Los menores refugiados, en el centro del debate político: »En nuestro país corremos peligro, solo queremos estar bien»

El entorno del campamento Canarias 50 es diferente desde hace casi dos semanas. A los adultos migrantes que residen en este recurso de emergencia de Gran Canaria y que salen a pasear por los alrededores se unen ahora los menores solicitantes de asilo. Estos jóvenes llevan meses en el centro del debate político, después de que, a petición del Gobierno canario, el Tribunal Supremo ordenara al Estado que se hiciera cargo de ellos. Este lunes comenzarán los traslados a la Península y, si los plazos se cumplen, algunos de estos menores habrán pasado en menos de dos meses por hasta cuatro centros diferentes. Muchos quieren quedarse en Canarias, donde estudian o trabajan y donde han creado ya lazos de amistad. “Me preocupa que me lleven a la Península”, asegura uno de ellos.

Moussa (nombre ficticio) lleva un año residiendo en Gran Canaria. Es de la región de Kayes, en Mali, de donde procede la mayoría de los nacionales de este país que llegan a Canarias por la ruta del Atlántico. El maliense está al borde de cumplir la mayoría de edad y ha encontrado trabajo en una empresa de fontanería, de donde regresa por las tardes para entrar de nuevo en el Canarias 50.

Moussa asegura que los trabajadores del centro les han comunicado que aún no saben cuándo serán trasladados a otros recursos, “porque es algo que depende del Gobierno”. Él no quiere moverse a ninguna localidad de la Península. Tiene trabajo en la isla y, además, ha hecho amigos y amigas. “Me gusta estar aquí”, confiesa más de una vez y dice que ya ha informado de su deseo de permanecer en el Archipiélago a la entidad que gestiona el módulo de menores asilados dentro del centro, la ONG Engloba.

El caso de Ansou* es diferente. A él no le importaría que lo reubiquen en la Península: “Este centro no es bueno, la comida no es buena. Quiero que me trasladen, me da igual dónde”. Lleva un año en Gran Canaria y no ha recibido ninguna formación en todo este tiempo. Ha pasado ya por dos centros distintos. Uno de ellos fue clausurado por la Policía Canaria recientemente en el marco de una investigación de supuestos malos tratos a los menores por parte de los trabajadores de la ONG Quorum Social 77. “Lo único que se puede hacer es comer y dormir”, lamenta.

Menores refugiados en los alrededores del campamento Canarias 50, en Gran Canaria

En marzo, el Supremo requirió al Estado que se hiciera cargo de más de 1.200 menores solicitantes de asilo en sus centros de protección. Estos jóvenes han convivido hasta el momento en los recursos colapsados de la comunidad autónoma, donde no se les ha brindado una atención específica adecuada a sus vulnerabilidades. Después de varias semanas de reuniones entre el Gobierno central y el canario, el Ministerio de Migraciones ha adelantado que este lunes comenzarán los traslados a los centros de la Península con un primer grupo de ocho personas. Cada semana saldrá de las islas un máximo de dos grupos de entre 15 y 20 menores cada uno.

Hasta ahora, de los 1.200 menores solicitantes de asilo, 141 han sido trasladados de forma temporal al Canarias 50, dependiente de Migraciones. Según el Ministerio, la entidad responsable de atender a los menores en este espacio está realizando valoraciones individualizadas a quienes han manifestado su disposición a trasladarse a la Península, con el propósito que los desplazamientos se hagan “con todas las garantías”.

En todo este proceso, el interés superior de los niños y niñas “es clave”, apuntan desde Unicef. “Para poder garantizarlo, hay que hacer una evaluación previa al traslado, para ver las necesidades de cada menor”, apunta Sara Casero, técnica de Políticas de Infancia de esta agencia de Naciones Unidas. Esta evaluación tiene que pasar por la escucha activa de los niños, “permitiéndoles participar en las decisiones que le están afectando”.

La estabilidad y la previsibilidad son “elementos fundamentales” para el desarrollo de los jóvenes y para reducir su nivel de estrés. “Los constantes cambios de centro generan un impacto negativo en el bienestar emocional de los niños y adolescentes. Debe limitarse el número de movimientos para que se reduzca ese impacto en su salud mental o en su estado psicosocial”, detalla Casero.

Cuando no hay otra alternativa que el traslado, apunta la técnica, es necesario velar por el derecho de los menores a la información y a la participación. “Hay que hacer partícipes a estos niños y adolescentes de estas decisiones que les afectan y explicarles lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, para reducir el impacto que pueda tener en ellos y ellas”, añade la experta.

Los menores malienses

Ansou un apasionado del baloncesto. Es un joven alto, que con un balón en las manos se apresura a buscar una cancha donde poder pasar la tarde junto a su compañero. Lleva un año en Gran Canaria y asegura que tampoco ha podido estudiar. Aun así, prefiere quedarse en la isla, donde lo que más desea es poder acudir a una formación. Aunque no le han detallado cuándo serán trasladados, sí que les han informado de que están en el Canarias 50 porque son solicitantes de asilo. Como la mayoría de los menores acogidos allí, también es de Mali.

“Nosotros venimos de un país donde estamos en peligro, y lo único que queremos es estar aquí. Estar bien”, señala Ansou. El 90% de los menores acogidos en Canarias que han pedido protección internacional son de Mali. En este país se libra desde hace más de diez años una guerra entre grupos yihadistas y el ejército maliense, que ha dejado cientos de miles de desplazados internos y hacia los países vecinos. Otros han optado por emprender la ruta canaria para llegar hasta Europa. Según datos de CEAR, la maliense fue la tercera nacionalidad con más solicitudes de asilo en España en 2024.

“Mali está en una situación delicada, con un conflicto armado que expone a los menores a una violencia muy alta y que les arrebata su infancia”, subraya la técnica de Unicef. Este país también es vulnerable a los impactos del cambio climático. El año pasado sufrió importantes inundaciones y un informe de Naciones Unidas de 2021 lo sitúa entre los 30 países donde los efectos del cambio climático suponen una mayor amenaza para los derechos de la infancia.

“Los niños y adolescentes a los que se les reconoce la protección internacional tienen necesidades específicas, porque huyen de sus países de origen por situaciones que ponen en riesgo su vida, como persecuciones o conflictos armados”, recuerda Sara Casero. Los menores no solo deben hacer frente a situaciones peligrosas en su país de origen. También durante la travesía.

“Esto no es solo específico de los solicitantes de protección. El trayecto migratorio puede durar años, y se enfrentan a hambre, sed, violencia, riesgos contra la infancia, e incluso la muerte de familiares cercanos”, especifica la especialista. “Han sufrido situaciones que para nosotros son inimaginables y que requieren que se desplieguen los recursos necesarios para atenderles de una forma diferenciada y sensible”, añade.

Moussa sostiene su balón de baloncesto en L

Otros tres jóvenes malienses, sentados en un parque, matan el tiempo de la tarde viendo vídeos musicales en sus móviles. Llevan nueve meses en la isla y han podido ir al instituto o estudiar una formación de soldadura. Hasta hace poco más de una semana vivían en recursos del sur de Gran Canaria, hasta que fueron trasladados al Canarias 50 por ser solicitantes de asilo. Dos de ellos quieren quedarse en la isla, pero aseguran que no saben si se irán o a dónde. En realidad, el asunto que más inquieta a uno de los chicos es la obtención de sus papeles. La realización de este trámite, que el Gobierno de Canarias está obligado a ejecutar antes de que cumplan los 18 años, también ha estado en entredicho en los últimos años.

Malick, también maliense, dice que le gustaría ser trasladado a Madrid. “Me gusta mucho Madrid”, confiesa. Por el momento, ninguno de los ocho menores que saldrán de Canarias el lunes irán a la capital, aunque Migraciones no descarta traslados a esta comunidad autónoma en el futuro. Madrid no ha dejado de intentar bloquear las salidas de menores migrantes hacia la Península. La última estrategia fue ordenar el cierre del centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón, a donde se preveía trasladar a 400 niños.