
Promotoras musicales van a la guerra por el uso de la Plaza de España de Sevilla y optar así al pastel del festival Icónica
Una quincena de compañías irá a los tribunales si el evento no sale a concurso público, mientras el alcalde admite que estudia su «regulación» tras renovar hasta 2031 un ciclo que hasta hace poco criticaba
Un balance “icónico”: el Santalucía Sevilla Fest deja 230 millones de euros en la ciudad y casi 300.000 asistentes
La Plaza de España de Sevilla lleva año y medio en medio de una inesperada guerra, primero política y ahora económico-legal. Tras la idea del alcalde, José Luis Sanz (PP), de vallar el conjunto para cobrar una entrada a los turistas, vinieron críticas ciudadanas por el abuso como escenario de un enclave que es Bien de Interés Cultural (BIC). Y ahora son una quincena de promotoras las que se han embarcado en una pelea para que se reparta el pastel –vía concurso público– que consideran que hoy se come en solitario el festival Icónica Santalucía Fest. De lo contrario, avisan, el caso acabará en los tribunales.
En el centro del debate está uno de los espacios más emblemáticos de la capital hispalense y el que más turistas recibe. Eso lo convierte en un enclave muy goloso, lo que se ha traducido de un tiempo a esta parte en que han crecido exponencialmente los actos que acoge, con uno de sus mayores hitos hace tres años con un desfile de Dior.
En esta línea, Icónica surgió en 2021 y en este tiempo, según los datos de la última edición, se ha convertido en el tercer gran evento en facturación de Sevilla, tras la Feria y la Semana Santa, desbancando al Sicab, el Salón Internacional del Caballo. La culpa la tendrían los 230 millones de euros que ha movido y sus más de 277.000 asistentes, 46.000 de los cuales son extranjeros que han viajado expresamente para algún concierto. Del calibre de los artistas da cuenta que abrió el ciclo Justin Timberlake y lo cerró Kylie Minogue.
En Transparencia y el Defensor del Pueblo
La promotora es Green Cow Music, a la en 2021 que le compró su idea el entonces alcalde, Juan Espadas (PSOE), manteniéndose el festival con su sucesor, el también socialista Antonio Muñoz. El hoy regidor, José Luis Sanz, lanzó sus críticas durante la campaña electoral y dijo que no le gustaba el estrés al que se sometía al monumento, para después ir suavizando su postura y, finalmente, anunciar el pasado mayo que el festival se prorrogaba hasta 2031.
Público aguardando el inicio de uno de los conciertos de Icónica.
Esto último ha sido la gota que ha colmado el vaso para una quincena de promotoras musicales nacionales, que en conjunto facturan unos 200 millones de euros, más de una cuarta parte de lo que mueve la industria musical en España. El primer paso fue reclamarle transparencia al Ayuntamiento hispalense, exigiéndole acceso a contratos y permisos y, sobre todo, que se convoque un concurso público para hacerse con la codiciada Plaza de España.
Ante la falta de respuesta para acceder al expediente administrativo, lo siguiente fue el anuncio de una “hoja de ruta jurídica” con paradas en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, la Fiscalía Anticorrupción e incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Todo eso quedaba para después del verano, pero por lo pronto ya se ha empezado a actuar con la formalización de denuncias ante el Consejo de Transparencia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, ambas dirigidas contra el Consistorio.
El Ayuntamiento busca un nuevo encaje legal
En Green Cow Music argumentan que ellos idearon el proyecto y que ha contado siempre con todos los parabienes y permisos de turno, que expide el Ayuntamiento por medio de Contursa, la empresa turística municipal. En cambio, para las compañías denunciantes, al tratarse de un espacio declarado Bien de Interés Cultural y de uso público, su gestión debería haberse licitado públicamente para que cualquier empresa interesada pudiera optar a organizar eventos allí. Por eso, acusan al gobierno local de falta de transparencia, publicidad y concurrencia.
La petición de amparo ante el Consejo de Transparencia de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz se formalizaba el pasado viernes, después de que días antes el alcalde asegurase en una entrevista a Europa Press que está “estudiando cómo va a seguir” el festival, que “hasta ahora ha venido funcionando de una forma”. “Es un asunto que en este momento está siendo objeto de regulación”, asegurando que tiene “varias opciones y fórmulas encima de la mesa” y que incluso se han pedido informes “a diferentes despachos de abogados”.
Todo ello pocas semanas después de que se anunciase la prórroga hasta 2031 como una continuación de las actuales condiciones, que se sustentan en un permiso de ocupación de la vía pública, cambiando sólo la actualización del canon que paga la organizadora. A partir de ahora, y sobre una base inicial de 190.000 euros, se incrementará 10.000 euros al año, con lo que al final de este periodo el Consistorio habrá ingresado 1.290.000 euros.
Un “uso respetuoso” del monumento
En su último comunicado, las promotoras expresan su preocupación sobre que el cambio de postura municipal podría obedecer a que se esté “preparando el blanqueamiento de todo lo presuntamente irregular e ilegal hecho hasta ahora por el Consistorio, confeccionando un traje a medida”. E insisten en que “es ilegal” la cesión de un espacio público protegido durante 11 años, todo ello en base decisiones municipales “susceptibles de encuadrarse en varios tipos penales”.
Pablo Távora, responsable de patrimonio de Green Cow Music, explica las medidas de protección que aplican al monumento.
Pero las protestas no quedan ahí, ya que el colectivo ciudadano Sevilla se Muere ha iniciado una recogida de firmas para que la Plaza de España deje de acoger estos conciertos. “Sevilla vuelve a ceder uno de sus lugares más emblemáticos a los intereses privados”, apunta el manifiesto, que critica “el hurto a la ciudadanía de un espacio cultural y natural para su entrega a precio de saldo”. Esta entidad también ha presentado una denuncia, en su caso ante la Consejería de Cultura, por el presunto incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico que –entre otras cuestiones– exigiría autorización de la propia Junta de Andalucía al tratarse de un BIC.
La organizadora de Icónica, por su parte, se ha defendido esgrimiendo que aplica unos protocolos estrictos para garantizar la salvaguarda del monumento, ya que “el uso respetuoso y la conservación patrimonial” tanto de la Plaza de España como del anexo parque de María Luisa es la “prioridad absoluta”. Para ello, la empresa cuenta con un responsable de patrimonio que, recientemente, señalaba que el objetivo ha sido “recuperar el uso original de este espacio monumental como gran anfiteatro ideado por Aníbal González sin renunciar a la excelencia artística ni al respeto por el legado ciudadano”.