Vox acusa a la jueza de la dana de vulnerar el derecho a la tutela judicial por criticar el informe de la Guardia Civil

La acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox tiene claras sus prioridades en la causa de la dana, donde se investigan 228 homicidios imprudentes por la gestión política de las inundaciones del pasado 29 de octubre. Una es atacar a la jueza de instrucción, que cada auto que redacta desmonta sus pretensiones, y la otra imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. En su recurso al ya famoso auto de la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que dejaba en evidencia el informe de la Guardia Civil sobre los avisos de Aemet y la CHJ por sesgado, Vox considera que la magistrada podría haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. En concreto, acusan a Ruiz Tobarra de actuar con “arbitrariedad”.

Sobre la postura de la jueza instructora de desmontar el informe de la policía judicial de la Comandancia de Valencia sobre la actuación de la CHJ, Vox afirma que “la negativa a investigar” al ente dependiente del Ministerio de Transición Ecológica “constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la averiguación de la verdad y a la práctica de las pruebas pertinentes, así como a un quebrantamiento de las normas procesales que rigen la instrucción penal”. Obvia la formación de extrema derecha los numerosos testigos, informes y la propia legislación autonómica estudiada y vista en la instrucción y sobre la que se apoya la magistrada en sus resoluciones, por cierto, validadas por la Audiencia Provincial de Valencia.

Vox insiste en que la jueza impute al presidente de la CHJ, Miguel Polo, y sostiene una por una las tesis del PP valenciano y la Generalitat. Esta acusación popular ejercida por la extrema derecha mantiene que hubo una “desatención del barranco del Poyo por atención al embalse de Forata”, hubo “incongruencias en la información aportada por la CHJ” y denuncia ahora que ha habido “contradicciones con peritajes previos”. Vox sostiene que Miguel Polo no actuó con diligencia el 29O y tampoco trasladó la información adecuada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Todos estos argumentos ya han sido tumbados por la Audiencia de Valencia.

Por su parte, en sus 15 folios de recurso, Vox no plantea ni un solo cuestionamiento a la actuación de la Generalitat, en estos momentos en el foco de la jueza instructora, ni tampoco sugiere ninguna actuación contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En su recurso al auto demoledor que desmontó el informe de la Guardia Civil, Vox insiste en el frente de Forata. En este caso con la gestión del desembalse. “Pudo haber también una negligencia en la operación de la presa bajo la supervisión de Polo, que contribuyó a generar una situación de pánico y desvío de atención”, alega el abogado de la ultraderecha.

Vox reclama a la Audiencia de Valencia que se realicen diligencias vinculadas al desembalse de Forata y se cite a técnicos del embalse y de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España. También reclaman las comunicaciones de la CHJ con otros organismos que consideran clave para llevar “vacíos”.

E insiste Vox en su recurso que la jueza se ha “extralimitado en la valoración probatoria anticipada” y no ha motivado suficientemente sus resoluciones.