Puigdemont afronta el otoño decisivo para su amnistía un año después de su vuelta y fuga

Cada partido le puso el calificativo que más le convenía. Símbolo de resistencia para Junts; pérdida de papeles para buena parte del resto de formaciones, la vuelta y fuga que Carles Puigdemont protagonizó hace un año no logró eclipsar la investidura de Salvador Illa, pero mostró que a la crisis soberanista le falta un último capítulo para poder cerrarse por completo: el retorno a España sin riesgo de ser detenido del expresident de la Generalitat.

Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana cuando Pugidemont apareció por la calle Trafalgar de Barcelona. Acompañado por sus hombres de confianza, subió a un escenario debajo del Arc de Triomf, dio un discurso ante centenares de simpatizantes enfervorecidos y luego se montó de incógnito a un coche para volver a irse, sin asistir, como había prometido, al debate de investidura en el Parlament.

Los Mossos, en uno de los fiascos más recientes del cuerpo policial catalán, confiaron en la palabra de Puigdemont y en que un dirigente que llevaba siete años en Bélgica confrontando todo intento de extradición (y con una orden de prisión vigente en España) se entregaría en el Parc de la Ciutadella, recinto que alberga el Parlament. Illa fue investido con los votos de PSC, ERC y Comuns, mientras el líder de Junts burlaba el ‘plan jaula’ de los Mossos y volvía a salir de España por una carretera rural de Maçanet de Cabrenys (Girona).

En un mensaje en redes sociales para conmemorar el primer aniversario de su fugaz vuelta a Barcelona, Puigdemont ha reivindicado este viernes “mantener la posición aunque no sea siempre cómodo o agradable”. “Si me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es hacer lo contrario”, ha apostillado.

Un año después, el nombre propio para el que se aprobó la segunda ley de amnistía de la historia reciente de España sigue sin poder beneficiarse de ella. La vuelta del verano será decisiva: el Tribunal Constitucional resolverá no solo si revoca la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont, sino también si, mientras lo estudia, permite al expresident volver sin peligro de arresto.

Así lo planteó el expresident el pasado mes de julio, cuando pidió al Constitucional que retirara, de forma cautelar, la orden de detención vigente desde hace siete años contra él en España. Pero el tribunal de garantías tiene su propio ritmo y descartó emprender la vía de urgencia instada por Puigdemont.

No será al menos hasta septiembre que los magistrados del tribunal de garantías, previa opinión de la Fiscalía, diriman la medida solicitada por el líder de Junts. Pueden pasar varias semanas más hasta que resuelvan el fondo del asunto, y quedará por ver la reacción del Supremo si el Constitucional le enmienda la plana. También a la vuelta del verano los magistrados empezarán a resolver el resto de casos concretos de los no amnistiados (como Oriol Junqueras) tras su aval general a la norma.

Entre los motivos esgrimidos por el expresident para reclamar la retirada de su orden de detención nacional, figura el hecho de que es diputado electo en el Parlament. A juicio de Puigdemont, un eventual arresto no solo vulneraría su derecho a la libertad sino que incidiría de forma negativa en su derecho a la participación política.

Aunque sin poder ejercer en la práctica como jefe de la oposición (papel que, durante la campaña electoral, dijo que no ocuparía), la amnistía y la dependencia de los votos de Junts por parte del Gobierno central ha dado un protagonismo a Puigdemont en la política española cuando parecía una figura amortizada.

Ello se ha traducido en negociaciones al límite en el Congreso y una vuelta sin complejos a la defensa de intereses empresariales, tal y como tradicionalmente hizo la antigua Convergència y se ha demostrado en carpetas como el rechazo de Junts a la reducción de jornada.

En su intervención a finales de julio en el acto por el quinto aniversario de Junts, Puigdemont remarcó que su voto “nunca se puede dar por descontado”. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abría la puerta a reunirse con el expresident a la vuelta de vacaciones.

Con una agenda y una posición clara en Madrid, que además le permite marcar perfil propio y arremeter contra ERC, los problemas de Junts están en Catalunya y tienen un nombre: Aliança Catalana. Como también le ocurre al PP en España y otras formaciones de centroderecha en Europa, el partido de Puigdemont no consigue dejar de ir a remolque de los temas que propone la extrema derecha.

Sin mencionar explícitamente a Aliança Catalana, Puigdemont afirmó que Junts “incomoda” a los extremos y a quienes practican populismos, tras un curso en el que la líder del partido ultra, Sílvia Orriols, no ha tenido reparos en humillar públicamente a Junts tras la moción de censura fallida en Ripoll. Todas las encuestas dibujan una crecida de Aliança en caso de elecciones en detrimento de Junts.

En suma, un año después de su vuelta y fuga, la competencia de Aliança en el plano político se ha sumado a la incertidumbre judicial sobre el futuro personal del expresident. El episodio del 8 de agosto en el Arc de Triomf comportó una crítica política sin precedentes de un jefe policial a un expresident, además de la apertura de una causa a tres agentes de los Mossos por su colaboración con la fuga. Al mismo tiempo que el exjefe de los Mossos Eduard Sallent se despachaba en público contra Puigdemont, el cuerpo que todavía dirigía decidía limitar las pesquisas a tres agentes sin incluir a dirigentes de Junts.

Tal y como adelantó esta semana Vilaweb, el expediente disciplinario que la dirección de los Mossos abrió a los tres agentes hace un año ha quedado en suspenso al agotarse el plazo máximo (un año) contemplado por los protocolos para mantenerlo abierto. El expediente se retomará una vez el caso se resuelva judicialmente. Al igual que la amnistía del expresident, el nuevo capítulo de esta causa se vivirá a la vuelta del verano, cuando la jueza decidirá si envía a juicio a los tres mossos imputados o archiva el caso.