Del «Yo soy la Administración» a los peores incendios de Castilla y León: Quiñones, de nuevo en el centro de la polémica

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), vuelve a estar en el centro de la polémica: sindicatos y oposición piden el cese del juez en excedencia desde hace años, perseguido por diferentes controversias policiales y por su gestión política, a los que ha sobrevivido hasta ahora. Este año, de momento, ya han fallecido dos personas que intentaban sofocar el incendio del sur de León que afecta también a Zamora y que ha dejado varios heridos en la unidad de quemados o en la UCI en estado crítico o grave. En 2022, fallecieron cuatro personas en los incendios en la sierra de la Culebra, Zamora. Entonces se pidió su cese, pero Suárez-Quiñones aguantó el envite y superó a la presión política y mediática que exigía responsabilidades. Es, ante todo, un superviviente político, ajeno a las miles de hectáreas quemadas y a la indignación que levantan su estrategia forestal y sus declaraciones públicas.

Mientras la provincia de León ardía el pasado fin de semana ya con incendios de extrema gravedad en la zona de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad, Juan Carlos Suárez-Quiñones se encontraba en Gijón el domingo. Este lunes, el consejero justificó su presencia en el acto institucional porque se celebraba el Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias: “Tenemos la mala costumbre de comer”, respondió a los medios de comunicación en unas declaraciones que después el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, consideró desafortunadas. Quiñones se quedó a la comida que organizaba la Cámara de Comercio de León junto a otros cargos políticos, como el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, pero el máximo jefe del operativo antiincendios es él.

En los últimos días, Fernández Mañueco ha reiterado su negativa a cesar a cualquier miembro de su equipo. “Cuando uno trabaja todo lo que tiene que trabajar y se ha trabajado en estos años, cuando se está encima de los incendios desde el primer minuto, estoy satisfecho de la labor que se están haciendo”, ha zanjado en varias ocasiones. El PSOE ha pedido la comparecencia urgente de Mañueco en las Cortes de Castilla y León por la gestión de incendios y ha reprochado la “soberbia” y “falta de compromiso” de la Junta de Castilla y León con la política forestal. Por su parte, el procurador del Grupo Mixto y exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, ha solicitado la comparecencia de Suárez-Quiñones, a quien Soria ¡Ya! le ha pedido su dimisión.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, esta semana en una rueda de prensa sobre el estado de Las Médulas.

De mantenerse en el puesto a finales de agosto, no sería la primera crisis a la que sobrevive Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente desde 2015: sus vaivenes con la Ley de la Caza y la gestión cinegética del lobo —que la Justicia ha anulado en múltiples ocasiones— han sido frecuentes, incluida fuera de España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el año pasado que la Ley que permitía la caza de lobos era contraria a Derecho europeo. Ese mismo año, después de que el TSJ anulara el último Plan del Lobo, Suárez-Quiñones sostuvo que los jueces habían sido “engañados por el Gobierno”. No es el único punto de su política que ha sido cuestionado por la Justicia: el Tribunal Supremo confirmó este marzo la anulación del plan de residuos de Castilla y León porque se vulneró el derecho de participación constitucional.

También se ha cuestionado la parálisis de la Junta en gestión forestal, cuyo modelo se niega a cambiar e intenta solventar con más dinero público para las empresas privadas. En esta misma idea insistía hace solo unos días el presidente de la Junta de Castilla y León: el presupuesto para prevención se ha triplicado en tres años. Los sindicatos insisten en un cambio más grande, de modelo: que la apuesta sea por un modelo integrado por muchos más trabajadores públicos, más trabajos en invierno y con menos precariedad.

“Yo soy la Administración”

Suárez-Quiñones entró en política en el año 2012. Hasta entonces era juez en su León natal, cuando fue nombrado por el Gobierno de Rajoy subdelegado en esa provincia. Ya tenía cierta notoriedad local como juez decano gracias a sus buenas relaciones con la prensa. Su primer gran papel fue gestionar las movilizaciones mineras del 2012, en la que no le faltó mano dura para disolver piquetes. Tres años después ascendió a delegado del Gobierno, pero estuvo poco tiempo, ya que se incorporó a los pocos meses al gobierno de Juan Vicente Herrera como consejero de Fomento. Allí sobrevivió al cambio interno del PP y Fernández Mañueco le mantuvo como consejero cuando llegó al gobierno en 2019. Ciudadanos hizo un intento de veto en aquel gobierno de coalición—al querer imponer un límite de años en el cargo—, pero se quedó con las ganas.

En 2018 Suárez-Quiñones se vio envuelto en la Trama Enredadera, una investigación de la UDEF sobre una presunta trama de alteración de concursos públicos que finalmente se quedó en nada. El juez instructor situaba al empresario leonés de los medios y de la construcción José Luis Ulibarri, que fue condenado en 2022 a un año y medio de cárcel por el caso Gürtel y que confesó cinco delitos al pagar una mordida por hacerse con una parcela urbanizable en Boadilla. En ese sumario, había meses de escuchas telefónicas. En una de ellas aparecía una llamada de Suárez Quiñones a Ulibarri en la que le ofrecía hacerse cargo de la obra de una carretera, sin pasar por un proceso de licitación.

“Yo soy la Administración”, razonó el consejero en esa conversación, según se pudo escuchar en el audio pinchado por la UDEF. Una vez que se hizo público, Suárez-Quiñones se planteó actuar contra la Justicia, pero no dio ese paso. Suárez Quiñones no fue imputado a pesar de que la UDEF apuntaba a la comisión de presuntos delitos. Para el consejero “no tenía un pase” que la llamada apareciera en el informe policial aludiendo a posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos. Sus explicaciones de por qué llamó al empresario para ofrecerle la obra y no a las otras 98 que sí se habían presentado al concurso llevaron a toda la oposición a pedir su dimisión. Ese mismo año, descartó —en una entrevista a El Mundo— tener un operativo anti incendios todo el año porque sería “absurdo y un despilfarro”.

Suárez-Quiñones y los ecologistas

En 2022, el consejero vivió otro sus momentos más tensos: Castilla y León tuvo varios de sus peores incendios y fallecieron cuatro personas, entre ellas, un manguerista. Mañueco evitó Zamora durante días y, de hecho, entró por la puerta lateral de la iglesia cuando se celebró el funeral de Daniel y Victoriano, el bombero forestal y el pastor muertos en julio durante los incendios de Losacio. Poco después, Suárez-Quiñones justificó la gran virulencia de los incendios por la reducción de los trabajos selvícolas, agrícolas y ganaderos, los cambios en el uso del territorio y una “anormalidad extrema climática”. Remató su explicación buscando otros responsables, cualesquiera menos su propia gestión: “determinadas nuevas modas del ecologismo respecto a la limpieza de las riberas de los ríos dificultan la limpieza de los montes”. El titular de Medio Ambiente responsabilizó de los incendios a los ecologistas y sus “nuevas modas”.

El modelo de gestión (una pequeña parte pública y otra, mucho más grande, privada, repartida entre más de 30 empresas) también está en duda, con las constantes críticas de los sindicatos: no todo el operativo trabaja los 12 meses del año, se han sustituido muchos puestos de vigilantes de incendios por cámaras que a veces dan falsos avisos de conatos y que no dan toda la información que puede proporcionar un trabajador… El gobierno autonómico preveía en junio elaborar un decreto de guardias de incendios forestales, de cuya negociación se levantaron los sindicatos después de que se propusiera que solos dos agentes hicieran guardia de incendios en cada provincia. En León, por ejemplo, de punta a punta, hay más de 300 kilómetros y, si hubiera un incendio, la dotación tardaría mucho tiempo en llegar.

En octubre del año pasado, el PSOE (en la oposición) intentó tramitar una Ley de Bomberos Forestales para reconocer su figura y avanzar en el operativo, algo que frenaron PP y Vox porque la consideraban “un panfleto político”. Este mes de mayo, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! registraron una ley para reforzar a los agentes medioambientales. La norma, elaborada junto al sindicato CSIF, pretende crear un cuerpo específico, una Escuela autonómica y reclama que se les considere agentes de autoridad, entre otras.

El último reto de Quiñones es de hace escasas semanas, asumir la gestión del PP de León tras la dimisión de la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, de su presidencia. Suárez-Quiñones fue nombrado por Mañueco, presidente del PP de Castilla y León, a cargo de la gestora. En el partido hay quienes piensan que era una figura de centralidad entre los sectores enfrentados, pero otros opinan que tendría aspiraciones a seguir mandando. De momento no ha dado tiempo a saber sus intenciones.

Mientras tanto, los servicios de extinción de incendios están trabajando en lo que recordarán como uno de los peores años de sus vidas personales y carreras profesionales. En los últimos siete días, se han quemado más de 60.000 hectáreas en Castilla y León.