regulará el trabajo de los menores, la IA y la coordinación de intimidad en la Cultura

La ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha presentado este lunes el Real Decreto que regulará la relación laboral de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Una relación laboral que bebe de una norma de 1985 y que ya fue modificada en 2022 para incorporar a los técnicos del sector cultural. Ahora suma el trabajo de los menores, la Inteligencia Artificial y la participación obligatoria de la figura del coordinador de intimidad. La norma entrará, según fuentes ministeriales, “pronto” a consulta pública, antes de pasar por el Consejo de Ministros.

Estos tres puntos se añadieron al desarrollo del Estatuto del Artista el pasado mes de febrero, después de que el Ministerio de Cultura y de Trabajo y Economía Social se reunieran con representantes de las artes escénicas, audiovisuales y musicales para avanzar en el desarrollo del texto; que sigue siendo una de las grandes demandas del sector cultural desde que en 2018 fuera aprobado por unanimidad en el Congreso. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha defendido que se trata de una reforma laboral para el mundo de la Cultura, una “herramienta jurídica para actualizar los derechos” de los creadores y técnicos del país, cuya cifra supera las 720.000 personas.

Será la primera vez que se regule legalmente la participación de menores en actividades artísticas y su autorización, estableciendo reglas claras y únicas para todo el territorio, evitando abusos y competencia desleal entre empresas. “Hoy no vemos a niños y niñas en las fábricas, pero a los que lo hacen desde sus habitaciones, en Instagram, en publicidad”, ha señalado sobre los menores que “participan en la industria cultural sin los derechos que el resto de trabajadores de España”.

Para paliar este contexto, se excluye el fenómeno del trabajo en casa o autónomo. Es decir, solo se va a permitir el trabajo por cuenta ajena. A partir de ahora, tendrá que haber siempre una empresa que permita y sirva de vehículo que se responsabilice y que permita que los menores puedan ser formados en las escuelas, tengan tiempo de ocio y que se respeten los horarios. “Se acabó el trabajo infantil disfrazado de libertad”, ha asegurado Díaz.

La “selva” de la IA

“La regulación de la IA ha sido hasta ahora como una especie de ave rapiña, la ‘Ley de la selva’, un mundo sin normas”, ha lamentado Díaz sobre el “vacío que muchos han aprovechado para hacer negocio” y que esperan cubrir con el Real Decreto. “Vuestro talento se ha convertido en un archivo que se puede copiar y pegar, y esto se tiene que acabar”, ha sostenido, “la IA no puede suplantar a las personas. No podemos convertir la creación en una mercancía sin derechos”. Los derechos de propiedad intelectual frente a la IA se incorporan así a la legislación, reconociendo el derecho a una contraprestación expresa y diferenciada de otras remuneraciones en este concepto.

La imagen y/o voz de las personas artistas, así como el resto de los resultados de la actividad contratada, tales como la obra musical o escrita, las interpretaciones o ejecuciones artísticas no formarán parte de los contratos; ni tampoco su uso por parte de las empresas o su cesión a terceros para replicarlas o generarlas mediante sistemas de IA generativa. De ahí a que solo podrá producirse cuando exista acuerdo expreso formalizado por escrito. “No podemos permitir que la Cultura se reduzca a algoritmos o a un dato”, ha concluido en torno a este punto la ministra de Trabajo y Economía Social.

La coordinación de intimidad, obligatoria

La figura del coordinador de intimidad tendrá que estar presente tanto en la preparación como en los rodajes de cualquier escena íntima, que “va a proteger límites y consentimiento, así como velar por la actividad física y emocional de la persona que actúa”. “No va a depender de la buena voluntad de nadie”, ha asegurado Díaz.

“Sé que este Estatuto llega muy tarde, pero llega por fin”, ha reconocido sobre la norma que entrará próximamente en consulta pública. Treinta días después de que se abra este plazo, pasará por el Consejo de Ministros.