“Inactivación biológica”, pérdida de arena y toxicidad: los riesgos de convertir el alga invasora en productos comerciales

Andalucía va a adentrarse en los próximos meses en territorio desconocido: una nueva relación con un enemigo que trae de cabeza de alcaldes y pescadores desde hace una década. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente aprobó el pasado 23 de julio el plan de gestión del alga Rugulopterix Okamurae, una especie invasora procedente de aguas asiáticas que ha colonizado gran parte de los fondos rocosos más cercanos a la costa mediterránea andaluza: de paso, ha expulsado especies autóctonas, apestado las playas, estresado las cuentas de los municipios y esquilmado las capturas de los pescadores de bajura, los más arraigados al territorio y expuestos a los vaivenes de la mar. El documento no ahorra adjetivos y reconoce al alga una “capacidad de colonización extraordinaria, con productividades y biomasas desmesuradas y sin precedentes”.

La idea del Gobierno andaluz pasa por explotar la ventana comercial que abre la invasión, que los biólogos consideran imparable a medio plazo. Todas las ideas y proyectos de aparecidos en los últimos años para conocer más del alga y, quizás, darle un uso, se quedaban en la fase investigadora. En el último lustro, el Instituto de Investigación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía (IFAPA) ha analizado el compost nacido de la fermentación del alga y las propiedades antioxidantes e inmunonutrientes del fucoidán, el polisacárido que contiene.

Por su parte, las universidades de Almería y Málaga han explorado la posible transformación en pienso acuícola. Un equipo de la UMA en solitario ha estudiado su uso cosmético (con efectos antioxidantes y antiacné) y logrado producir piensos y compost. La Junta y la propia UMA estudian en Castellar de la Frontera (Cádiz) su uso como fertilizante y bioestimulante agrícola, y el laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, en colaboración con Fundación Cepsa, exploró si podía servir como biodiésel o, incluso, para el tratamiento de procesos neuroinflamatorios.

Hasta ahora, estos proyectos no han salido del laboratorio porque la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el reglamento europeo señalan que la inclusión en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras conlleva la prohibición genérica de poseer, transportar, trasladar o comerciar “ejemplares vivos, sus restos o propágulos”. A priori, la normativa nacional sólo lo permite con la finalidad de mantener las playas, el buen estado ecológico del litoral y el control poblacional. A no ser que un plan de gestión contemple su valorización y uso comercial como parte de una estrategia de control.

El marco aprobado ahora por la Junta de Andalucía pretende abrir estas y otras investigaciones al mercado, previa autorización de la Comisión Europea. La clave es la inactivación biológica del alga, que será tratada como residuo por un gestor autorizado: una vez acreditada, podrá aplicarse un proceso industrial que transforme el residuo en algo aprovechable.

“Hay que tener en cuenta que puede haber situaciones en las que el aprovechamiento económico de la biomasa puede contribuir al control de esta especie, aumentando la retirada de restos del medio natural”, resalta el plan andaluz, que contiene una relación de actuaciones y protocolos para minimizar los riesgos de tratar con la especie admitiendo, implícitamente, que es un asunto delicado.

Pérdida de sedimentos en los arenales y precaución con las “emanaciones”

El tratamiento del alga deberá partir de su constatada capacidad colonizadora, lo que condiciona el proceso. Por ejemplo, la Junta tiene claro que no se puede recolectar el alga en la columna de agua, porque se rompe y vuelve al mar en múltiples esporas, pero cree que hay posible beneficio en la gestión de las arribazones, que son las que tienen en vilo a los consistorios.

Las autorizaciones europeas pondrán especial énfasis en garantizar que las actividades propuestas “no contribuyan directa ni indirectamente a la dispersión o perpetuación de la especie en el medio natural”, resaltan desde el Ministerio de Transición Ecológica. Se valorarán aspectos como el origen y trazabilidad de la biomasa, las condiciones de transporte y almacenamiento, así como los procesos de tratamiento e inactivación que se apliquen.

El plan de la Junta establece las pautas para minimizar riesgos: la recogida, “cuanto antes” tras la deposición sobre la playa, podrá ser a máquina (cuando llegue por toneladas) o a mano (cuando sea poca cantidad o llegue a sistemas protegidos, como las dunas), cribando y evitando en lo posible la erosión. El proceso tiene el riesgo añadido de “vaciar” la playa: con cada 1.000 metros cúbicos de alga se retiran entre 19 y 44 metros cúbicos de sedimentos. “Esto puede desequilibrar en el largo plazo el ecosistema y balance de la playa”, advierte el documento, que resalta que hay maquinaria especializada en la retirada selectiva que facilitaría el cribado.

La Junta no descarta que el proceso pueda tener algún riesgo para los trabajadores. “Dado que aún no se dispone de información sobre la naturaleza química de las emanaciones gaseosas de los arribazones de Rugulopteryx (…) se deben extremar las precauciones y estar atentos a cualquier síntoma asociado a intoxicación por inhalación”.

Lavado con lejía o cloro

La Junta pretende que todo el proceso se desarrolle con equipos, vehículos y contenedores adaptados, que luego “deberán ser lavados convenientemente y desprovistos de cualquier resto o propágulo de la especie”, mediante inmersión durante varias horas en agua con lejía o cloro sólido. Cuando la capacidad de la instalación supere las 75 toneladas por día, se exigirá Autorización Ambiental Integrada.

Los restos de biomasa retirados de las artes de pesca, embarcaciones o de las propias instalaciones portuarias se acumularán en contenedores específicos, evitando la fuga de restos o lixiviados al medio marino en el interior del puerto. Los técnicos de la Junta temen que puedan ser foco de nuevas invasiones por asentamiento en el interior del puerto, y que esto sirva posteriormente de lanzadera al medio marino exterior.

Una vez en los almacenes, la clave es la inactivación biológica de la biomasa retirada, que deberá garantizar la “pérdida total del potencial biológico” del alga mediante su tratamiento físico, químico o biológico. Es algo que deberá hacerse en Andalucía: la biomasa así recogida no podrá salir de la región para ser “desactivada”. Para su conversión en compost, la Junta advierte que deberá mezclarse con residuos vegetales de poda, jardinería o cultivos que equilibren la alta conductividad de la biomasa de algas.

Posteriormente se procederá al secado de la biomasa. Si no hubiera demanda o protocolo de inactivación para aprovecharla, la Junta propone eliminarla por combustión en caldera o in situ, en caso de pequeñas cantidades, y su aprovechamiento energético como fuente de biomasa.

Aún queda mucho por saber: por ejemplo, si la invasión se puede controlar con métodos de herbivoría o si Rugulopteryx Okamurae decaerá cuando se equilibre con la comunidad local de macroalgas, como ha pasado con otras especies. De momento, la Junta ha fijado las patuas para que se transforme en un negocio.