La jueza andorrana que imputó a Rajoy por la Operación Catalunya vuelve a reclamar la colaboración que España le negó

La causa judicial andorrana sobre la Operación Catalunya se reactiva. La magistrada del principado que imputó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de varios altos mandos policiales, ha acordado volver a requerir la colaboración de la Justicia española que le fue negado hace un año.

En sendas providencias, a las que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Stéphanie Garcia vuelve a poner en marcha un caso que estaba en vía muerta después de que la Audiencia de Madrid tumbara las primeras comisiones rogatorias enviadas desde el principado al considerar que no cumplían “los requisitos de forma” que exige la ley, tal y como habían alegado el expresidente y los exministros.

La Audiencia de Madrid consideró que la primera comisión rogatoria (el documento de solicitud de cooperación judicial entre países) no concretaba una exposición sumaria de los hechos y tampoco una descripción individualizada de los hechos que se imputaban a los exmandatarios españoles.

La jueza andorrana responde ahora con una nueva resolución en la que acuerda “complementar” la solicitud enviada a España en 2022 con “una exposición clara y detallada de los hechos investigados y la participación de los querellados de forma individualizada”. En España los jueces han tumbado la mayoría de querellas de los afectados por la Operación Catalunya y la única condena firme es al exjefe policial Eugenio Pino por adulterar el caso Pujol.

Las querellas que propiciaron la imputación de Rajoy y el resto de presuntos responsables de la brigada política fueron puestas hace casi cinco años en Andorra, de un lado por el lnstitut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets, y de otro, por Higini Cierco, exmáximo accionista de la BPA.

Los escritos versan sobre una presunta operación, en una doble vertiente política y policial, y de supuestas coacciones al Gobierno del principado para obtener los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas que resultaron inexistentes.

En una resolución de 2022, la magistrada citó los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario.

Los querellantes consideran que a la operación parapolicial le acompañó otra de alto nivel político entre los gobiernos de Andorra y España. La jueza ha acordado, para el próximo mes de noviembre, que declaren como testigos los exmandatarios andorranos a los que IDHA y Drets imputan un papel clave en las presuntas coacciones de los líderes españoles: los ministros Jordi Cinca y Gilbert Saboya, presentes en la visita oficial que Rajoy y Montoro hicieron en enero de 2015 a Andorra. Dos meses después, la BPA sería intervenida.

La jueza también ha citado, como testigos, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al abogado José María Fuster-Fabra, que fue letrado de los Cierco y protagonista de uno de los episodios de la Operación Catalunya: en la boda de uno de sus primos en 2014, Higini Cierco terminó sentado en la misma mesa con dos comisarios de Policía, los mismos que desde hace semanas le presionan para que les entregue información sobre las cuentas de los Pujol en su banco.

Histórico defensor de policías, Fuster-Fabra es la persona que presenta hace años a dos protagonistas de la Operación Catalunya, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso. Fuentes Gago es quien conduce al exdirector de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso al despacho de Fernández Díaz. Todos estos extremos fueron relatados por el propio De Alfonso durante la grabación en el despacho del ministro.