Barcelona ha recaudado 287.000 euros en inspecciones a pisos turísticos que no pagaban los impuestos correspondientes

El Ayuntamiento de Barcelona ha recaudado 287.000 euros a raíz de una campaña de inspección a pisos turísticos y Viviendas de Uso Turístico (VUT) que no estaban pagando el Impuesto de Actividades Económicas, un tributo que deben abonar las empresas que facturen más de un millón de euros al año.

Esta recaudación es el resultado de una campaña de inspección que ha iniciado este verano el Ayuntamiento y que se alargará hasta 2028 con el objetivo de revisar los datos de 2.281 pisos y 280 VUT, gestionados por un total de 463 empresas distintas. Actualmente, la administración está centrada en un centenar de empresas que gestionan unos 1.400 pisos.

Hasta la fecha, se han iniciado 20 expedientes, que se han traducido en 46 liquidaciones que han permitido recaudar 287.000 euros. “Es una obligación de la Administración velar porque las empresas paguen los impuestos que les corresponden. Hay un volumen importante de empresas en este sector y por eso estamos en pleno proceso de regulación”, ha explicado el cuarto teniente de alcaldía y responsable del área de Economía, Jordi Valls.

El plan está pensado para ser desplegado en tres fases. La actual se alargará hasta 2026 y se centrará en procedimientos inspectores a 99 empresas. Luego y hasta 2028 se llevará a cabo la parte “más intensiva” que incluirá a negocios que, a pesar de que gestionan alojamientos turísticos, no figuran como declarantes de actividad económica ente Hacienda.

Esta campaña ha sido desarrollada por el Instituto Municipal de Hacienda (IMH) en colaboración con la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), lo que ha permitido examinar datos sobre las VUT, los hoteles, apartamentos y hostales de personas jurídicas que han pagado el impuesto autonómico de estancia turística.

Así, se han podido cruzar estos datos con los de las personas jurídicas censadas en los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas relacionadas con el alquiler de inmuebles y hospedaje. De esta manera, se han identificado las compañías que deberían tributar por estas actividades económicas, pero que no figuran como tales o no pagan las cuotas correspondientes.

Paralelamente a estas inspecciones, el Ayuntamiento también se encuentra en plena campaña para eliminar cualquier piso turístico ilegal que se oferte en la ciudad. Para ello, se ampara en la nueva regulación europea, que se puso en marcha el 1 de julio y que obliga a todos los Estados a elaborar un censo de alojamientos. A su vez, aparecer en este censo es obligatorio para poder ofertarse en los portales.

Desde el consistorio aseguran que todavía es demasiado pronto para ver los efectos de este censo, pero sí consideran que será “una gran herramienta” para eliminar cualquier oferta ilegal. Pero además de este registro, el Ayuntamiento exige un compromiso especial a grandes plataformas como Airbnb, que concentran más del 80% de la oferta en la ciudad.

Hace años que Barcelona tiene un acuerdo con esta empresa que la obliga a eliminar en un plazo determinado de tiempo los pisos que se hubieran identificado como ilegales. Este acuerdo fue incumplido, según el Ayuntamiento, de manera “reiterada” por Airbnb, motivo por el cual a principios de julio propuso un nuevo convenio. Pero todavía no se ha recibido respuesta.

El Ayuntamiento se muestra confiante en poder mantener buenas relaciones con la plataforma, pero ha recordado que no descarta emprender acciones legales si incumple la legislación o lo pactado con la Administración.

“Gestionar el turismo se basa en diversos elementos. Es el recargo turístico, la gestión de los Espacios de Gran Afluencia, las terminales de cruceros o los apartamentos turísticos. Hace 20 años, las únicas políticas públicas que se hacían en torno al turismo eran las de promoción”, ha sostenido Valls.