El Supremo amaga ahora con apartar al fiscal general de su cargo antes del juicio

La causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se encuentra a las puertas de juicio con una nueva incógnita para el Tribunal Supremo: si el juez Ángel Hurtado puede suspender cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. El instructor del caso ha dado tres días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de medidas urgentes de una de las acusaciones que él mismo rechazó el pasado mes de noviembre. Un movimiento en la línea de lo que el Partido Popular pide desde hace un año: que Álvaro García Ortiz dimita.

La Sala de Apelaciones definió hace unos días cómo será el juicio por la publicación en prensa de la confesión de fraude fiscal de Alberto González Amador. Los jueces, con un voto en contra que apostaba por archivar el caso entre críticas a Hurtado por ignorar los indicios que hacían imposible pensar que García Ortiz hubiera sido el primero en difundir datos confidenciales, confirmaron el procesamiento del fiscal general, pero corrigieron al instructor y dejaron a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, fuera de la causa por falta de pruebas. Solo queda un trámite antes de poner fecha al juicio: que Hurtado firme el auto de apertura de juicio oral.

Una petición de las acusaciones ha abierto la puerta a una nueva situación inédita en una causa judicial ya de por sí plagada de cosas nunca vista en los tribunales españoles. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con un representante en el Consejo Fiscal, beligerante contra el fiscal general y defendida por el fiscal en excedencia José Antonio Frago, ha pedido al juez que, nada más abrir juicio oral, suspenda cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

Esta asociación tuvo como portavoz a Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo ahora jubilado que ha solicitado en decenas de ocasiones la dimisión de García Ortiz y que llegó a testificar ante el juez Hurtado. En ese momento, la APIF intentó impulsar una línea de investigación para saber si el fiscal general había manipulado su teléfono móvil con la teniente fiscal del Supremo durante los registros de la Guardia Civil. Las actas demostraron que para cuando Viada afirmó haber visto al fiscal general con su teléfono en la mano, la UCO ya se lo había devuelto.

No es la primera ocasión en la que Hurtado se encuentra frente a esta petición de medidas urgentes. El pasado mes de octubre, pocos días después de que el Supremo abriera las diligencias recién llegadas entonces del Tribunal Superior de Madrid, tanto la APIF como el pseudo sindicato Manos Limpias solicitaron lo mismo. En ese caso, alegaron que García Ortiz no podía seguir en el puesto y ser el superior jerárquico de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que iba a representar al Ministerio Público en la causa.

Las dudas sobre el nuevo debate, que surge con el procesamiento ya firme del fiscal general y a la espera de la más que previsible apertura de juicio oral, no son las mismas que había entonces. Hurtado despachó la petición con una negativa basada, sobre todo, en que existía un “compromiso de abstención” por parte del propio fiscal general, que había dejado por escrito varias veces que no usaría su puesto para intervenir en el procedimiento. Además, añadía, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde tenía la capacidad de evitarlo y él, en cualquier caso, no era el competente para decidirlo.

“No corresponde a este instructor acordar la suspensión cautelar interesada. Si esto es así para los miembros de la carrera fiscal, con más razón no se acordará esa suspensión”, dijo entonces. Estos argumentos se repiten en la nueva petición y está por ver si Hurtado les da la misma respuesta que entonces.

La nueva petición amplía las incógnitas, pero muchas tuvieron respuesta en ese primer auto de noviembre. El reglamento del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general podrá cesar a un fiscal cuando se abra juicio oral contra él. Un primer bache será dilucidar si el fiscal general del Estado es considerado o no parte del Ministerio Público y si, por tanto, se le aplica el reglamento. También si, al existir una normativa propia, el juez Hurtado o cualquier otro juez puede imponer algún tipo de medida cautelar cuando todo es un procedimiento interno de la Fiscalía. Hasta ahora, el magistrado ha dicho que no.

Un fiscal en servicios especiales

El reglamento del Ministerio Fiscal tiene un artículo dedicado específicamente a explicar cuándo un fiscal podrá ser suspendido de forma cautelar. Y cita de forma expresa: “Cuando se dicte auto de apertura de juicio oral por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”. La decisión la debe tomar “la persona titular de la Fiscalía General” dando audiencia al imputado y también al Consejo Fiscal.

La primera duda es si, precisamente, Álvaro García Ortiz es un miembro del Ministerio Fiscal a quien se pueda aplicar este reglamento. Fiscal desde finales de los años 90, García Ortiz está en servicios especiales desde septiembre de 2022, cuando fue nombrado fiscal general por primera vez. Como sucede, por ejemplo, cuando un fiscal entra en la Fiscalía Europea.

Esto, según apuntan fuentes de la Fiscalía, supone un primer obstáculo para que Hurtado pueda aplicar por su cuenta el reglamento al caso de García Ortiz, ya que está en servicios especiales y no forma, al menos ahora mismo, parte de la carrera fiscal aunque sea su máximo responsable. Además de entender que se trata, en todo caso, de un procedimiento interno de la Fiscalía.

La APIF, que ha llegado a pedir más años de cárcel para el fiscal general que la pareja de Ayuso, entiende, sin embargo, que no hay “ninguna duda” de que García Ortiz es considerado “cualquier miembro del Ministerio Fiscal”. Y cree que debe ser Hurtado el que firme su suspensión cautelar porque esa decisión “no puede delegarse” en otros fiscales. La teniente fiscal del Supremo, número dos en el organismo, “no es imparcial” según esta asociación y tampoco lo es el fiscal jefe de Inspección.

Peticiones de dimisión del PP

Hurtado dejó varias cosas claras cuando rechazó la primera petición de las acusaciones de suspender cautelarmente al fiscal general. El proceso debía seguir los cauces del reglamento interno del Ministerio Fiscal, no cualquier otra ley supletoria del Poder Judicial, y la posible influencia de García Ortiz sobre sus subordinados tampoco es motivo para apartarle de su puesto. Y él no es el indicado: “No corresponde a este instructor acordar la suspensión cautelar interesada”, dijo entonces.

El movimiento del juez de pedir su posición a las partes tras la petición de APIF ha hecho saltar las alarmas en la Fiscalía. El pasado mes de noviembre, el juez rechazó la primera solicitud de suspensión sin dar traslado a las partes –aunque la Abogacía del Estado presentó alegaciones sin que se le pidieran– y ahora, sin embargo, Hurtado ha comunicado la petición de APIF a acusaciones y defensas para que informen de su posición en tres días. La decisión, por tanto, podría llegar a lo largo del mes de agosto, antes del acto de apertura del año judicial en septiembre.

El movimiento en el Tribunal Supremo llega también en plena ofensiva del Partido Popular para que Álvaro García Ortiz dimita. Una exigencia que los de Alberto Núñez Feijóo llevan haciendo desde hace más de un año por la causa de fraude fiscal contra González Amador, pero también por la posición de la Fiscalía sobre la amnistía o la anulación del ascenso de Dolores Delgado. Que García Ortiz esté fuera de la Fiscalía General constituye, desde hace un tiempo, una prioridad de la oposición que la conservadora Asociación de Fiscales también ha impulsado en el Consejo Fiscal.

El caso contra García Ortiz, ya sin la fiscal provincial de Madrid en el banquillo, está, por tanto, solo a la espera de que Hurtado, una vez solvente la petición de suspensión cautelar, abra juicio oral contra él y el Supremo ponga fecha al propio juicio. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido que sea exonerado mientras que las acusaciones, plagadas de partidos y grupos de extrema derecha, pero encabezadas por Alberto González Amador, han pedido condenas que oscilan entre los cuatro y los seis años de cárcel para él.