El Ayuntamiento de València rechaza revisar la permuta entre policías cuestionada por Antifraude tras la denuncia de un «mercado» de plazas

El Ayuntamiento de València no revisará la permuta entre dos agentes de la Policía Local investigada por la Agencia Antifraude. El equipo de gobierno de María José Catalá rechaza emprender acciones sobre el acuerdo municipal después de que el organismo autonómico apreciara irregularidades en el intercambio de dos plazas de funcionarios de policía de Beniparrell y la capital. La Agencia Valenciana Antifraude instó a ambos consistorios a revisar los acuerdos de gobierno que autorizaron la permuta, que requiere de un informe de los responsables de Policía de cada municipio, y consideró que eran nulos porque no se cumplían los requisitos para validarla. Durante la instrucción del expediente, que surgió de una denuncia por la ‘venta’ de la plaza en la capital por 27.500 euros, Antifraude apuntó a tres posibles delitos.

El organismo que lucha contra el fraude y la corrupción apuntó en sus conclusiones provisionales que podría darse un fraude de ley y subrayó la existencia de un “mercado opaco” entre partes, un posible delito fiscal y otro de falsedad en documento oficial. Indicó además que las dos administraciones deberían “haber comprobado el cumplimiento de los requisitos objetivos” para las permutas, que son un derecho de los funcionarios. Tras un buen rapapolvo del Ayuntamiento de València en sus alegaciones, la resolución concluyó con tres recomendaciones; entre ellas, recordar que existe una ley que regula estas cuestiones y que las permutas se deben justificar. El servicio de Empleo público de València, que presentó el escrito, rechazó entrar a analizar el supuesto pago por el cambio de plaza: alegó que el intercambio monetario, de haberse producido, sería “un supuesto hecho que supuestamente se ha producido entre particulares” y consideró que se vulneraba la presunción de inocencia de los dos policías. De hecho, el Ayuntamiento argumentó que ni siquiera le incumbe determinar por qué un funcionario cambia de plaza: “la Administración es un agente externo a todo ello, limitándose solo a autorizar o no la misma de manera discrecional”, apuntaron los servicios administrativos en las alegaciones presentadas.

La cuestión, sin embargo, no quedó ahí. Uno de los agentes tenía 60 años en el momento de la permuta, en diciembre de 2023, y se jubiló “inmediatamente” después de tomar posesión en el nuevo municipio, y el otro había obtenido una permuta cuatro años antes, dos cuestiones suficientes como para anular el acuerdo. Entre los requisitos para que se autoricen estos intercambios entre funcionarios está no haber participado en una permuta en los últimos 10 años y mantenerse un año en activo después del traslado. De hecho, los funcionarios de ambas administraciones deberían velar por que se cumplieran estos aspectos, como aprecia la investigación de Antifraude. Este hecho es uno de los supuestos que ha sobrevivido en el informe de la Agencia, que indica en su resolución que los acuerdos entre el municipio de l’Horta Sud y València deberían declararse nulos.

La Agencia, que realizó una investigación durante un año en la que pidió informes a la Generalitat Valenciana y al Consell Jurídic Consultiu, resolvió la cuestión el pasado marzo y envió sus conclusiones a los ayuntamientos de ambos municipios. El expediente insta a “recomendar a los Ayuntamientos de València y Beniparrell que valoren la instrucción del oportuno procedimiento de revisión de oficio de los acuerdos adoptados por los respectivos municipios para acordar la permuta” entre ambos agentes, y, en el futuro, argumentar por qué se autorizan. En teoría, según la ley de Policías Locales, las permutas entre agente deben justificarse con un informe de Jefatura y autorizarse por alcaldía. En la práctica, según relatan fuentes del Cuerpo a elDiario.es, los informes son superficiales y se han ‘colado’ agentes expedientados en otros municipios sin que ello constara.

La Junta de Gobierno local del pasado 25 de abril de València descartó esta revisión, cuestionando, de nuevo, la interpretación que Antifraude hace de las leyes que regulan a los funcionarios. Las consideraciones de Antifraude, dice el Ayuntamiento, “no revisten la consideración de vicios susceptibles de determinar la nulidad de pleno derecho del acto y por lo tanto, no procede la iniciación de expediente de revisión del mismo”. ¿Y por qué el Ayuntamiento considera que no debe analizarse? Por una compleja maraña de leyes, decretos y reglamentos que regulan la función pública en la Comunitat Valenciana y los cuerpos de Policía Local del territorio. En todo caso, resume el consistorio, si se incumple algo es un reglamento, y no es suficiente para revisar el procedimiento.

A renglón seguido, el Ayuntamiento de València asume que deberá incluir expresamente la obligación de cumplir con los requisitos previstos en el decreto que regula las permutas, como dos de los supuestos que se han dado en este caso. El decreto de movilidad de funcionarios valencianos subraya que “No podrá autorizarse la permuta en los siguientes supuestos: a) Cuando ya se hubiera autorizado otra en favor de las mismas personas en los diez años anteriores” y que “el personal funcionario deberá permanecer un mínimo de un año en el puesto de trabajo obtenido por permuta”. Los dos se incumplen en el caso denunciado. Tras un año de investigación, la paralización de las permutas, numerosas alertas en antifraude y varios informes jurídicos, no habrá cambios en el sistema.