El puerto de València se niega a hacer público el informe de Hacienda que detectó irregularidades por riesgo de «manipulación»

La Autoridad Portuaria de Valencia sigue sin querer hacer público el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectó irregularidades en la entidad pública que preside Mar Chao. Chao, que no entregó el documento a los consejeros del puerto pese a facilitar otros similares, ha dado exiguas explicaciones sobre el contenido del mismo, alegando siempre que hay casos vinculados en manos de la justicia.

La nueva negativa del puerto ha sido esta vez a un periodista de elDiario.es que, a través del Ministerio de Transortes y amparándose en la ley de Transparencia, solicitó el documento para conocimiento e información a la opinión pública al tratarse el puerto de una entidad de derecho público. Pero la actitud de la Autoridad Portuaria de València ha sido la misma, dar un portazo a la transparencia.

Entre los argumentos utilizados por los servicios jurídicos para denegar la entrega del documento oficial, incluso aunque fuera anonimizado, el puerto asegura el informe de la IGAE “pasaría a integrarse de manera inmediata en el denominado circuito público”. “Esta circunstancia la haría susceptible de ser divulgada, incluso manipulada o utilizada con fines ajenos a los inicialmente previstos, lo que podría derivar en un uso indebido o distorsionado de su contenido”, prosiguen, un argumento que, de facto, impediría la divulgación a través de los medios de comunicación de cualquier documento de la administración y, por lo tanto, del conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía.

“Tal situación -abundan en el puerto de València- no solo comprometería la confidencialidad y el tratamiento adecuado de dicha información, sino que también generaría un escenario en el que resultaría prácticamente inviable para esta APV, así como para los trabajadores directamente afectados, revertir o mitigar los posibles daños ocasionados. La divulgación inadecuada de esta información podría conllevar consecuencias significativas, especialmente en el marco de los procesos en vía jurisdiccional social previamente mencionados, afectando su desarrollo normal, objetividad y legitimidad”. La negativa se produce, incluso, aunque se anonimizaran los datos personales como hace la administración de justicia que publica todas sus sentencias anonimizando a los afectados.

Un segundo de los argumentos planteados por la APV es que el informe no lo ha elaborado el Puerto de València, sino el Ministerio de Hacienda. “Se trata de una documentación cuya autoría y competencia material corresponde a un tercero ajeno a este Organismo, y cuya presencia en nuestros archivos obedece a razones instrumentales o de mera tenencia administrativa, pero en modo alguno a una actuación o función atribuible a esta entidad”. Es decir, para los abogados del puerto de València, un documento de Hacienda con datos relevantes sobre posibles irregularidades detectadas en el puerto no lo puede facilitar a la ciudadanía ni la entidad afectada. Es más, de cara al conocimiento de la opinión pública, entienden en la APV que la difusión de la misma solo se puede hacer desde la propia autoridad cuestionada. El posible incumplidor es el que explica el incumplimiento. Sin intermediarios periodísticos o ciudadanos.

El tercer argumento que propone la APV es la colisión con procesos judiciales en marcha y vinculados a la resolución, siempre según la versión del puerto. “Se ha de hacer constar que existen varios procesos judiciales en sede de lo social que están pendientes de celebración. En el primero de dichos procedimientos, por providencia de 20 de junio de 2025, se ha rechazado la aportación de este mismo informe considerando que resulta innecesario y considerando adicionalmente, respecto de otros datos que pueden quedar reflejados en el informe de la IGAE, que no ha lugar a acceder a lo solicitado, toda vez que el mismo podría contener datos que pudieran afectar a la intimidad de la interesada”, argumenta.

Por tanto, concluyen, “se hace patente la necesidad de adoptar un enfoque restrictivo y responsable en relación con el acceso y difusión de la información, priorizando siempre la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas, la preservación de la integridad de los procedimientos legales en curso y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas competentes, considerándose que debe prevalecer la protección de la documentación solicitada frente a su divulgación”.

El informe del puerto de Tenerife se hizo público

Es bastante habitual que los informes sobre cumplimiento que la IGAE hace a los puertos españoles y a otras administraciones se hagan públicos a través de los medios de comunicación. Sin ir más lejos, el mismo informe que oculta el puerto de València se hizo público del puerto de Tenerife. Es este caso, la IGAE denunciaba que en la autoridad portuaria tinerfeña había habido casos de enchufismo y gastos de alojamiento inadecuados, al parecer, prácticas similares a las acontecidas en la base portuaria valenciana. De momento, los ciudadanos seguirán sin poder acceder a la verdad.