El bulo de Miguel Ángel Rodríguez que se convirtió en un juicio del fiscal general

La historia que culminará en el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comienza con un mensaje de cuatro palabras: “Haz lo que veas”. Es lo que dijo Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid. Al menos, ese fue su testimonio en el Tribunal Supremo para intentar negar haber dado permiso a Rodríguez a divulgar las comunicaciones de su abogado con el fiscal que llevaba su caso por fraude fiscal en febrero de 2024. Fue un desmentido bastante flojo. Dejar a alguien como MAR que haga lo que quiera es como dar vía libre a un depredador de la sabana ante un grupo de apetitosos herbívoros.

Rodríguez lo vio y lo tuvo claro. Había que construir una historia en que Amador fuera una víctima de una siniestra operación del Gobierno –con lo que Díaz Ayuso era otra víctima– y que la Fiscalía era un peón en esos manejos. Objetivamente, esto último suponía un desprestigio evidente para la reputación de la acusación pública al prestarse a colaborar o aceptar esa intromisión política. Una vez que elDiario.es informó a primera hora del 12 de marzo de 2024 de que la Fiscalía investigaba a Amador después de que la Agencia Tributaria descubriera sus presuntos delitos fiscales por un montante (350.000 euros) que era superior al que la ley marca para considerarlo delito, en la Presidencia de la Comunidad de Madrid tenían que moverse rápido.

Un día después, el Gobierno de Madrid celebró su consejo de gobierno en Leganés. En la rueda de prensa posterior, Ayuso afirmó que su novio era víctima de una “inspección fiscal salvaje y sacada de quicio”, que se trataba de una operación de “todos los poderes del Estado” y que él era inocente porque no sólo no debía dinero a Hacienda, sino que era al revés, Hacienda le debía a él. “Sánchez busca mi destrucción personal”, dijo.

Lo que había comenzado como una inspección fiscal en la Agencia Tributaria al detectarse claros signos de delito y que por imperativo legal había pasado luego a manos de la Fiscalía se convertía en un elemento más de la estrategia política de Ayuso y de su colaborador más directo.

Por la tarde de ese día, Rodríguez se ocupó de poner una base que pretendía ser sólida bajo las palabras de su jefa. Para fundamentar la denuncia de conspiración, difundió entre un grupo de periodistas la historia (falsa) de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Amador, pero que, tras recibir “órdenes de arriba”, había retirado la oferta con lo que irían a juicio. Así acaba el mensaje: “Es la Fiscalía la que ofrece el acuerdo, en principio. Después, recibe órdenes ”de arriba“ y retira la propuesta de acuerdo… todo sucio”.

La información de que era el fiscal quien había hecho la oferta apareció en El Mundo por la noche, junto al contenido de uno de los emails intercambiados entre abogado defensor y fiscal. El mensaje transmitido por MAR era que el fiscal aceptaba negociar con el abogado de Amador y se remitía a futuros contactos.

Era una manipulación que no tardó mucho tiempo en desvelarse, aunque no carecía de habilidad. Cualquier información parece más consistente si cuenta con un soporte documental. La trampa era elegir ese email, y no uno anterior en que era el abogado el que proponía un pacto a la Fiscalía, porque “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

Fue en ese momento cuando la Fiscalía General del Estado, por órdenes de García Ortiz, se movilizó para desmentir el bulo que varios medios de derecha estaban publicando alentados o quizá engañados por Rodríguez. García Ortiz reclamó a sus subordinados los documentos del caso con el fin de establecer la verdad de los hechos y además “ganar el relato” ante la opinión pública. La expresión “ganar el relato” fue utilizada después por Ángel Hurtado, juez instructor del caso en el Tribunal Supremo.

El magistrado indicó que el fiscal general había actuado siguiendo “indicaciones” de Moncloa, una observación que apareció en muchos titulares. Es una afirmación de la que no tenía ninguna prueba. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que confirmó el procesamiento del fiscal general, certifica esto último en su auto del martes: “Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”.

García Ortiz se había metido en un terreno jurídico peligroso. El artículo 417 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que “revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”.

Díaz Ayuso y Rodríguez en un desayuno informativo en Madrid en 2023.

Después de ocho meses de instrucción, el juez Hurtado no ha encontrado ninguna prueba que demuestre que García Ortiz hizo llegar el correo a los medios antes de su publicación, un hecho que respalda el juez Andrés Palomo de la Sala de Apelaciones del Supremo en su voto particular discrepante. Sí cuenta con indicios que el Supremo ha aceptado como suficientes para llevar al fiscal general al banquillo de los acusados en lo que será un momento sin precedentes en la historia de esta democracia. La Sala Segunda del Supremo deberá tener claro que las pruebas escuchadas en la vista son tan sólidas como para condenar al acusado por encima de su presunción de inocencia.

De momento, la Sala de Apelación de esa Sala Segunda sostiene que hubo “una actuación coordinada e impulsada personalmente” por García Ortiz para revelar datos de Amador.

El juez instructor del Supremo ha desdeñado los testimonios de periodistas de varios medios que declararon haber tenido la información sobre los mensajes entre abogado y fiscal antes de que la Fiscalía General difundiera su comunicado. Incluso le comunicaron al juez instructor que su fuente no había sido el fiscal general. José Precedo, director adjunto de este diario, testificó que tuvo conocimiento del correo del abogado del 2 de febrero siete días antes de que llegara a manos de García Ortiz. El juez ignoró por completo estas declaraciones, porque los periodistas se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes, con lo que habían perdido toda credibilidad para él. Todo por ejercer un derecho reconocido por la Constitución.

La acusación intentará demostrar que García Ortiz reveló personalmente un secreto que por lo demás era conocido por al menos veinte personas en la Fiscalía y por periodistas de varios medios.

Un secreto que también quedó un tanto quebrantado cuando la existencia de esas negociaciones entre ambas partes –en realidad, aún no iniciadas en detalle– fue dada a conocer gracias a la intervención del propio acusado, ya que Amador había dado vía libre a Rodríguez para que lo utilizara políticamente. El propio jefe de gabinete de Ayuso confirmó en el Supremo con un triple ‘sí’ cuando la Abogacía del Estado le preguntó si Amador “le autorizó para difundir el correo electrónico”.

Sólo podía ser políticamente. Tratándose del jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, y con una amplia experiencia a su espalda para utilizar y/o presionar a los medios, ya podía suponer que no la iba a emplear por ejemplo para recibir el mejor asesoramiento jurídico posible.

A los periodistas que recibieron su información el 13 de marzo, no debió de extrañarles demasiado que les llegaran sus mensajes en el móvil. Era el MAR de toda la vida ocupándose de sus cosas, intentando que algunos periodistas contaran la versión de los hechos que más le interesaba a él y a su jefa. Una versión que era falsa.