El homicidio de 41 niñas en un incendio en un centro público pone al expresidente de Guatemala en la mira de la Justicia

El 8 de marzo de 2017 es una fecha marcada en la historia reciente de Guatemala. Esa mañana se produjo un incendio en un centro de protección estatal de menores a las afueras de la capital en el que murieron 41 niñas y adolescentes. Otras 15 sobrevivieron con heridas graves. Las 56 menores habían sido encerradas con candado en una pequeña aula en la que tuvieron que pasar la madrugada. La noche anterior habían tratado de huir del centro, junto con otros jóvenes.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era una macroinstitución creada 10 años antes, con capacidad para 500 personas, pero que siempre se mantuvo superpoblada. Formaba parte del sistema de protección guatemalteco para albergar a menores de edad que necesitaran amparo del Estado: niños en situación de abandono, víctimas de violencia, de abusos sexuales, de trata, e incluso personas con discapacidad. Todos estos perfiles estaban mezclados: no había un trato especializado.

Durante años, el hogar recibió denuncias de todo tipo. Desde servir comida en mal estado y llevar a cabo maltratos físicos y verbales hasta delitos más graves, como violencia sexual y trata de personas. Testigos de la causa declararon que, de madrugada, trabajadores del centro sacaban a niñas que habían seleccionado previamente y que regresaban horas después, sin poder articular palabra. También se registraron varias muertes violentas dentro del lugar. La Fiscalía guatemalteca nunca investigó en profundidad estos hechos.

Revuelta e incendio mortal

Hartos de la situación, los jóvenes se amotinaron y escaparon en la tarde del 7 de marzo de 2017. Agentes de policía los persiguieron por el bosque aledaño al centro y los llevaron de vuelta a la fuerza. Las niñas y niños esperaron afuera del Hogar Seguro durante horas, de madrugada, con frío y mojados, tras haber cruzado un río de aguas negras para huir.

Esa noche, la policía tomó el control del lugar. Pero los agentes no estaban cualificados y trataron a los adolescentes como criminales. A medianoche, entraron de nuevo en el centro. A los niños los llevaron al auditorio y para las 56 niñas acondicionaron un aula que apenas tenía capacidad para 11 personas acostadas. Ahí, como pudieron, acomodaron unas colchonetas de espuma y la policía cerró la puerta con un candado. La llave quedó a cargo de una subinspectora: Lucinda Marroquín.

Durante la madrugada no las dejaron salir al baño con el pretexto de que estaba estropeado, así que las niñas colocaron algunas colchonetas para delimitar un área más o menos apartada donde hacer sus necesidades. Algunas describirían después que el olor era insoportable. En ese mismo espacio les sirvieron el desayuno la mañana siguiente, en platos de poliestireno.

Desesperada, después de horas hacinadas en el espacio, una de ellas sacó una cerilla y la encendió, para llamar la atención de los policías. El fuego se propagó en segundos. Las colchonetas y los platos desechables ardieron sin control. Las jóvenes pidieron auxilio. “Jefa, jefa, hay fuego”, gritaron, según la reconstrucción que hizo la Fiscalía.

Lucinda Marroquín, la subinspectora, tardó nueve minutos en abrir la puerta. Algunas la escucharon decir: “Que se quemen esas hijas de la gran puta”.

Murieron 41 niñas y adolescentes. La mayoría ahí mismo y otras en hospitales a los que fueron trasladadas. 15 sobrevivieron, algunas con extremidades amputadas y con quemaduras en todo el cuerpo.

Condenas por homicidio, maltrato y abuso de autoridad

Tras el incendio, la Fiscalía inició una investigación penal. Fueron procesadas 11 personas: los máximos responsables de la secretaría a cargo de los albergues de protección, el director del hogar, personal que trabajaba en el mismo, funcionarios de instituciones de apoyo a la niñez, el jefe de operaciones de la policía y la subinspectora que tenía la llave.

Este martes se dictó sentencia contra siete de ellos. La jueza, Ingrid Vannesa Cifuentes, declaró a seis de los acusados culpables. Las penas máximas, de 25 años de prisión, fueron contra Carlos Rodas, el entonces jefe de la Secretaría de Bienestar Social, y contra Santos Torres, el director del Hogar Seguro. Fueron condenados por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Brenda Chamán, jefa del departamento de protección contra el maltrato de la secretaría, y Lucinda Marroquín, la subinspectora, también recibieron cargos de homicidio culposo.

En la sentencia hubo una ausencia clave: Anahy Keller Zavala, número dos de la secretaría, que, después de presentar varios recursos, logró que el Constitucional la dejara fuera del juicio y retrocediera su proceso al inicio.

El rol por aclarar del expresidente

Los hechos sucedieron mientras Jimmy Morales Cabrera era presidente de Guatemala. Cuando se inició el proceso penal, algunos diputados, familiares de víctimas y ONG solicitaron que la Corte Suprema le retirara la inmunidad para que pudieran incluirlo en la investigación. Argumentaron que, como presidente, era la máxima autoridad y quien debía tomar decisiones ante la crisis. También cuestionaron que hubiera contratado a personas que no eran idóneas para el puesto y que tenían vínculos con Morales, como la subsecretaria Anahy Keller.

Las solicitudes cayeron en saco roto y la Fiscalía no abrió investigaciones contra el dirigente. Ni siquiera cuando este perdió la inmunidad al dejar el cargo.

Ahora, tras la sentencia, la jueza ha ordenado que el Ministerio Público averigüe las vinculaciones de Morales con el incendio. Se basa en las declaraciones de varios testigos que aseguraron que, a través de un asesor, el expresidente ordenó por teléfono que 100 policías llegaran al lugar y se encargaran de la seguridad del mismo.

Según estos testigos, el hecho de que la policía quedara a cargo del Hogar Seguro tuvo un efecto directo en la muerte de las niñas.

El fuego no logró cambiar el sistema

La situación del Hogar Seguro, aunque llevada al extremo, no era muy diferente a la de otros hogares de protección de Guatemala. Y lejos de ser un punto de inflexión y una alerta para cambiar el sistema, el incendio y la muerte de las 41 niñas no supuso acciones de fondo de las instituciones. Por ejemplo, un año después del incendio, en algunos centros los extintores aún se guardaban bajo llave.

El hacinamiento, el maltrato y la comida en mal estado han sido una constante que, aún hoy, continúa en los demás centros estatales. Se han presentado denuncias contra trabajadores de los hogares por amenazas, violencia y coacción. Todos los años, decenas de menores siguen huyendo de las casas de acogida. Algunos han alertado de que los encargados los drogan con medicamentos para mantenerlos tranquilos.

La propia jueza del caso Hogar Seguro ordenó que la Fiscalía investigue esto. Varias de las niñas que murieron en el incendio tenían ansiolíticos y opiáceos en la sangre. Ingrid Cifuentes también indicó que se deben iniciar averiguaciones sobre el maltrato y la negligencia en el centro, previo al incendio.