La Justicia europea contradice a Meloni y obliga a que los jueces supervisen las deportaciones a terceros países

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló este viernes la manera de designar un país de origen seguro en Italia siempre que pueda ser objeto de un control judicial efectivo. La sentencia se refiere al caso de dos nacionales de Bangladesh rescatados en el mar por las autoridades italianas, que fueron conducidos a un centro de internamiento en Albania, sobre la base del acuerdo entre ese país e Italia que creó centros para internar y repatriar a migrantes en el territorio albanés.

La solicitud de protección internacional de ambos ciudadanos fue examinada por las autoridades italianas en la frontera mediante el procedimiento acelerado y denegada por infundada debido a que su país de origen se consideraba “seguro”.

Hoy la corte con sede en Luxemburgo avaló que la solicitud de protección internacional de un nacional de un tercer país puede ser denegada en el marco de un procedimiento fronterizo acelerado si su país de origen ha sido designado por un Estado miembro como “seguro”.

Precisó además que esta designación puede efectuarse mediante un acto legislativo, como hace Italia, siempre que pueda ser objeto de un control judicial efectivo en cuanto al cumplimiento de los criterios materiales establecidos en la legislación comunitaria. Y agregó que ese control “debe referirse al cumplimiento de los requisitos materiales de tal designación”, que establece en el anexo de la Directiva sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de protección internacional, en particular cuando se recurre la denegación de una petición de asilo en el marco del procedimiento acelerado.

Esos requisitos incluyen el poder demostrar que no se practica la persecución, que no hay tortura ni tratos o penas inhumanos o degradantes o no existe amenaza de violencia indiscriminada en situación de conflicto armado internacional o interno.

La corte europea añadió hoy que el solicitante de asilo y el tribunal nacional que conozca el asunto deben poder acceder a las fuentes de información que fundamentaron dicha designación. No obstante, un Estado miembro no puede incluir a un país en la lista de países de origen seguros si no ofrece una protección suficiente a toda su población.

Los centros italianos en Albania

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni inauguró el pasado octubre dos centros en Albania para expulsar desde allí a los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo central sin derecho a asilo pero, tras semanas inutilizados por las trabas de la Justicia, decidió convertirlos en centros de espera a la repatriación (CPR).

La idea era destinar a los centros de Albania a los inmigrantes rescatados en el mar que no tuvieran derecho al asilo -varones sanos y procedentes de países considerados seguros- pero aunque se envió a varios grupos, el plan no llegó nunca a funcionar. Los tribunales italianos se negaron a convalidar la detención de los inmigrantes enviados a Albania y recurrieron después al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hoy se pronunció sobre este caso.

Por último, el Tribunal de Justicia precisó que, hasta la entrada en vigor de un nuevo reglamento que sustituya a la Directiva actualmente aplicable, un Estado miembro no puede designar como país de origen “seguro” a un tercer país que no cumpla, para determinadas categorías de personas, los criterios materiales de tal designación.

Protesta de Meloni

El Gobierno italiano se dijo sorprendido por la sentencia emitida este viernes ya que, criticaron, “decide delegar en cualquier juez nacional la decisión, no sobre casos individuales, sino sobre la parte de la política migratoria”.

“Una vez más, la jurisdicción, esta vez europea, reclama competencias que no le corresponden, frente a responsabilidades que son políticas. El Tribunal de Justicia de la UE decide delegar en cualquier juez nacional la decisión, no sobre casos individuales, sino sobre la parte de la política migratoria relativa a la regulación de las repatriaciones y expulsiones de los inmigrantes irregulares”, se lee en un comunicado.

En su opinión, con esta decisión, “para la identificación de los llamados países seguros, prevalece la decisión del juez nacional, basada incluso en fuentes privadas, sobre los resultados de las complejas investigaciones realizadas por los ministerios competentes y evaluadas por el Parlamento soberano”.

“Es un paso que debería preocupar a todos, incluidas las fuerzas políticas que hoy se regocijan por la sentencia, porque reduce aún más los ya limitados márgenes de autonomía de los gobiernos y los parlamentos en la orientación normativa y administrativa del fenómeno migratorio”, agregó la nota del Gobierno de Giorgia Meloni.

Asimismo considera que la decisión del Tribunal europeo “debilita las políticas de lucha contra la inmigración ilegal masiva y de defensa de las fronteras nacionales”.

“Es curioso que esto ocurra pocos meses antes de la entrada en vigor del Pacto de la UE sobre inmigración y asilo, que contiene normas más estrictas, incluso en lo que respecta a los criterios de identificación de esos países: un pacto fruto del trabajo conjunto de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea”, critican.

Y añaden: “El Gobierno italiano no dejará de buscar todas las soluciones posibles, tanto técnicas como normativas, para proteger la seguridad de los ciudadanos durante los diez meses que faltan para que entre en vigor el Pacto Europeo”: