El Gobierno presiona con fondos y más viviendas para que las comunidades declaren zonas tensionadas

La declaración oficial de nuevas zonas tensionadas a finales de julio ha supuesto un pequeño balón de oxígeno para el Gobierno. El presidente Pedro Sánchez se refirió a la vivienda como un “asunto prioritario”, durante su balance del curso político y el Ministerio de Vivienda espera “intensificar” a la vuelta del verano las negociaciones bilaterales con las comunidades autónomas que han aceptado adherirse al nuevo Plan Estatal, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular. Este plan no es baladí, porque permite al Ejecutivo transferir cientos de millones de euros a las autonomías que acepten sus requisitos, condicionando algunas de sus políticas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya había advertido en septiembre a las comunidades autónomas “insumisas” con la Ley Estatal de Vivienda que el Ejecutivo “condicionaría la financiación” que reciben del Estado central, algo que las gobernadas por el PP habían tildado de “chantaje”. Y esa estrategia del palo y la zanahoria es la que está poniendo en práctica en los últimos meses por varios frentes: partidas extraordinarias, Plan Estatal y promoción por parte de la nueva empresa pública estatal de vivienda.

El presidente Sánchez señaló durante su intervención de este lunes que “el Plan Estatal triplica la inversión”. Según los datos del Ejecutivo pasará de 2.300 millones entre 2022 y 2025 a 7.000 para los próximos cinco años. “Hay comunidades autónomas que han mostrado su interés en sumarse a esta iniciativa. Otras, por motivos ideológicos, se han negado en redondo. En todo caso, vamos a trabajar con aquellas que quieran seguir apostando por la intervención pública”, afirmó.

En concreto, las condiciones que Sánchez trasladó en la Conferencia de Presidentes de principios de junio en Barcelona fueron las de triplicar la inversión en políticas de viviendas y aumentar la corresponsabilidad hasta el 40%; proteger de forma permanente las casas que se construyan con dinero público; y ofrecer datos oficiales de forma transparente. En ese sentido, Vivienda indica que ha mantenido “unos primeros contactos” con Euskadi, Catalunya, Navarra y Asturias, con gobiernos socialistas o en coalición, Canarias y Galicia, con o del PP.

“Nuestra voluntad es que todas (las comunidades) se puedan sumar, porque es un buen acuerdo para la ciudadanía. Los compromisos que ha reclamado el Gobierno son de sentido común y de sentido de país”, explican fuentes ministeriales, que alegan un “clamor social que pide a los poderes públicos que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar su derecho a la vivienda”. Sin embargo, otras fuentes consultadas señalan que no se han adherido al plan porque, “entre otras cosas, se desconocen los detalles mínimos exigibles para hacerlo”.

Es el caso de Aragón, por ejemplo, que afirman que “cumple con los requisitos económicos, puesto que ha más que duplicado la inversión en vivienda, la apuesta por el incremento del parque público es indubitada y se está a favor de incrementar el plazo de descalificación de VPO”. “El problema es que a estas alturas se sigue sin conocer el Plan en detalle, porque ni siquiera han pasado un borrador en las reuniones mantenidas con las direcciones generales, ni qué programas se incorporarán ni cuándo se va a convocar la conferencia sectorial entre el Ministerio y las comunidades”, indican.

Desde el Ministerio de Vivienda insistían la semana pasada en que todavía no hay ningún acuerdo cerrado. El departamento que dirige Isabel Rodríguez respondía a lo que denominaron un “bulo” del Partido Popular, que “filtró una carta dirigida a la ministra en la que la acusaban de haber anunciado un acuerdo sobre el Plan Estatal”. “Nunca hubo ningún anuncio de acuerdo, se puede consultar la hemeroteca”, señalaban estas fuentes, que sí indicaban que “se está trabajando de forma bilateral” con las comunidades que habían dicho sí a los compromisos reclamados por Sánchez.

El mapa de las zonas tensionadas

La otra gran palanca sobre la que el Ministerio de Vivienda lleva toda la legislatura intentando hacer presión son las zonas tensionadas. Lo son tanto por el efecto en los precios que el Ejecutivo afirma que produce, basándose en la experiencia de Catalunya, como por la habilitación a otras medidas extraordinarias. Con las incorporaciones de este martes al Boletín Oficial del Estado, más de ocho millones de personas viven ya en municipios con controles de precios de alquileres. Entre ellos, Barcelona, Donostia, Pamplona o Coruña, la primera ciudad en una comunidad autónoma del PP en sumarse a la medida, contra el criterio de la Xunta, pero con su visto bueno, algo que no ha sucedido en otras regiones.

Precisamente, las comunidades que han declarado zonas tensionadas lo han hecho con diferentes matices. Catalunya fue la primera que apostó por esta herramienta. Actualmente, hay 271 municipios donde, según los datos de Vivienda, los precios de los alquileres han bajado un 4,9%. En el caso de Barcelona, la ciudad más poblada bajo esta fórmula, ha sido un 8,9%. En este caso, la medida fue impulsada desde la propia Generalitat, como en Navarra. Galicia, por su parte, cedió a las peticiones de Coruña tras 20 meses de laberinto burocrático y a regañadientes. Lo hizo “en cumplimiento de la ley”, asegurando que “no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda” y rompiendo el consenso del PP.

Euskadi, por su parte, ha optado por consensuar con los municipios planes trianuales que acompañen a la declaración de zona tensionada, que pueden incluir un abanico de iniciativas, destinadas principalmente a aumentar la oferta de vivienda y proteger la demanda. “Entendemos que la limitación de precios y la intervención es necesaria, pero puede ser una medida paliativa. Nosotros queremos que los cambios sean estructurales”, señalan desde el departamento de Vivienda vasco, donde apuntan a un “proceso más artesanal, pero que apuesta por el municipalismo y la colaboración entre administraciones” y que da “seguridad jurídica”, al contar con el beneplácito de los ayuntamientos.

Euskadi pedirá la incorporación de Bilbao en septiembre

En este sentido, a las siete zonas ya publicadas en el BOE, Euskadi tiene previsto incorporar otras nueve próximamente, con las que se cubriría a más del 50% de la población vasca. Las más inmediatas serán Bilbao, que se convertiría en la segunda ciudad más poblada declarada zona tensionada, Astigarra y Usurbil, que se publicaran en el boletín autonómico previsiblemente en septiembre, para su salto al estatal en la siguiente tanda. Después irán Lezo, Hernani, Zestoa, Arrasate-Mongragón, Vitoria-Gasteiz y Tolosa, que se encuentran en diferentes fases.

Precisamente, desde el Gobierno vasco están haciendo un esfuerzo, junto a los ayuntamientos, por declarar zonas tensionadas los municipios del área metropolitana de Donostia, como Errentería, que fue la primera, Irún, Lezo, Hernani, Astigarra o Usurbil. El objetivo es blindar también a esa población expulsada de la capital de provincia, con unos precios tradicionalmente elevados, a zonas limítrofes.

El Ministerio de Vivienda confía en incorporar también próximamente a Santiago de Compostela y varias zonas de Asturias. En concreto, el Principado está en trámites para la declaración de 16 áreas, repartidas por los municipios de Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón y Cabrales.

El equipo de Isabel Rodríguez trabaja ya dando “prioridad” a las comunidades que aplican o han permitido a sus municipios aplicar este mecanismo. A finales de mayo, la ministra anunció que su departamento estaba ultimando una partida extraordinaria de 35 millones de euros para aquellas comunidades que hubieran declarado zonas tensionadas o que estuvieran en proceso de hacerlo.

La nueva empresa estatal también hará valer este criterio. De hecho, la primera promoción de 1.600 viviendas estará repartida por estos territorios y el primer paquete de 13.000 de los 40.000 inmuebles que pretenden transferirse desde la Sareb estarán en estas comunidades, además de en Valencia, para paliar los efectos de la Dana. “Vamos a empezar a completar esfuerzos con quienes están haciendo más esfuerzos”, indicaba en un entrevista con elDiario.es la directora general de Sepes, Leire Iglesias. “Entendemos que, además del control de precios, están comprometidas con un plan de actuación. Si queremos conseguir un impacto y revertir estas situaciones, tenemos que actuar desde todos los frentes”.

Entre los compromisos pendientes para el próximo curso queda la aprobación del paquete fiscal con el que el Ministerio quiere movilizar decenas de miles de viviendas vacías. El plan incorpora una subida de impuestos a los inmuebles que se encuentren desocupados y bonificaciones fiscales para los propietarios que bajen precios, algo hasta ahora limitado a las zonas tensionadas y que el Ejecutivo quiere ampliar para llegar a los rentistas con inmuebles en comunidades que se niegan a implementar la medida, para animarles a que bajen los precios.

Aunque desde el departamento de Isabel Rodríguez consideran que es “muy difícil decir que no” a esta reforma fiscal, lo cierto es que su aprobación se antoja complicada. Algunos aliados parlamentarios, como Podemos, ya han mostrado su rechazo, pero incluso el socio minoritario de la coalición, Sumar, ha puesto pegas a este plan. El partido de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha pedido al ministerio una mesa de negociación para abordar el nuevo Plan Estatal, con la vista puesta en elevar la inversión en este campo hasta el 1% del PIB, unos 16.000 millones al año —a través de los fondos Next Generation—, para la creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler asequible no descalificable.