Más de 30.000 euros por una plaza: el mercado negro de las permutas de la Policía Local de València

“Descripción: se denuncia (…) ofrecimiento por parte de policía local en situación cercana a su jubilación de permutar su puesto con agente de la policía local de otro municipio cercano a cambio de 27.500 euros”. El mercado de las permutas entre las plantillas de la policía local es un secreto a voces. El sistema es, grosso modo, el siguiente: un agente en una ciudad, que percibe mejor salario, intercambia su plaza con otro del mismo rango de un municipio de menor tamaño, que gana la posibilidad de progresar en el Cuerpo y obtener mejores condiciones laborales. Para compensar la pérdida retributiva, el agente A recibe una contraprestación del agente B. En este zoco, ajeno a los controles administrativos, la ciudad de València se lleva la palma.

El entrecomillado que encabeza este artículo procede de una resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, el ente que vela por la prevención de la corrupción. Se refiere a una denuncia interpuesta en 2022 sobre presuntas irregularidades entre un agente de la Policía Local de Beniparrell y otro de València. El agente de la capital se jubiló muy poco después de que sendas administraciones autorizaran el intercambio. Es uno de los pocos casos que se han llegado a investigar, aunque dadas las limitaciones procesales del organismo público, ha quedado en una cuestión administrativa.

Recibir un pago por aceptar cambiar la plaza es una práctica común en las plantillas. Agentes y mandos confirman a elDiario.es que existe un auténtico mercado con los puestos, especialmente en agentes próximos a la jubilación o con algún conflicto en su municipio de origen. Todas las fuentes consultadas prefieren mantener el anonimato, y todas conocen a alguien que ha reconocido pagar o cobrar por cambiar de localidad. Son las rara avis las que denuncian esta mala praxis que se ha instaurado en la última década. Alguien descubrió el negocio y lo puso en marcha, comentan. Es el mercado.

Las permutas son un derecho que tienen recogidos los funcionarios para cambiar de lugar de trabajo y que tienen sentido en cuestiones de conciliación o por proximidad familiar. En la última década, se ha abierto la veda para el negocio, confirman estas fuentes, que indican que se ha convertido en “un coladero”. Han llegado hasta agentes expedientados en sus municipios de origen, que no podían portar arma, sin que ello formara parte del informe que avala el cambio o se comunicara a sus superiores.

Los requisitos de las permutas de la Policía Local en la Comunitat Valenciana también están regulados por ley. Entre ellos, se establece que los agentes deban estar al menos un año en servicio activo y que no haya una diferencia de edad superior a cinco años entre permutados. Estos supuestos hace tiempo que dejaron de vigilarse, apuntan estas fuentes, que ven como llegan policías que superan con creces ese margen. La investigación de Antifraude constata que el agente de Valencia que cambió a Beniparrell se jubiló “inmediatamente”. Las permutas también requieren de un informe del Servicio de Personal del municipio de origen y otro del de destino que avalen el cambio del funcionario, y que el consistorio haga cumplir la ley. Que vele por que el funcionario que recibe esté en activo un año. Para cambiar de municipio ya existen las plazas de movilidad, que sí se ofertan por convocatoria pública, y llevan un proceso más transparente. Al menos, puede ser auditado, recurrido y con garantías.

La cotización, como si se tratara de una subasta o acciones en bolsa, aumenta a medida que lo hace el rango del funcionario público. En la capital valenciana se han llegado a abonar hasta 40.000 euros por obtener un puesto, apuntan estas fuentes. Un agente en un municipio pequeño apenas percibe 1.500 euros netos al mes, mientras que en la capital son, al menos, 2.000. Un oficial de policía en València ronda los 45.000 euros, un intendente los 60.000 euros y un comisario -segundo escalón del Cuerpo- ronda los 70.000 euros anuales en la capital, entre los mejor pagados junto a Benidorm, Elche, Alicante o Castellón. Las posibilidades de mejora laboral, tanto por el salario como por la cantidad de plazas en liza en los procesos internos son sustanciales. Oferta y demanda. En Valencia hay 15 plazas de comisario creadas -solo la mitad están cubiertas- y casi el doble de intendentes; aumentan a medida que desciende el rango, como una pirámide. Por ley, debe haber X mandos por cada X habitantes. Un municipio de gran tamaño ofrece mejores perspectivas para los agentes. Los sindicatos llegaron a plantear que no se pudieran realizar entre mandos, porque suponían un menoscabo para la competencia. Así, las fuentes consultadas por elDiario.es plantean: ¿Por qué un agente renunciaría a un sueldo más elevado -en ocasiones, el doble- y a los incentivos de jubilación que se dan en los grandes municipios para irse a uno de menor tamaño, sin arraigo?

La Agencia Valenciana Antifraude abrió dos investigaciones por un acuerdo entre el Ayuntamiento de València y el de Beniparrell por el que, presuntamente, un agente paga a otro la cantidad citada para obtener su plaza. El procedimiento se inició a raíz de una denuncia en 2022, reiterada en 2023, que manifestó que “se va a producir una compensación económica entre los funcionarios para que uno de ellos acceda a la tramitación de la permuta”, que se autorizó al año siguiente. En el inicio de investigación, la entidad que vela por la ética en la Administración Pública apreció “presunto fraude de ley que se presupone al menoscabar el acceso a la función pública por turno libre o movilidad al resto de aspirantes”. Con ello, se puso de manifiesto lo injusto del sistema en la función pública y la falta de control de las administraciones.

Antifraude no pudo demostrar el pago por la plaza al necesitar autorización judicial para intervenir las comunicaciones, y una serie de pesquisas que escapan a su competencia, y procedió a finalizar el expediente: la agencia valenciana no puede realizar actuaciones que corresponden a la Fiscalía y al juzgado. Pero en la segunda investigación sí apreció causas de nulidad del acuerdo, que trasladó a los consistorios. Las permutas de València llevan desde el inicio de la investigación paralizadas. El mercadeo denunciado las ha puesto en cuarentena.