La hermana de Cerdán recibió 22.000 euros de Servinabar, empresa clave en el presunto amaño de obras públicas

La Hacienda de Navarra ha informado al magistrado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo de que Belén Cerdán, la hermana del que fuera exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cobró 22.200,84 euros de Servinabar, empresa que habría recibido una serie de adjudicaciones de obra pública que están siendo investigadas. Así se desprende de la documentación de la Hacienda Foral de Navarra, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ya está en disposición del magistrado Leopoldo Puente. El instructor solicitó, en concreto, la información tributaria de Santos Cerdán, de Servinabar 2000 y de Joseba Antxón Alonso, administrador de la misma y vinculado con el exsocialista.

En concreto, y según lo revelado por el propio Alonso en su declaración como investigado del pasado 7 de julio, ambos llegaron a compartir piso en Madrid. En uno de los audios que constan en el sumario de la causa se puede escuchar como el exasesor ministerial Koldo García se quejaba de que Alonso y Cerdán estaban en Madrid “de fiesta en fiesta gastándose la pasta”. Es en la declaración anual de operaciones con terceras personas donde figura que la hermana de Santos, María Belén, percibió un total de 22.200,84 de esta empresa. Actualmente, ésta figura como concejala del PSN en el municipio navarro de Milagro, según recoge Europa Press.

Cabe destacar que la Guardia Civil localizó en un registro un contrato privado de compraventa hallado donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de Servinabar, la empresa que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros. En su declaración en el Supremo, Alonso desligó a Cerdán de ese contrato, asegurando que el mismo fue una suerte de borrador que se elaboró en 2015, cuando Cerdán se planteó dejar la política por los malos resultados cosechados por el PSN en Navarra. Ambos realizaron ese documento estableciendo las que serían las condiciones, pero ese papel nunca llegó a tener validez porque el socialista decidió continuar en política, según sostuvo.

La Fiscalía Anticorrupción señala a la empresa como “una sociedad creada ‘ad hoc’ para lucrarse” con la obra de Mina Muga y “otras venideras” en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona “sin que conste ninguna contribución precisa a ellas”.

La UTE con Acciona

Entre la documentación remitida al instructor de la causa se encuentra el índice de actividad notarial de Servinabar, en el que se detalla que Alonso actuó como representante único de la empresa en las operaciones de constitución de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en los proyectos que realizaron con Acciona y de los que resultaron adjudicatarios. Entre ellos figuran las obras de adecuación del Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la obra de los túneles de Belate y la construcción de viviendas de protección oficial en Egües, en Navarra. En su declaración en el Supremo, Alonso defendió que decidió acudir en UTE a petición de la propia Acciona, y que esa fórmula —la de combinar una compañía grande con una local— es muy utilizada. El empresario defendió la legalidad de las citadas obras, asegurando que todas ellas han sido auditadas.

En ese mismo índice de actividad de la compañía también aparece como interviniente o como apoderado el que fuera delegado de Acciona en Navarra Fernando Merino, que declaró precisamente el mismo día que Alonso en el Supremo, donde negó haber pagado mordidas por obra pública. Merino explicó que el ‘modus operandi’ era aliarse con empresas locales porque de otra manera era difícil, para compañías de corte nacional, conseguir obras en País Vasco y Navarra. “Era condición necesaria”, llegó a afirmar.

En la documentación también destacan transferencias por un total de 68.970 euros de Servinabar al que fuera secretario general de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Oscar Arizcuren Pola. En concreto, aparecen tres pagos: de 32.670 euros, de 29.040 euros y de 7.260 euros. Fue el pasado 20 de junio, cuando el instructor de la causa imputó a Cerdán, el día en que autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar su patrimonio. Tras recibir esta documentación, el magistrado insiste y pide a los agentes un “análisis pormenorizado” de la misma.

Entre la documentación remitida, la Hacienda Navarra advierte al instructor de que Joseba Antxón Alonso consta como contribuyente de la Hacienda de Bizkaia. “Por este motivo, la información existente en la base de datos de la Hacienda Foral de Navarra es limitada, muy posiblemente de carácter parcial y únicamente referida a situaciones relacionadas con contribuyentes navarros”, indica. Por eso insta a que remita la petición de información que contenía su mandamiento judicial con los mismos términos a la referida Hacienda de Bizkaia, para obtener los datos restantes.