Los contratos bajo sospecha del ‘caso Odín’ en Puerto del Rosario: empresas de la familia de la concejala y retirada de dinero en efectivo

La Fiscalía Anticorrupción investiga una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. En el centro del bautizado como caso Odín está la concejala María de la Peña Armas, del partido Fuerteventura Avanza, por el posible uso “abusivo y fraudulento” de los contratos menores y de emergencia para “favorecer” a su familia y amigos. El Ministerio Fiscal ha detectado irregularidades en 36 contratos públicos que suman más de un millón de euros. 29 de ellos (956.653 euros) fueron adjudicados a empresas de primos de la edil y, en muchos casos, en contra del criterio del interventor. Entre los investigados están la concejala, varios empresarios y el arquitecto municipal.

Después de recibir los ingresos, apunta la investigación, los empresarios retiraban el dinero en efectivo. Lo hacían el mismo día o pocos días más tarde. Unas veces sacaban el pago completo. Otras, pequeñas cantidades. Por ello, la Fiscalía estudia también si el dinero recibido por el Ayuntamiento era reintegrado por parte de los empresarios en favor de la financiación irregular del partido de Peña Armas, Fuerteventura Avanza.

Del total de contratos recogidos en el escrito de la Fiscalía, 16 fueron adjudicados a Cipriano Armas, primo de la edil, por un total de 522.272 euros y propietario de las empresas Codeplag Canarias, Tuercón Canarias y copropietario de Montaña del Silvo. Otros siete fueron adjudicados a Lorena Brito, su pareja. Así, entre 2020 y 2023, los dos obtuvieron un total de 732.283,87 euros de dinero público que el Ayuntamiento ingresó en la misma cuenta bancaria.

El padre de Lorena Brito y suegro de Cipriano Armas, Alberto Brito, recibió contratos por 61.244,78 euros. Las empresas Ocios Armas Canarias y Montaña del Silvo, propiedad de Sergio Armas, fueron adjudicatarias de diferentes servicios por un valor total de 132.396,59 euros. Su pareja, Dagmara Ewelina, contratada en Ocios Armas Canarias, obtuvo 93.666,96 euros.

Los contratos

Uno de los contratos recogidos en el escrito de 95 páginas del fiscal Javier Ródenas data del 19 de abril de 2021 y tiene como objeto la ejecución de reductores de velocidad en la zona de Los Estancos. Las cuatro empresas invitadas a participar están relacionadas entre sí. Todas son propiedad de Cipriano Armas, su hermano Sergio Armas, y de su pareja, Lorena Brito.

El Ayuntamiento envió el 12 de abril de ese año la invitación a las empresas para participar en el concurso. El plazo para presentar las ofertas terminaba tres días más tarde. “Las licitadoras contaban solo con tres días para estudiar el proyecto de obra, las prescripciones técnicas, el estudio económico o el documento técnico que correspondiese, y los criterios de valoración”, apunta la Fiscalía.

El proyecto fue adjudicado a Tuercón Canarias por 26.910 euros. El interventor emitió un reparo, porque no quedaba acreditada la urgencia que permitiera al Ayuntamiento apartarse del procedimiento de contratación ordinaria y recurrir a la vía de emergencia. El reparo fue levantado a iniciativa de un informe de la propia María de la Peña Armas. Días después de que se ingresara en la cuenta bancaria del empresario el pago del servicio, se procedió a la retirada de la totalidad del importe recibido.

Este modus operandi se repitió los años siguientes. También durante la pandemia de coronavirus. En febrero de 2021 se adjudicó por la vía de emergencia a la empresa Codeplag Canarias, de Cipriano Armas, un contrato de 33.658,99 euros para la limpieza y desinfección de todos los vehículos y dependencias municipales “como medida de protección” frente a la COVID-19.

Según apunta el fiscal, no se pidieron ofertas a otras empresas, por lo que debía haberse explicado por qué esta era la única que podía prestar el servicio. “No existe justificación documental, facturas, documentación contable, informes de servicios, garantizando que la prestación se ha realizado de conformidad a lo previsto”, añade.

Esta misma empresa presentó el 18 de noviembre de 2020 un presupuesto en concepto de “servicio de limpieza y desinfección” por un importe de 36.358,60 euros. La documentación presentada por Codeplag recogía que el servicio se prestaría dos veces por semana desde la adjudicación en noviembre de ese año, hasta diciembre del mismo. Sin embargo, indica la Fiscalía, en ese momento el Ayuntamiento aún no había publicado ni el presupuesto base del contrato, ni la fecha en la que comenzaría la adjudicación.

La empresa de Cipriano Armas incorporó en este procedimiento diplomas de diferentes personas, entre ellos el suyo, de formación en control de “organismos nocivos (COVID-19)”. Este diploma fue expedido un día antes de presentar el presupuesto al Ayuntamiento y tras haber completado tres horas teóricas de un curso online.

Prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias

Según la Fiscalía Anticorrupción, estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración. Los datos recabados por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) apuntan a que los investigados “se han concertado para llevar a cabo, mediante el sistema de contratación menor, una serie de operaciones en beneficio exclusivo de los primos hermanos y amigos de la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario”.

El método empleado, subraya el Ministerio Público, pasaba por tramitar expedientes de contrato menor invitando a un mínimo de tres empresas o profesionales que “se ejecuta solo en apariencia formal”. “Las invitaciones tan solo son instrumentales, para dar la apariencia de un cumplimiento formal de la legalidad, cuando lo decisivo es que la adjudicación estaba ya decidida de antemano”, reza el escrito.

El Ayuntamiento encadenaba, siempre según el escrito de la Fiscalía, diferentes contratos menores con las mismas personas, utilizando un “difuso e inconcreto” objeto del contrato, que generaba “falsas necesidades administrativas y favorecía la alternancia en la prestación de los servicios y obras contratados”.