Moreno se enreda con la financiación con su plagio al PSOE asturiano: ¿puede el PP votar en Andalucía igual que en Asturias?

“Vamos a coger la iniciativa que los socialistas han aprobado en Asturias y la vamos a traer a Andalucía para saber si los socialistas andaluces aprueban lo que los socialistas asturianos han propuesto. Para que el PSOE-A se retrate una vez más”. El pasado domingo, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, concedió una entrevista a El Mundo y respondió esto cuando le preguntaron si iba a “forzar una posición del PSOE en el Parlamento andaluz sobre la financiación singular catalana”.

Desde hace un año (desde que PSOE y ERC firmaron el pacto fiscal para Catalunya), Moreno está empeñado en “liderar” una gran ofensiva de los presidentes autonómicos contra ese acuerdo bilateral, que hace unas semanas cristalizó en la rúbrica del Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat.

En los últimos días, ha concedido dos entrevistas anunciando una especie de “entente” cordial [“no un frente”] con los barones socialistas de Asturias, Adrián Barbón, y de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, para que esa contestación autonómica contra la financiación singular de Catalunya trascienda los colores políticos, es decir, para que no sea algo exclusivo de los líderes territoriales del PP, que hoy gobiernan en 11 comunidades más Ceuta y Melilla.

Una vez amortizada la crítica feroz de García-Page contra el pacto catalán, el PSOE andaluz dirigió toda su preocupación hacia el Principado de Asturias, pero Barbón no tardó ni 24 horas en dar un portazo a Moreno. “Si el Presidente de Andalucía lo que quiere es apoyar la posición firme de Asturias en materia de financiación, lo tiene fácil: que firme la Declaración de Santiago de 2021. Y no lo hará, porque esa posición es totalmente contraria a la que ellos defienden”, le respondió a través de la red social X.

Sofocado el fuego de una hipotética foto Moreno-Barbón-Page a las puertas de la campaña electoral de las andaluzas, el PSOE de María Jesús Montero aguarda a que el PP mueva ficha y, como ha anunciado su presidente, registre en el Parlamento andaluz “la misma iniciativa que los socialistas han aprobado en Asturias”. ¿Y qué dice esa iniciativa? ¿Supone realmente un conflicto de interés, de credibilidad y de incoherencia para el PSOE andaluz votar aquí lo mismo que allí? ¿O lo supone para el PP andaluz?

En Asturias el debate sobre financiación autonómica a raíz del pacto fiscal para Catalunya es tan encendido como en Andalucía. Hace dos semanas, la Cámara legislativa del Principado dedicó dos plenos consecutivos a este asunto: en la primera sesión tumbó una proposición no de ley del PP de rechazo frontal al acuerdo catalán, y en la segunda -convocada con carácter extraordinario únicamente para abordar este asunto- se aprobó la iniciativa sobre financiación de PSOE, IU y una diputada del grupo mixto, que Moreno pretende importar a Andalucía.

Se aprobó, además, con el apoyo de los parlamentarios del PP y el de Foro de Asturias, y con el rechazo de la bancada de Vox.

Una moción sin rechazo explícito al pacto catalán

El título de la proposición no de ley, aprobada el pasado lunes por el pleno del Parlamento asturiano, es “sobre la reforma del modelo de financiación autonómica”. La resolución contiene cinco puntos y sólo el quinto menciona el pacto catalán pero, al contrario que la iniciativa del PP, no recoge un rechazo explícito al acuerdo, no valora el fondo de dicho acuerdo, y se limita a fijar la posición de Asturias en materia de financiación.

La literalidad del quinto punto dice así: “La Junta del Principado de Asturias, ante el acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat, insta al Gobierno de Asturias a: 1. Solicitar al Gobierno de España la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para, a través de una negociación multilateral, acordar las bases del nuevo modelo de financiación. 2. Rechazar, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ruptura del régimen común de financiación y cualquier modelo que privilegie a unas comunidades en detrimento de otras. 3. Utilizar todos los instrumentos necesarios, si fuera preciso para defender los intereses de Asturias”.

Este texto es mucho más aséptico que el contenido de la iniciativa del PP asturiano, al que el consejero de Hacienda de Barbón, Guillermo Peláez, reprochó por estar “más interesado en desgastar al Gobierno del Principado que en la financiación”. El texto de los populares asturianos, tumbado por la mayoría de la Cámara, recogía explícitamente el “rechazo del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Generalitat”, que tildaba de “concierto fiscal encubierto”, “intento de secesión fiscal” y una “ruptura del régimen común de financiación autonómica, quebrando los principios de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad interterritorial consagrados en la Constitución”.

De modo que el apoyo del PP de Asturias a la moción light sobre financiación redactada por los grupos de izquierdas fue interpretado desde el Ejecutivo socialista como una victoria: “El PP es consciente de que Barbón está en la defensa de los intereses de Asturias”.

Sin embargo, Moreno quiere traerse al Parlamento andaluz ese mensaje, esa encrucijada al menos, para poner “contra la espada y la pared” al PSOE de Montero, “autora intelectual” del pacto catalán, vicepresidenta primera del Gobierno y candidada del socialismo andaluz en las próximas autonómicas, que se celebrarán como muy tarde en junio de 2026.

El riesgo de esta operación, sin embargo, es igualmente electrizante para los socialistas como para los populares andaluces. Porque la moción aprobada en Asturias, con votos de PSOE y PP, fija posiciones en materia de financiación que ambos partidos suscriben o dicen suscribir -rechazo de los privilegios de unos territorios sobre otros; rechazo a la ruptura de la caja común sin denunciar, abiertamente, que el pacto catalán represente esa ruptura-.

Pero la moción asturiana también avala una reforma del modelo de financiación que choca directamente con los intereses de Andalucía, por lo que, presumiblemente, los de Moreno tendrán que purgar el texto antes de enviarlo al Parlamento andaluz.

¿El PSOE andaluz puede suscribir los tres puntos de la PNL del PSOE asturiano citados más arriba? Punto 1: Montero es quien preside y convoca el Consejo de Política Fiscal, el foro que reúne a los consejeros de Hacienda de todas las comunidades, el órgano que debe pactar multilateralmente y aprobar un nuevo modelo de financiación que sustituya al actual, caduco desde 2013. No parece que este punto suponga ningún aprieto para la ministra, que ha defendido públicamente este órgano, aunque también se ha resistido a convocarlo para abordar de frente el escollo de la financiación, a petición de los barones del PP.

Montero defiende que una negociación bilateral con Catalunya o con Andalucía -un derecho reconocido en sus Estatutos de Autonomía- “no es incompatible” con la negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal. El PSOE cree que este órgano destapa las diferencias irreconciliables entre los criterios de financiación que defienden unos territorios con otros -con independencia de su color político- pero acusa al PP, que ahora gobierna la mayoría de ellos, de no ser capaz de articular una propuesta común y llevarla al órgano multilateral de debate. “El PP no quiere pacto, porque no se aclaran entre los suyos”, dice.

La resolución que ha aprobado el Parlamento de Asturias contiene otros cuatro puntos precisamente en ese sentido, que chocan de frente con la propuesta de financiación aprobada por el Parlamento andaluz en 2018, redactada por la propia Montero (entonces consejera de Hacienda del Gobierno de Susana Díaz) y apoyada por el propio Moreno, entonces líder de la oposición.

“Adaptar el texto” a Andalucía

El PP andaluz aún no ha registrado la iniciativa asturiana y fuentes del partido aclaran que quizá no se trasponga toda la literalidad del texto, sino una “adaptación para el territorio”. Pero hay puntos enteros que difícilmente pueden “adaptarse”, porque el criterio político es diametralmente opuesto a lo que defiende Andalucía:

“Punto Segundo: La Junta General del Principado de Asturias considera imprescindible que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta las circunstancias socioeconómicas de Asturias y singularidades como el envejecimiento, la dispersión o la orografía a la hora de asegurar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad”.

Envejecimiento, dispersión geográfica y orografía son criterios a tener en cuenta en el reparto de fondos del Estado (también estaban en la PNL del PP asturiano) que pactaron en 2021 siete comunidades del norte de España (Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha), firmantes de la llamada Declaración de Santiago (2021), una alianza liderada por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Moreno, en cambio, selló otro tipo de pacto en el sur con otras comunidades infrafinanciadas [Comunidad Valenciana y Murcia], y con criterios distintos y antagónicos a los de sus homólogos del norte.

Andalucía, según la propuesta de financiación que aprobó su Parlamento con los votos de PSOE, PP, IU y Podemos, planteaba ajustar el criterio más equitativo a la población de derecho, la real, y añadía tres criterios nuevos a tener en cuenta en el reparto de fondos para gastar en sanidad, educación y políticas sociales: la tasa de paro, el número de dependientes y las personas por debajo del umbral de la pobreza.

Es alto improbable que el PP de Moreno reproduzca todos los puntos de la proposición no de ley del PSOE de Asturias que, en el punto tercero, alude explícitamente a la Declaración de Santiago. Pero quizá puede “adaptar” ese artículo y sustituirlo por una adhesión al acuerdo alcanzado en 2018 por la mayoría de fuerzas del Parlamento andaluz, ese que ahora Moreno y Montero se acusan mutuamente de traicionar [el texto también reconoce la quita de la deuda andaluza y el rechazo al dumping fiscal].

En cualquier caso, la operación del PP andaluz para retratar a su rival político ante sus contradicciones en materia de financiación, centrada en minar la credibilidad de la ministra y candidata Montero ante el pacto catalán, arrastra consigo el riesgo de abrir de sopetón un debate global del modelo territorial, que ni unos ni otros tienen consensuado en sus filas.