Mazón reescribe la historia: crea ahora un comité para dirigir crisis cuando la ley le amparaba para asumir el mando en la dana

El Gobierno de Carlos Mazón está generando una maraña de nueva legislación a través de decretos y un plan de recuperación de casi 700 páginas para, según su versión, solucionar y anticiparse a las catástrofes naturales para que no se vuelva a producir una tragedia como la de la dana del pasado 29 de octubre, donde murieron 228 personas. Pero la realidad es que el fracaso estrepitoso de hace nueve meses y medio se hubiera podido aplacar si se hubieran aplicado correctamente la Ley de Protección Civil y Gestión de las Emergencias de 2010 y actualizada en 2020 (29 páginas) y el Plan Especial de Inundaciones (291 páginas). Todo está escrito, todo está previsto, incluso la función del presidente de la Generalitat, cuyo titular a día de hoy sigue desentendiéndose de sus responsabilidades aquel fatídico día en que no acudió a la sala de máquinas de la gestión de la crisis hasta las 20.28 horas, 13 horas después de que se decretara la alerta roja.

Justo esta semana, Presidencia de la Generalitat publicaba un decreto en el que se crea la Comisión Delegada del Consell para el Seguimiento y la Conducción de Situaciones de Crisis. Una especie de Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) paralelo y de matiz “político” para, entre otras cosas, darle un papel al presidente de la Generalitat y coordinarse con los técnicos. La realidad es que ese papel político ya lo tenía el Cecopi: su mando único corresponde a la Conselleria de Emergencias y, en caso de pedirlo, al propio jefe del Consell.

El día de la dana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, podía haber asumido el mando único de la gestión política de la catástrofe, mientras que la dirección técnica hubiera estado en manos de los funcionarios de Emergencias y los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia. Porque, tal y como señala el artículo 12.4 de la Ley 13/2010 modificada por la ley 3/2020 de Protección Civil y Gestión de las Emergencias en vigor, cuando “la situación de peligro o los daños ocurridos por su especial extensión o intensidad particularmente graves, y mientras no sea declarado por el Estado el interés nacional (reclamado por el ministro del Interior o previa solicitud del presidente de la Generalitat) o uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, el presidente de la Generalitat puede declarar la situación de emergencia catastrófica”.

Así, según prosigue este artículo, “esta declaración supone la asunción por el presidente de la Generalitat del mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia, y pasan a su directa dependencia la estructura organizativa del plan territorial de emergencia de la Comunidad Valenciana”. En este plan, prosigue el texto, “se tiene que establecer el trámite a seguir para la declaración de emergencia catastrófica y la asunción de la dirección por el presidente. El Consell y el presidente pueden dictar normas de urgencia con el fin de afrontar las necesidades de la emergencia, que tienen que ser motivadas y publicadas en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. Es decir, el papel del presidente de la Generalitat estaba negro sobre blanco en la ley de mayor rango de gestión de Emergencias el pasado 29 de octubre.

¿Por qué entonces ha creado Carlos Mazón desde Presidencia este nuevo órgano? Para mejorar la ley de Emergencias es evidente que no, porque el decreto no modifica la norma vigente. Pero sí para volver a insistir públicamente y en los medios de comunicación en que el presidente de la Generalitat no tenía un papel en la gestión de las crisis. Sin ir más lejos, en danas posteriores el presidente se puso al frente de los acontecimientos y, en el apagón del pasado 28 de abril, Mazón sí que pidió al Gobierno central que asumiera el mando. ¿Cuándo se activará la Comisión Delegada del Consell para el Seguimiento y la Conducción de Situaciones de Crisis? ¿Dónde acudirá Mazón cuando haya una crisis, a su comisión delegada o al Cecopi, donde se gestionan de verdad las crisis?

Este decreto que sacó de la chistera el Palau de la Generalitat Valenciana no es la única propuesta legislativa que pretende tapar errores del día de la dana. El Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Comunitat Valenciana, que está en estos momentos en exposición pública, propone crear un nuevo nivel de alerta, el negro, para situaciones excepcionales y que supongan un riesgo más elevado que la alerta roja, naranja y amarilla. Lo que no explica el plan del vicepresidente Gan Pampols es que la alerta roja del pasado 29 de octubre fue la primera alerta roja que se decretó en todo 2024, lo que evidencia que este tipo de alerta máxima no se decreta a la ligera por parte de Aemet. Con este nivel, por ejemplo, la ley ya establecía que la movilidad se redujera por grave riesgo para las personas.

Uno de los problemas no fue que no existiera una alerta negra, sino que la alerta roja, la primera que se decretaba en 2024 casi 11 meses después de empezar el año, no fuera tenida en cuenta ni se tomara lo suficientemente en serio por parte de la Generalitat, la administración que tenía el mando de la emergencia, como ha reiterado en estos meses de instrucción la jueza de la dana.