La ‘macrogranja de los horrores’ investigada por maltrato sigue vendiendo sus huevos con sello de bienestar animal

Un mes después de que AENOR suspendiera el sello Welfair a Avícola Ballester —que opera bajo varias sociedades, una de ellas es Avícola Son Perot S.A.—, la marca de la ‘macrogranja de los horrores’ sigue vendiendo huevos de ‘gallinas camperas’ con el sello de bienestar animal en supermercados de Mallorca, según ha podido comprobar elDiario.es. Además, sigue figurando como empresa certificada en la web de Welfair.

AENOR, la entidad privada que gestiona el sello Welfair, suspendió el certificado de bienestar animal el pasado 1 de julio, como informó este diario. Al menos eso es lo que dijeron fuentes de la empresa a través de un comunicado. Cabe señalar que la explotación avícola de Llucmajor ha estado durante los últimos meses en el foco informativo a raíz de las imágenes publicadas en primicia por este diario el pasado 26 de mayo y que se hicieron virales por las condiciones de falta de higiene y suciedad extremas de su interior. Además, de las imágenes se desprendía una situación de presunto maltrato animal hacia las gallinas, denunciado por entidades animalistas.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el sello Welfair, así como con AENOR, para ponerle en conocimiento de esta nueva información, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica esta noticia. Tampoco ha respondido Avícola Son Perot, la sociedad que gestiona la granja de Llucmajor.

Estos hechos suponían, entre otras irregularidades, el incumplimiento de algunos artículos del real decreto de normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, como fue acreditado en el informe de conclusiones de la inspección. Fue el resultado de una visita realizada a la granja de Llucmajor durante la mañana posterior a la publicación de las imágenes —facilitadas por las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal— y en la que figuraron dos agentes de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural —dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural—, así como agentes del Seprona de la Guardia Civil.

En ese primer reportaje, quedó acreditado también cómo las gallinas camperas no habían tenido acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril, pese a que es obligatorio por ley. Por otro lado, las imágenes mostraron que los animales se encontraban en condiciones penosas. En esa grabación de más de tres horas, las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Por este motivo, las organizaciones alertaron de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.

Desde un primer momento —antes de los informes de las autoridades—, las asociaciones ARDE y Satya Animal ya lamentaban las irregularidades en las que operaba la empresa. “Se trata de una actividad ilegal que fue sancionada y está siendo investigada en la actualidad”, afirmaron fuentes de ARDE a este diario. Se referían al hecho de que los dueños de la granja de gallinas ponedoras habían recibido una sanción del Govern de 150.000 euros, por no tener la autorización ambiental integrada. Esto va en contra de lo que dictamina el Real Decreto Legislativo 1/2016, que delimita los requisitos a tener en cuenta en estos casos para regular la contaminación. La multa la recibieron de parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, un órgano dependiente de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat.

La granja negó la información

La empresa, en cambio, negó en todo momento la información que trasladaba este diario. “Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones”, aseguraron en un comunicado. “Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos. En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo”, indicaban.

Asimismo, aseguraban que el departamento jurídico de la empresa iba a permanecer “atento a cualquier posible publicación sobre este asunto” y que “actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa”. Añadieron, finalmente, que sus granjas habían pasado la auditoría animal de bienestar animal por parte de AENOR, la empresa certificadora, el 20 de mayo, seis días antes de la publicación de las imágenes. “Fue positiva a falta de completar documentación”, señalaron las mismas fuentes.

Mientras varias asociaciones y entidades reaccionaron pidiendo el “cierre inmediato” de la granja, el Govern de Marga Prohens (PP) aseguraba que no iba a proceder al cierre temporal. En su lugar, hizo públicas las medidas cautelares que estaban en vigor y que eran consecuencia de haber detectado incumplimientos graves anteriormente. Joan Simonet (PP), conseller de Agricultura, recordaba que la normativa establecía como límite un máximo de 40.000 gallinas ponedoras, mientras que las instalaciones avícolas tenían una autorización de hasta 130.000, pero que correspondía a la ley anterior. “Mientras tanto, estas gallinas lo que nosotros hemos dicho es que si tienen 130.000 gallinas y tienen que ser 40.000 no vamos a matar a 90.000 en un día. Entonces, se le propone a la empresa que vaya haciendo un plan de desescalada”, ha subrayado. Ese plan es el que la compañía ya ha presentado y que en un principio debería haber cumplido antes de que finalice este año, ha insistido.

Un erizo junto a una gallina.

Quejas vecinales por “olores insoportables”

Nati, quien vive en la urbanización de Tolleric —a un kilómetro de la granja—, compró la casa en la que vive en 2003. Entonces, según su relato, ya llegaban olores de la granja, pero en ningún caso como ahora. “Cuando se volvió insoportable fue a partir de 2019: pasamos de olores puntuales a que fuera insostenible”, señaló a elDiario.es. “Tenemos que cerrar puertas y ventanas para que los gases fétidos, posiblemente tóxicos, no entren en las casas”, añadió. Pep, quien vive a escasos 500 metros de la granja, afirma a este diario que no puede “comer fuera ni tampoco en la cocina”.

Son algunos de los testimonios de vecinos de los alrededores que denuncian que despiertan con el tufo y vuelven a la cama entre moscas y olor a excremento. Cuando aumentan las temperaturas, como ocurre en la actual época del año, la situación empeora para los vecinos y vecinas de estas urbanizaciones, ya que necesitan intensificar el consumo eléctrico para climatizar el ambiente —con los consiguientes gastos adicionales— para intentar reducir los malos olores.

La urbanización de Tolleric, al fondo de la macrogranja.

Unos días después de la publicación del primer reportaje llegó el primer informe del Govern que desgranaba algunas de las primeras conclusiones. En primer lugar, se verifica que las imágenes publicadas son ciertas. Así, se detectan siete faltas graves, y una leve, por lo que se propone una sanción de hasta 420.000 euros. Además, el estado de una de las seis naves se considera que se encuentra grave, por lo que se procede a su cierre. Esta consecuencia implicará también el sacrificio de casi 20.000 gallinas.

Finalmente, se fijó la multa en 200.100 euros por siete faltas graves y una leve, según constaba en el expediente sancionador. Esta sanción se puede haber reducido en un 20%, es decir, a unos 160.080 euros, en caso de que la explotación haya realizado el pago voluntario antes de la finalización de la resolución del procedimiento administrativo.

“Nos parece una sanción irrisoria, muestra de la impunidad con la que lleva operando la granja durante los últimos años”, denunció a este diario Julia Elizalde, portavoz de la entidad de protección medioambiental y animal ARDE, una de las difusoras de las espeluznantes imágenes que denuncian el estado de las gallinas. “Para una empresa que factura cerca de 30 millones de euros anualmente, 200.000 euros, al igual que cuando les pusieron la anterior de 150.000, no supone una medida disuasoria real para evitar que vuelvan a infringir la ley como han hecho desde el principio de su actividad”, lamentó. Así, Elizalde consideró que la Conselleria de Agricultura es “cómplice y responsable” de que esta granja ilegal “siga en funcionamiento”. “El cierre total es la única solución para poner fin al perjuicio que esta empresa causa en los animales, en los vecinos y potencialmente en los consumidores”, concluyó.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma abrió diligencias penales el pasado 3 de junio por la presunta comisión de un delito de maltrato animal contra la empresa avícola, como informó elDiario.es. En una resolución, a la que tuvo acceso este medio, la jueza solicitó al Seprona de la Guardia Civil que lleve a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, así como los informes completos de todas las actuaciones efectuadas en torno a la explotación avícola. La querella por un posible delito de maltrato animal fue interpuesta por Lorenzo Peñas Roldán, abogado experto en derecho penal y administrativo, en representación de la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor.

Cabe señalar que, mientras en el primer reportaje se denunció la situación de las naves de gallinas en suelo y camperas, en una segunda entrega se mostraron imágenes inéditas del interior de las naves de gallinas en jaula, grabadas durante el mismo periodo (entre el 21 y el 29 de abril). En cuanto a las similitudes, las naves de gallinas en jaula (2 y 5) presentaban un estado de suciedad extremo. Las gallinas, que estaban completamente hacinadas y amontonadas, convivían en un espacio cuya superficie estaba mayoritariamente cubierta de polvo y telarañas, desde el suelo hasta el techo, pasando por las jaulas. Las aves presentaban un aspecto peor que las gallinas de las naves camperas (3, 6, 7 —ya cerrada—) en cuanto al plumaje, las crestas caídas y la palidez. Algunas de ellas estaban completamente desplumadas, con ácaros encima de su piel.

En una de las imágenes más impactantes se veía cómo una gallina que estaba en el suelo, completamente desplumada y sola, tenía a su alrededor una cáscara de huevo rota, así como restos de plumas y de otras gallinas. En otras, se podía observar cómo hay huevos deformados o dañados, lo que, según la veterinaria María González Sola, es “clara sintomatología de afecciones en el aparato reproductor” de algunas aves. Como en el caso de las naves destinadas a las camperas, las gallinas convivían con otras muertas e incluso con cadáveres en diferentes estados de descomposición y putrefacción. Entre las diferencias con las imágenes anteriores, en esta ocasión no había ratas u otros animales, como los erizos.

Recordemos que la macrogranja disponía de seis naves —ahora cinco— con una capacidad máxima autorizada de 135.696 gallinas y un estercolero de 4.835 metros cuadrados, según consta en el proyecto presentado ante el Govern. Entre ellas, 54.672 estarían alojadas en jaulas; 63.024 bajo la categoría de camperas y 18.000 en producción de aviario. La nave 1 está destinada a las gallinas en suelo; la 2 y 5 a las aves enjauladas y las 3, 6 y 7 a las camperas, pese a que esta última fue cerrada por las condiciones graves de su interior. Cabe destacar también que la granja de Llucmajor recibió fondos europeos por valor de 381.777 euros a través del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears (2014-2020) para la construcción y adquisición de equipos para la instalación de un centro de clasificación de huevos (nave 4).

El Colegio Profesional investigará al veterinario

El Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (COVIB) también ha actuado abriendo un expediente a Jerónimo Roldán Henares, director de ganadería y veterinario de Avícola Son Perot S.A., la sociedad que gestiona la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) bajo la marca Avícola Ballester.

La apertura del procedimiento disciplinario, que estudiará si el veterinario de Avícola Ballester ha incumplido algún artículo del código deontológico de la profesión, se inició después de la solicitud de las entidades de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal al COVIB, en la que pidieran investigar las presuntas irregularidades. La apertura del procedimiento es el modo de proceder habitual del órgano colegiado, según explicaron fuentes del COVIB a este diario.

elDiario.es puso en conocimiento del veterinario, a través de un correo electrónico a la empresa, y de un mensaje al jefe de prensa, de la información que se iba a tratar. Así, se le solicitó una entrevista a Jerónimo Roldán Henares, o que en su defecto respondiera a las preguntas por escrito, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje. Tampoco se recibió una respuesta en las semanas posteriores.