Ideas desde València para que el sistema de financiación singular para Catalunya sea solidario y útil para todas la comunidades

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) entró el pasado mes en el debate sobre si es conveniente para el resto de España que el Gobierno cumpla con el acuerdo PSC y ERC de una financiación singular para Catalunya. Las conclusiones que plantea el instituto independiente, presidido por la consellera de Hacienda de Carlos Mazón, Ruth Merino, son claras: “Podría servir para resolver los problemas que arrastra el sistema de financiación autonómica (SFA) de 2009 (el todavía hoy vigente) en materia de autonomía, suficiencia y equidad”.

Para los autores del estudio, asociado al programa de trabajo IvieLAB con la Generalitat Valenciana, la respuesta depende de cómo se concrete dicho concierto solidario en las tres materias señaladas. “Con algunas concreciones de la propuesta podrían lograrse avances en autonomía, suficiencia y equidad, o al menos en algunas de esas direcciones; pero con otras concreciones no habría avances, e incluso podrían empeorar las cosas en alguna de esas materias”. Dos de las claves que aporta el estudio radican en que el Estado aporte más fondos a las comunidades autónomas y que las de régimen foral también se incluyan en lo que sería una especie de financiación singular solidaria para todas.

La propuesta del IVIE es más que interesante para el debate generado sobre el proyecto que está encima de la mesa, ya que llega desde un instituto de la comunidad peor financiada y de un territorio como la Comunitat Valenciana, cuyo Gobierno se ha opuesto radicalmente a lo que Carlos Mazón considera un “cuponazo”. El IVIE lleva años realizando importantes y sesudos estudios sobre la injusticia del actual sistema de financiación y aportando soluciones a un problema que ni los gobiernos del PSOE, del PP y de coalición de izquierdas han sabido resolver.

El informe señala que para corregir los graves defectos del actual SFA-2009 mediante un sistema de concierto solidario en el que las autonomías gestionen todos los ingresos tributarios, para luego redistribuirlos entre el Estado y el resto de administraciones autonómicas, tendrían que cumplirse cuatro condiciones, “todas necesarias”. “En primer lugar, para estimar el cupo total que el conjunto de las comunidades tendría que aportar al Estado se debería llegar a un acuerdo entre ambos niveles de gobierno que garantice la suficiencia financiera tanto del Estado como de las CCAA. Una vez decidido el importe que se tendría que aportar al Estado, tendría que decidirse el criterio de distribución del cupo entre las comunidades. El estudio contempla tres criterios. Los dos primeros, basados en el PIB regional o en la igualdad de la presión fiscal, beneficiarían a las regiones más ricas porque dispondrían de más recursos para ellas. Los autores prefieren el tercer criterio, basado en el esfuerzo fiscal que hacen los ciudadanos de cada autonomía según su renta per cápita, porque el Estado también cumple funciones redistributivas y es razonable que lo financien más los que más tienen”, argumentan los investigadores.

En este mismo sentido, el análisis contempla que, una vez cedida la parte correspondiente al Estado, cada comunidad destine el 80% de sus recursos restantes al fondo de solidaridad interregional, que permita, al menos, igualar los recursos disponibles para prestar los servicios públicos fundamentales. De esta forma, propone ampliar en 5 puntos el Fondo de Garantía del sistema actual, que se dota mediante la contribución al mismo del 75% de los recursos tributarios de cada comunidad y se distribuye posteriormente con base en las necesidades de cada territorio (población ajustada).

Resultado de la aplicación del modelo de financiación singular solidaria del IVIE.

Por último, el estudio, elaborado por el director del Ivie, Francisco Pérez, junto al economista del Instituto Juan Pérez, recomienda la revisión de las ventajas financieras que disfrutan las comunidades forales para que se sumen al sistema general y aumenten sus aportaciones tanto al cupo que pagan al Estado como a la solidaridad interregional. Este punto es, sin duda, uno de los más delicados y de difícil aplicación en caso de que se optara por tener en cuenta esta propuesta. De momento, no parece ni que en Catalunya ni muchos menos dentro de la M-30 estén pensando en abrir el melón de País Vasco y Navarra.

Un sistema mejor para Catalunya, pero no tanto como un acuerdo bilateral

“Si se cumplieran estas condiciones, los resultados de un sistema de concierto solidario generalizado reducirían la desigualdad de recursos entre los habitantes de las distintas CCAA que existen en el sistema actual. Ahora bien, esos resultados no serían los que parecen esperarse del sistema de financiación singular propuesto en Cataluña. Por ejemplo, existirían mejoras de financiación para esta comunidad, pero no de las cuantías que en ocasiones se mencionan. Si, por el contrario, ese sistema singular se concretara como un acuerdo entre el Estado y Cataluña que aproximara a esta comunidad a la situación privilegiada de las comunidades forales, en lugar de solucionar el problema de desigualdad interterritorial existente, lo agravaría”, argumentan.

Entre 1.805 y 2.473 millones más para la Comunitat Valenciana

Según los cálculos elaborados por el IVIE, la Generalitat podría recibir entre 1.805 millones y 2.473 millones si se generalizase a toda España este modelo de concierto, siempre que el criterio de reparto del cupo fuera el esfuerzo fiscal.

El trabajo lanza una reflexión final basada en que la situación actual no puede continuar y en que cualquier acuerdo de singularización debe pasar por extenderse a todas las autonomías. “Este trabajo no ha analizado otra cuestión relevante, presente en el acuerdo PSC-ERC: un cupo generalizado tendría implicaciones para la autonomía fiscal de la Administración General del Estado si en su desarrollo el Gobierno central careciera de herramientas para modular su política fiscal en materia de suficiencia, progresividad, gestión o acceso a la información tributaria. No sería positivo, por las mismas razones que no es positivo que las comunidades tengan limitados o vedados hasta ahora el manejo de instrumentos relevantes para su suficiencia financiera y su responsabilidad fiscal, o la gestión tributaria. Por esa razón serían preferibles fórmulas de cogobernanza fiscal distintas de las practicadas hasta ahora y también de las que se proponen desde Cataluña”, finaliza.