El Consejo de Europa exige medidas a España contra los aforamientos y la corrupción policial

El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), integrado en el Consejo de Europa, constata que España ha implementado parcialmente algunas mejoras para prevenir la corrupción desde su última inspección, pero lamenta que no lo haya hecho de manera “satisfactoria” con ninguna de las 19 recomendaciones que hizo aunque 16 de ellas han sido implementadas de forma parcial. Insiste en solicitar reformas sobre aforamientos o la transparencia en torno a los asesores y los lobbies, haciendo especial hincapié en la falta de una estrategia anticorrupción en la Policía Nacional y celebrando que futuras leyes como la de Administración Abierta y otras medidas del plan de regeneración vayan por buen camino.

El GRECO empezó a hacer recomendaciones a España en materia de lucha y prevención contra la corrupción en la Administración pública, haciéndose eco entonces de los numerosos casos de corrupción que, en el caso de Gürtel, desembocaron en la moción de censura que sacó al PP de la Moncloa. La lista de 19 recomendaciones, relativas a los conflictos de intereses de altos cargos, los lobbies, las puertas giratorias, transparencia y códigos de conducta.

Este grupo afirmó a finales de 2023 que España no había aplicado “plenamente” ninguna de sus recomendaciones, lo que incluye cambios legales que lo hacen de forma parcial pero no completa, y aplicó a España un procedimiento de incumplimiento para supervisar a fondo la evolución de estas medidas cuyas conclusiones han sido conocidas este viernes. Concede que España ha implementado de forma parcial 16 de las 19 medidas, tres más que la última vez, pero ninguna de forma completa.

“España no ha implementado de forma satisfactora ninguna de las 19 recomendaciones”, critica. De ese total, 16 han sido “parcialmente implementadas” y tres “no han sido implementadas”. España, por tanto, tendrá que seguir respondiendo ante el Consejo por estas medidas y volver a informar de su desarrollo en junio de 2026, dentro de 11 meses.

El informe reconoce que algunas de las medidas que están en camino, contenidas varias de ellas en el Plan de Acción para la Democracia de 2024 como por ejemplo la Ley de Administración Abierta, aportan buenas perspectivas de cara al futuro en muchos puntos flojos del análisis, pero apunta a medidas todavía pendientes de implementar. El primer informe de incumplimiendo de 2021 apuntó a siete recomendaciones ignoradas y en este último informe el número se ha reducido a tres.

Lobbies, puertas giratorias y corrupción policial

El GRECO detecta tres recomendaciones que no se han implementado ni siquiera de forma parcial. La primera es la relativa a los asesores y su régimen de transparencia, algo que sí recoge la futura Ley de Administración Abierta pero que, recuerda el Consejo de Europa, todavía no ha sido aprobada. Pero sí destaca “positivamente” que regule de forma específica “la naturaleza política” del trabajo de los asesores y la “necesidad” de acercarlos al “régimen de prevención de la corrupción”.

Otro de los puntos sobre los que pone el foco este informe es en los aforamientos y la necesidad de que no se traduzcan en impunidad para políticos o miembros del Gobierno. Es quizás el mayor desencuentro entre el GRECO y España, ya que el Estado entiende que el aforamiento no implica ningún tipo de impunidad al juzgar y sentenciar, igualmente, a un acusado aunque sea parlamentario o miembro del Ejecutivo.

El tercer punto en el que el grupo no ve ningún tipo de avance es en el relativo a la prevención de la corrupción en la Policía Nacional. Sí ven mejoras en cuanto a la Guardia Civil pero en torno al primer cuerpo y para mejorar su “transparencia, objetividad y proporcionalidad” en su régimen disciplinario. El GRECO, como ya ha hecho en informes anteriores, lamenta “la ausencia de desarrollo en este ámbito” y que las autoridades españolas “no lo reconozcan como un problema que necesite mejorar”.

En otras medidas sí constata avances. En cuanto a la regulación de los lobbies y grupos de presión, por ejemplo, celebra que el futuro Plan de Regeneración Democrática incluya, en su fase actual, “elementos clave” como el registro de grupos de interés, la comunicación de datos de estos grupos con las administraciones territoriales y también el código de conducta y de sanciones aplicable. “Es un avance positivo y muy esperado”, aunque habla de “oportunidad perdida” en cuanto a la transparencia de las agendas.

Algo similar sucede con las puertas giratorias. Las normativas por venir, todavía pendientes de aprobar en España, “refuerzan las restricciones a las puertas giratorias”, por ejemplo prohibiendo que un político vuelva al sector privado hasta dos años después de dejar la Administración. Pero la recomendación de GRECO, recuerda el informe, es “mucho mayor”.