La falta de bichos muertos en tu parabrisas te grita: “¡Peligro!”

Una terrible ola de incendios arrasa bosques por toda España, ha matado ya a tres hombres, a rebaños y caballadas, destruido parajes patrimonio de la humanidad como Las Médulas, carbonizado 115.000 hectáreas y puesto el foco sobre la bajada de inversión en prevención y la precariedad de los bomberos.

Consejeros del PP justifican no pasar a la acción de inmediato diciendo que tienen “la mala costumbre de comer” y el ministro Puentes destaca que “ninguna emergencia les pilla trabajando”. Todo en plena ola de calor europea por la acelerada destrucción del clima que los neofascistas de Vox y populares como Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso siguen negando, igual que en su día Aznar y Rajoy, pese a la estruendosa acumulación de evidencias.

Los testimonios doloridos de vecinos y alcaldes, las indicaciones a gritos de los luchadores antiincendios –profesionales y voluntarios– entre las altas llamas, el crepitar del fuego entre las bocanadas de aire que lo avivan son un clamor que se impone en la prensa, radios, televisiones y conversaciones en casas, bares y también en los coches donde familias se trasladan por vacaciones. En este contexto, al parar a repostar, en una gasolinera de la árida meseta, mi pareja me pregunta ante nuestros hijos: “¿Recuerdas cómo se llenaban los parabrisas de bichos muertos cuando viajábamos de chicos?”.

De pronto veo en flashback, no solo el cristal, sino el capó, los faros, ese enrejado de plástico en el morro de los coches cuyo término mecánico ignoro, lleno de los cadáveres de bichos diversos, como puntas de alfiler o más gruesos. ¿Por qué ya no están? ¿En qué momento han desaparecido desde que los niños de los 80 que volvíamos al pueblo familiar atravesábamos la península en Seat Pandas y Fords Fiestas por carreteras nacionales de doble sentido, con tantos camiones como baches, y en cuyos arcenes parábamos a menudo porque salía humo del radiador?

La estampa de esos asfixiantes viajes, con las ventanillas bajadas a manivela, a falta de aire acondicionado, es la de un país que ha progresado mucho con la democracia y la integración en la Comunidad Económica, luego Unión Europea. Pero la abrumadora falta de insectos no es signo de adelanto, sino, al contrario, un desastre contra el que científicos y ecologistas claman pues es síntoma del mortífero uso de pesticidas que están envenenando nuestra naturaleza y a nosotros mismos.

Tragando venenoso glifosato

La cantidad de insectos voladores en el mundo ha caído un 75% en 25 años por el aumento en un 80% de los pesticidas, entre los más vendidos y peligrosos de los cuales destaca el glifosato. Es un peligro porque, de un lado, entre esos insectos están las polinizadoras abejas, sin cuya labor cae la producción agrícola natural y la biodiversidad. Pero es que, además, la Agencia Española Alimentaria, en un estudio de hace menos de un año, encontró más de 100 plaguicidas distintos en los alimentos y eso que en España no se buscan restos de glifosato, a diferencia de en 25 de los 30 países que evalúan rastros.

¿Cómo es posible que una autonomía vitivinícola de excelencia como La Rioja acabe de levantar este agosto el veto al glifosato? ¿Cómo que la España de gobierno progresista PSOE-Sumar no lo prohíba pese a la propuesta del grupo de Yolanda Díaz? ¿Cómo que la Unión Europea ampliara en 2023 su uso hasta el 2033 cuando la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (OMS-ONU) lo considera “probable carcinógeno”? ¿Por qué España sigue entre los perpetuadores del uso de este veneno en nuestros campos frente a países que aplican restricciones como Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo?

Es una posición intolerable cuando los efectos nocivos para la salud ya han quedado establecidos por sentencias como la de este mismo marzo por la que un jurado popular de Georgia (EEUU) ya ha condenado al grupo alemán Bayer, productor del herbicida con glisofato Roundup, a indemnizar con 2.065 millones de dólares (1.900 millones de euros) a un afectado por cáncer y han quedado evidenciados también por las indemnizaciones millonarias que Bayer-Monsanto paga desde 2020, pese a no reconocer sus efectos cancerígenos.

Protegernos del imperialismo agrícola

Después de que 150 organizaciones pidieran al presidente Pedro Sánchez que votara contra la ampliación de uso por una década del glisofato en la UE, lo que la parte socialista del Gobierno español desoyó, a finales de 2024 Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología y otras entidades se reunieron con el Ministerio de Agricultura y le pidieron que, al menos, España cumpla el Reglamento 2023/2660, que insta a los estados a “reducir al máximo o prohibir los usos no agrícolas del glifosato en zonas sensibles”, algo que podría rebajar en un 70% la presencia de este veneno.

Empezar por quitar este contaminante, no solo relacionado con el cáncer, sino también con el Parkinson y las malformaciones fetales, de esas “zonas sensibles” que la normativa específica como parques y jardines públicos, campos de deporte y áreas de recreo, espacios escolares y de juego infantil, así como de las inmediaciones de centros de salud y hospitales es un objetivo más que razonable, necesario y urgente para proteger a la gente.

Claro que el poder político, los representantes de los intereses ciudadanos, topan con una fuerza enorme y bien camuflada de la que solo algunos hablan: el imperio agrícola mundial, esas empresas Bayer-Monsanto, BASF, Syngenta-Chem China, Corteva, cuatro manos, que controlan ¡el 70% de los agroquímicos/pesticidas del planeta y el 57% de las semillas (solo Bayer tiene el 23%)! Hace 25 años poseían el 29% y 21%, respectivamente. Amenazas invisibles de las que no nos defiende hinchar los presupuestos bélicos; amenazas silenciadas por quienes no quieren que veamos la señal de alerta de la desaparición de los insectos.