El Congreso se obsesiona con investigar: ocho comisiones en apenas dos años de legislatura

El Gobierno arrancó la legislatura con un complicado escenario parlamentario, una mayoría mínima, marcada por las exigencias de Junts, que ha frustrado un notable puñado de votaciones y que todavía atasca unas cuantas leyes pendientes de negociación. En ese mismo esquema, el Congreso ha registrado una asombrosa producción de comisiones de investigación, en la mayoría de los casos debido a la presión de los socios para poder abordar los asuntos que han ido marcando la actualidad política en estos dos años.

La actual legislatura va camino de marcar récords en este sentido. Si se activa finalmente la comisión de investigación sobre el caso de Santos Cerdán, registrada por el Partido Socialista tras el escándalo, habrá aprobado ocho iniciativas de este tipo y superará a la legislatura XII, con siete comisiones activadas, entre 2016 y 2019, la última con Mariano Rajoy al frente de la Moncloa, pero en la que el Parlamento ya había girado claramente a la izquierda.

En aquellos años, el Congreso aprobó comisiones de todo tipo, sobre la presunta financiación irregular del PP, el accidente del Alvia de Santiago, el siniestro del vuelo de Spanair en 2008, y también activó dos que nunca se llegaron a poner en marcha por el adelanto electoral, la del caso del máster de Cristina Cifuentes y otra sobre el proyecto Castor.

Solo dos llegaron a dar pasos significativos. La primera investigación sobre la brigada política en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz y otra sobre las consecuencias de la crisis financiera.

El Gobierno de Pedro Sánchez nació de hecho marcado por las peticiones de los partidos independentistas catalanes para poner en marcha una serie de comisiones de investigación, tal y como quedó pactado en el acuerdo que el PSOE firmó con ERC y con Junts para garantizarse la presidencia del Congreso, el primer paso que facilitó más tarde la investidura del líder socialista.

En agosto de hace dos años, después de las elecciones generales, el PSOE necesitaba los votos de los partidos catalanes para hacer presidenta de la Cámara Baja a Francina Armengol y dar un importante paso hacia la investidura. Para ello, los socialistas se comprometieron a varias cosas, la más significativa fue la de impulsar una reforma del reglamento para incorporar el uso de las lenguas oficiales tanto en los plenos como en las comisiones. Pero también aceptó reabrir la comisión de investigación sobre las llamadas cloacas del Estado, que después llevaría el nombre de Operación Catalunya, así como de otra para analizar los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A, una petición expresa de Junts.

Las ramblas y la teoría de la conspiración

Esas dos comisiones tardaron en ponerse en marcha, pero precisamente la de los atentados de Las Ramblas ha servido al partido de Carles Puigdemont como pista de aterrizaje para airear su teoría de la conspiración acerca de aquellos ataques terroristas. Sigue en marcha y aunque no se han celebrado muchas sesiones, en estos meses ha dejado algunas imágenes llamativas.

Entre ellas la comparecencia de uno de los yihadistas condenados, Mohamed Houli, que acudió al Congreso engrilletado. El preso se limitó a leer un papel en el que aseguraba que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había permitido que el imán de Ripoll “comiera la cabeza” a los jóvenes radicalizados de aquella ciudad.

Houli daba alas así desde el Congreso a la teoría conspirativa sobre la supuesta vinculación de la inteligencia española en la radicalización de los jóvenes de Ripoll por parte del imán Abdelkaly Es Satty. No es una teoría nueva, la iniciaron sectores marginales del independentismo, con la hipótesis de que los servicios de inteligencia no controlaron, ya fuera a conciencia o por descuido, a Es Satty para perjudicar al independentismo en vísperas a la consulta soberanista. Pero desde hace años ha ganado peso en las filas de Junts.

La abogada de Houni durante el juicio en la Audiencia Nacional, Carmen González de Lario, tardó pocas horas en desmentir a su antiguo cliente y advirtió del peligro de que hubiera sido manipulado. “Lo que ha manifestado tiene tintes claramente políticos”, dijo tras recordar que en ningún momento del procedimiento su cliente le comentó vinculación alguna de la célula con el CNI.

Algo más de brío ha tenido la comisión sobre la Operación Catalunya, que funcionará al menos hasta octubre. En ella se ha subsumido además otra de las que echó a andar gracias a esos acuerdos al inicio de legislatura: la que busca investigar el espionaje a líderes independentistas con el software Pegasus. Se llegó a constituir a principios del año pasado, pero nunca llegó a llamar a nadie y los grupos decidieron dejar que caducara para integrar las comparecencias en la que busca investigar el conjunto de las operaciones contra líderes políticos que llevó a cabo el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El expresidente del PP fue uno de los invitados estrella de esa comisión el pasado marzo. Acudió para asegurar que no tenía conocimiento de ninguna Operación Catalunya. También han pasado por allí varios de los ministros de su Gobierno, como Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o el recientemente imputado en otra causa Cristóbal Montoro. También acudió el número dos de Interior, Francisco Martínez, y uno de los miembros de esa brigada política, Eugenio Pino.

El apagón, la DANA y Santos Cerdán, pendientes

La comisión de la Operación Catalunya es sin duda la que más ha avanzado, igual que ya lo hicieron en anteriores legislaturas las comisiones sobre las operaciones de Interior en el Gobierno de Rajoy contra rivales políticos, las sucesivas sobre Kitchen o la que abordó directamente el funcionamiento de aquella mal llamada brigada patriótica. Esa comisión funcionará al menos hasta octubre y es probable que se puedan redactar algunas conclusiones para su aprobación en pleno.

El Congreso también activó una investigación para analizar los contratos de mascarillas de todas las administraciones durante la pandemia, una especie de comisión espejo de la que había creado el Senado para el ‘caso Koldo’ que acababa de estallar en aquellos momentos. Por ella han pasado diferentes cargos autonómicos, los partidos del bloque de la investidura intentaron que esta comisión sirviese para abordar algunos casos relacionados con administraciones del PP en Almería o Galicia y la oposición forzó la comparecencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o del president de Catalunya, Salvador Illa. Estuvo en marcha unos dos meses en total y los grupos la dejaron morir sin extraer conclusiones.

En los últimos meses, los grupos del Congreso han llegado a acuerdos para activar más comisiones. Lo hicieron para analizar la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana. Esa comisión se aprobó y ya está constituida, ahora los grupos deben ponerse de acuerdo para pactar una lista de comparecientes con la gran duda de si algunos socios parlamentarios tratarán de forzar la comparecencia de Pedro Sánchez en esa instancia, tal y como pide la derecha. La comparecencia de Sánchez fue un gran punto de conflicto entre Compromís y Sumar durante la redacción de los trabajos. El desenlace del choque terminó con una de sus diputadas, Àgueda Micó, de la rama de Més, en el Grupo Mixto.

Recientemente también se aprobaron dos comisiones distintas, una impulsada por el PP y otra por el PSOE, para analizar las causas del gran apagón que sufrió el país el 28 de abril. Y los socialistas ya han registrado una especial para dilucidar el origen, las ramificaciones y el alcance de la supuesta corrupción de la trama de el exdirigente del partido Santos Cerdán. El impulso de esa comisión fue una de las medidas que tomaron los socialistas para tratar de salir de la crisis política en la que ese caso ha colocado al Gobierno. Está registrada y seguramente irá a uno de los plenos ordinarios previstos para septiembre. En las últimas semanas, Sumar ha propuesto una más sobre las supuestas irregularidades de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda.

El Senado también ha usado las comisiones de investigación como ariete contra el Gobierno. Además de la del caso Koldo, el PP ha impulsado con su mayoría absoluta una sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, otra propia sobre el apagón y también una sobre la DANA.

La mayoría de expertos e incluso los propios partidos políticos suelen ser escépticos sobre los resultados de este tipo de comisiones. La mayoría quedan en nada y las que llegan a redactar conclusiones tampoco aportan mayores novedades a los procesos que la mayoría de las veces ya están siendo investigados por la Justicia. Pero los partidos suelen usarlos como tribuna para exhibir las contradicciones de los políticos que acuden a comparecer, como se ha visto con la Operación Catalunya.

En el caso del Congreso, esta proliferación de comisiones no deja de ser un síntoma de los problemas que ha tenido el Gobierno para dar impulso a su agenda legislativa. Una idea contra la que el Gobierno trata de rebelarse. El presidente aseguró en su última comparecencia del curso que está dispuesto a agotar el mandato, confiado en que los socios seguirán manteniendo su apoyo para sacar su agenda legislativa. Y si no, mientras dure la legislatura, los diputados siempre podrán seguir investigando en las comisiones.