Antifraude acusó de cobros irregulares a tres cargos de Compromís sin darles voz y la Generalitat archivó el caso al preguntar
El Gobierno de Carlos Mazón cerró el expediente contra el exconseller de Economía y dos altos cargos, a los que reclamaban 140.000 euros, después de que justificaran su situación, algo que podrían haber hecho durante la investigación si Antifraude les hubiera pedido información
El PSPV exige examinar si el PP usó la Agencia Antifraude para “destruir políticamente” al excomisionado de la dana con su investigación
Antifraude incumplió su ley al denunciar al comisionado de la dana por su falso título sin informarle ni darle audiencia
La Agencia Valenciana Antifraude dirigida con la mayoría de PP y Vox ya se saltó la obligación de dar audiencia a los investigados con cuatro altos cargos de Compromís en la Generalitat Valenciana. El organismo investigó a varios dirigentes, entre ellos el entonces Conseller de Economía e Industria, Rafael Climent, y el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdédeu, y concluyó que tres de ellos habían hecho un uso indebido de la compensación por residencia, un complemento económico que se abona a los miembros del Ejecutivo que viven a una distancia considerable de su lugar de trabajo. Cuando la Generalitat Valenciana investigó el caso y preguntó a los afectados, concluyó que no había irregularidad ninguna. La historia se acabó.
La Agencia recibió una denuncia en febrero de 2023, tres meses antes de las elecciones autonómicas. Concluyó sus pesquisas en noviembre de 2024, ya pasado un cuatrimestre con la nueva dirección elegida por PP y Vox al frente. La investigación saltó a los medios en febrero de 2025, cuando se publicó la resolución, sin indicar de qué altos cargos se trataba, aunque sus nombres se conocerían poco después, y el PP valenciano no tardó en usar el caso como ariete contra el Ejecutivo del Pacto del Botànic (la alianza de PSPV, Compromís y Unides Podem que gobernó entre 2015 y 2023).
Como ha sucedido con el caso del excomisionado del Gobierno para la dana, los afectados se enteraron por la prensa. Antifraude recomendó a la Generalitat Valenciana reclamarles el coste del complemento, que abarcaba dos legislaturas, y cifró la cantidad en 140.000 euros para los tres altos cargos en conjunto, apuntando que cobraron la ayuda sin cambiar de domicilio o que iban en coche oficial.
Los investigados se enteraron un año después del inicio de las actuaciones, una vez ya resueltas, y vieron nombres directamente publicados con el expediente ya cerrado. No se les requirió ninguna documentación durante la investigación ni se les dio un trámite de audiencia, algo que viene regulado en la ley de funcionamiento de la agencia, como una garantía del derecho a la defensa.
La AVAF pidió documentación a la Conselleria de Industria, ya en manos del PP, que presentó una serie de alegaciones defendiendo a los ex altos cargos. La Agencia consideró que no se había justificado documentalmente el gasto durante dos legislaturas y apreció un uso “heterogéneo” del acuerdo que regula la indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia de los altos cargos de la Generalitat. Entendió el organismo, tras preguntar a la Conselleria de Industria, que “solo queda acreditado con la documentación aportada que 3 de los 4 altos cargos denunciados tenían un domicilio habitual en una localidad y el puesto de trabajo en otra, pero no que incurrieran en ningún tipo de gasto por ello”.
La entidad que dirige Eduardo Beut también recomendó al Consell “que se dicten instrucciones precisas sobre la incompatibilidad de la percepción de la indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia y la utilización de vehículos del parque móvil para ir y volver del lugar donde se tiene la residencia habitual habida cuenta la incompatibilidad que supone y el mal uso de los recursos públicos”.
El Ejecutivo autonómico tampoco informó a los altos cargos hasta que la Agencia cerró el expediente e instó formalmente a reclamar el dinero cobrado por este plus. Fue entonces cuando los tres investigados de Compromís tuvieron la oportunidad de hacer alegaciones directamente, con un plazo de diez días hábiles, apuntan fuentes de su entorno. La conselleria, estudiado el caso, no vio ninguna irregularidad y archivó el expediente, avalando la actuación de la subsecretaría anterior.
Utilización política por el PP en las Corts Valencianes
El caso fue utilizado políticamente por el PP, que en las Corts Valencianes solicitó la documentación relativa a los expedientes. La diputada Laura Chuliá reclamó al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que “exija a los tres ex altos cargos públicos de Compromís la devolución inmediata de los más de 140.000 euros cobrados de manera irregular”. Incluso acusó a los valencianistas de ser reticentes a la renovación de los órganos, incluidos la Agencia, por estas cuestiones: “Ahora ya sabemos por qué la izquierda valenciana no quería que cambiase nada en Antifraude y por qué se niegan a renovar los órganos estatutarios bloqueados. Poco a poco la verdad va saliendo a la luz y las presuntas irregularidades en el Botànic van quedando al descubierto”, dijo la diputada del PP. Unas semanas después, la conselleria confirmaría que, a sus ojos, no hubo irregularidad alguna.
