Catalunya rebaja la ambición climática de los expertos en sus primeros presupuestos de carbono

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes sus primeros presupuestos de carbono, una herramienta pensada como acicate para conseguir una reducción de emisiones que cumplan con los objetivos climáticos. Sin embargo, el plan avalado por el Ejecutivo recorta la propuesta presentada por el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, nombrado por el Parlament, quien había propuesto como meta una bajada del 69% en 2035, es decir, un 8% anual. El presupuestos aprobado, en cambio, fija 2030 como año de referencia y se compromete con una reducción del 31%, lo que supone un ritmo de desaceleración más bajo, de en torno al 6,2%.

Los presupuestos de carbono son una herramienta que nació con la ley catalana de cambio climático de 2017, que recoge esta figura, además de la crecación del comité de expertos. Son estos los que primero deben plantear una propuesta, que finalmente el Ejecutivo avala o modifica. En el informe remitido en abril pasado, este grupo reclamaba que, para 2035, las emisiones de gases contaminantes deberían ser de un máximo de 403 megatoneladas de CO2 (o equivalentes en CH4, NO2 y gases fluorados) para cumplir con los Acuerdos de París y la neutralidad climática en 2050.

Tomando 2030 como año de referencia, entre la propuesta de los expertos y la del Govern hay una diferencia de más de 10 puntos porcentuales en reducción de las emisiones, lo que obliga al Ejecutivo a explicar por qué rebaja la ambición.

Este lunes la consellera de Territorio, Silvia Paneque, justificó los cambios debido a que el Ejecutivo “evitar poner en riesgo la competividad de algunos sectores”. La responsable indició, además, que mientras los expertos ponían el foco en la justifica climática, su departamento ha optado por ceñirse a los objetivos climáticos europeos.

Según el documento presentado por el Departamento de Territorio, el transporte y la industria serían los sectores que deberían hacer más exfuerzos en la transición ecológica, pero ambos diferirán del límite que imponían los expertos. En concreto, el sector industrial deberá reducir sus emisiones en un 33%, el mismo límite reclamado por la UE, pero que queda lejos del 51% que reclamabó el docuento del Comité.

Algo similar ocurre en el transporte, sector al que se le marca como objetivo reducir un 19% las emisiones en 2030, también dentro de los límites europeos, pero que resulta mucho menor de lo apuntado por en la propuesta de los expertos, que requerían una reducción del 32%. Desde el Govern opinan que en este momento no disponen de las infraestructuras necesarias para canalizar el transporte de mercancias hacia el sector ferroviario, algo que sí esperan poder hacer cuando mejoren las conexiones con el puerto de Barcelona o se acabe el corredor mediterráneo.

¿Qué pasa con la agricultura y la ganadería, que son uno de los principales sectores emisores? Los expertos reclamaban un recorte del 33%, pero el Govern aún da más manga ancha al considerar que, si bien puede reclamarse una reducción a las instalaciones grandes, para los minifundios esto supondría ahogarlos, por lo que lo deja en el 22%.

En los ámbitos que sí creen poder cumplir con los objetivos marcados con el Comité son el residencial, donde apuestan por incentivos económicos para el abandono paulatino del gas en favor de sistemas térmicos basados en la electricidad, como la aerotermia, y en el sector de los residuos, donde el Govern se compromete a que la mitad de los vertederos públicos desparecerán para 2030.