El comisionado del Gobierno para la dana niega irregularidades en su título y anuncia estar «dispuesto a emprender acciones legales»

El comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel Batalla, ha negado este lunes cualquier irregularidad en la consecución de su título para convertirse en funcionario. Lo hace después de conocer a través de los medios de comunicación que la Fiscalía Anticorrupción investiga si falsificó el diploma.

“Quiero manifestar que resulta del todo sorprendente el haber tenido conocimiento de la existencia de una supuesta investigación y expediente de la Agencia Antifraude a través de un medio de comunicación, sin haber recibido ninguna notificación formal o informal ni mucho menos habérseme requerido en el que entiendo sería preceptivo trámite de audiencia en el curso de una investigación, cercenando de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad, la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad”, asegura al final de un comunicado Batalla.

“Creo que es nuestro deber condenar esta utilización política de instituciones como la Agencia Antifraude para dañar la reputación y el buen nombre de personas que como en mi caso llevamos más de 40 años de servicio público”, añade.

Las explicaciones

En el escrito, acompañado de varios documentos anexos citados, Batalla comienza explicando su ingreso en la Función Pública. Siempre según su versión, su vinculación con la Diputación de Valencia se remonta al año 1981, cuando accedió a un puesto en el Archivo General de la Diputación de Valencia, como contratado laboral en categoría de auxiliar administrativo. “Esa plaza la obtuve tras la superación del correspondiente proceso selectivo, Concurso-Oposición libre, cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 7 de agosto de 1982, y el extracto de la convocatoria fue publicado en el BOE el 18 de septiembre de 1982”, explica, aportando el documento de las bases. “Los requisitos formativos para poder presentarse a esta convocatoria (base Segunda) eran estar en posesión del título de enseñanza media, bachillerato o equivalente. Adicionalmente, y según lo establecido en la base Novena se podían presentar méritos entre los cuales figuraban titulación complementaria a la exigida”, añade. “En virtud de esto, y tal como se refleja en la instancia presentada por mí para tomar parte en el proceso y registrada ante la Diputación de Valencia el 23 de octubre de 1982 , el documento que presenté para acreditar el cumplimiento de requisito académico fue el Título de Bachiller Superior, expedido por la Universidad de Valencia en 1981”.

Batalla señala que también aportó una copia de los títulos de cinco cursos y formaciones complementarias, además del título de valenciano y acreditación de experiencia previa en la función pública y de colaboraciones en publicaciones. “El 23 de marzo de 1983 el Tribunal calificador del Concurso oposición libre para provisión de tres plazas de auxiliares técnicos de archivo y biblioteca, finalizados los tres ejercicios del proceso y valorados los méritos, eleva propuesta de nombramiento en favor de mi persona por ser uno de los dos únicos aspirantes que ha superado el proceso selectivo”.

Y respecto a su promoción como ayudante técnico de archivos y bibliotecas, informa de que el 27 de diciembre de 1984, el Pleno de la Diputación de Valencia, acuerda “efectuar convocatoria para proveer tres plazas de nueva creación, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 4 de noviembre de 1977, por el que se dictan normas para la integración en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de los actuales funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos”.

“Dichas plazas se catalogaban como de ”Técnico Medio“, lo que equivale al actual grupo A2 de la administración, siendo el requisito para integrarse en ellas, según se establecía en la propia Orden Ministerial de 1977, además de pertenecer al Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, ”la superación de las pruebas selectivas y de formación que se establecieran“”, explica en el comunicado. “Las bases de la convocatoria para las ”pruebas selectivas restringidas“ (por cuanto a ellas solo se podían presentar quienes ya formaran parte del Cuerpo de Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de la Diputación de Valencia) se aprobaron en Comisión de Gobierno del 8 de febrero de 1985 y fueron publicadas en el BOP nº 60 del 12 de marzo de 1985”, señala, aportando el documento de las bases.

“Como se puede comprobar”, continúa, “los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito. Un proceso que superé satisfactoriamente y que concluyó con mi nombramiento y toma de posesión el 11 abril de 1986”, concluye.

Antifraude elaboró un informe el pasado mayo donde indica que el secretario autonómico de Emergencias en la Generalitat Valenciana entregó una fotocopia de una diplomatura que no acabó para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de València en 1985. Fuentes de su entorno niegan la acusación y apuntan que aportó la documentación que las bases de la convocatoria pública requerían en su momento. El hombre fuerte del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA no ha recibido ningún requerimiento por la investigación, indican estas fuentes, que apuntan a una persecución política.