La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de cárcel para la pareja de Ayuso en el caso de fraude fiscal

La Abogacía del Estado pide una pena de tres años y nueve meses de cárcel para Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por defraudar más de 350.000 euros usando facturas falsas. En su escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es, el representante de la Agencia Tributaria en la causa atribuye dos delitos de fraude fiscal al empresario en concurso con otro más de falsedad documental. “Era plenamente consciente de la falta de realidad de las facturas”, dice la Abogacía sobre González Amador, que actuó así “con el ánimo de escapar la tributación correspondiente”.

La forma que tuvo el empresario a la hora de tributar el dinero que ganó durante la pandemia haciendo de intermediario en compraventa de mascarillas, añade la Abogacía del Estado, “responde a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación”.

Tal y como reveló en exclusiva este periódico, la Fiscalía denunció a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid hace más de un año bajo una acusación: defraudar más de 350.000 euros en su Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 usando facturas falsas para endosar gastos ficticios a su empresa. Una manera de reducir drásticamente la factura fiscal de los dos años de pandemia en los que ganó varios millones de euros como comisionista en operaciones de compraventa de material sanitario.

La Abogacía del Estado entiende que debe ser condenado a un año y nueve meses de cárcel por los 155.000 euros que supuestamente defraudó en 2020, y dos años más por los 293.927,11 euros que dejó de pagar a Hacienda en 2021. La petición es idéntica a la que realizó hace unos días la Fiscalía por los mismos delitos. González Amador ya ha sido procesado en este caso de fraude fiscal y está investigado en otra pieza por corrupción en los negocios y administración desleal por la compra de una sociedad a la esposa de un directivo del grupo Quirón, algo que la Fiscalía considera un posible “soborno”.

La representación de Hacienda acusa en su escrito a Alberto González Amador de actuar “mendazmente” con el “ánimo de procurarse un ahorro fiscal ilícito ante la perspectiva de tener que ingresar importantes cantidades al Erario Público”. Su empresa Maxwell Cremona era una pantalla ya que “carecía de toda estructura societaria que permitiera diferenciarla de su socio único” y las investigaciones de la Agencia Tributaria han podido acreditar, añade, “que los datos declarados no eran acordes a la realidad”.