20 años de política de Feijóo con el fuego: de la foto falsa de la Nasa a las «muertes del bipartito» y las «tramas incendiarias»

20 años de política de Feijóo con el fuego: de la foto falsa de la Nasa a las «muertes del bipartito» y las «tramas incendiarias»

El líder del PP pasó de manipular cifras de hectáreas quemadas y fotografiarse con manguera, náuticos y camisa cuando era oposición a, tras llegar a la Xunta, esquivar su responsabilidad culpando de arrasar el monte a una supuesta «mafia terrorista» cuya existencia nunca se pudo demostrar

Hemeroteca – Feijóo, oportunismo político con cada catástrofe desde 2006

Hay otra foto que también persigue a Feijóo. En esta, tomada tierra adentro, no tiene crema solar en el hombro ni lo acompaña un narcotraficante. El Feijóo de 2006 —aún con las gafas que perdió poco después de llegar a Madrid— viste vaqueros, camisa de manga larga con los puños doblados, reloj y pulseras de cuero a la vista, y náuticos sin calcetines. En las manos lleva una manguera de jardín; con el pulgar derecho presiona la boca para que la presión aumente y salgan varios chorros. Fue su aportación, desde la oposición, a una campaña de incendios en Galicia que dejó cuatro fallecidos, decenas de miles de hectáreas quemadas y en las que probó algunas de las tácticas de guerra sucia que usaría años más tarde para derrocar al bipartito. Eso incluía la utilización política de las víctimas, algo de lo que tuvo sobrada ocasión de arrepentirse cuando la Xunta que presidía fue condenada por la muerte de dos brigadistas que luchaban contra las llamas.


Feijóo riega unos rescoldos con una manguera de jardín durante la ola de incendios de 2006 en Galicia

“Yo no iba a apagar fuegos. Otra cosa es que, en esa foto, es evidente que lo estaba haciendo”. Doce años después, Feijóo admitía ante un Jordi Évole que no dejaba de cuestionar su outfit que la estampa fue “una metedura de pata, claramente”. El hoy líder del PP recuerda que estaban haciendo “un directo” cuando “hubo un rebrote” y “una persona” le pasó la manguera. “Una ingenuidad”, insiste. Évole, escéptico, no acaba de creérselo: “Pero usted ve la manguera y dice: ‘Hostia, qué fotón va a salir mañana en la portada de La Voz de Galicia’”. Su interlocutor se enroca: “Ya la he calificado, es una forma de meter la pata bastante intensa”.

Feijóo llevaba algo más de medio año al frente del PP gallego pero no era ni mucho menos un recién llegado a la política. Más que una ingenuidad, lo que allí se plasmó fue el nacimiento de un estilo. La gran ola de incendios de 2006 duró doce días, entre el 3 y el 15 de agosto, un período en el que arrasó entre las 77.000 hectáreas admitidas por la Xunta y las 92.000 estimadas por el CSIC. Cualquiera de las dos cifras están a años luz de la que denunció Feijóo. El entonces líder de la oposición llegó a apelar a la NASA para elevar la superficie afectada hasta las 175.000 hectáreas. Después acabaría admitiendo que la cuenta no la había hecho la agencia espacial americana, sino una web que analizó las fotos captadas por sus satélites. Tras arrojar los números, Feijóo escondía la mano: “Espero que este dato no se confirme”. No lo hizo, pero la mercancía averiada había comenzado a circular.

Los palos en las ruedas a esa inusual campaña de incendios, la primera que no gestionaba el PP en casi dos décadas, comenzaron desde su misma puesta en marcha. El PP de A Coruña remitió una instrucción a sus alcaldes para que boicoteasen la puesta en marcha de las brigadas municipales de incendios, que se activaban por convenio con la Xunta. La firmante era la entonces secretaria de Organización, María Faraldo, impulsada a número dos del partido en la provincia por Romay Beccaría, mentor tanto de Feijóo como del líder de los populares coruñeses: el regidor de Ferrol, Juan Juncal, que acababa de fichar para su equipo a un joven prometedor con pasado en el activismo nacionalista. Su nombre, Miguel Tellado.

“Con nosotros no moría gente en los incendios…”

En su escrito, Faraldo admitía que “no parecía” que las “diferencias” entre las condiciones del bipartito y las marcadas por los gobiernos de Manuel Fraga tuvieran “suficiente entidad” como para “justificar” una “decisión de los ayuntamientos del PP de no firmar los convenios”, sobre todo porque “si hubiera muchos incendios, la Xunta intentaría responsabilizar al PP ante la opinión pública por esta decisión”. Por tanto, proponía obstaculizar el proceso utilizando una “estrategia” basada “en la dilación pero no en la negativa”.

Cuando, en plena ola de incendios, la Cadena SER desveló la carta de Faraldo, la cúpula del partido cerró filas con ella. Feijóo redujo aquella instrucción a un “párrafo infeliz” que socialistas y nacionalistas utilizaban para “criminalizar a la oposición”. El hoy presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, era entonces el secretario general de los populares gallegos y dio su apoyo “absoluto” a la carta. Llegó a lamentar que los socios de gobierno buscasen una “cortina de humo” para su gestión con esa instrucción interna.

Faraldo resultaría elegida alcaldesa de Betanzos, un municipio coruñés, al año siguiente, en unas elecciones municipales que tuvieron un pistoletazo de salida muy anticipado. Cuatro meses antes de la cita con las urnas, en un acto en el que Mariano Rajoy —presidente del PP— pidió abiertamente el voto para los populares, Feijóo lanzaba la precampaña con otra de esas frases que tal vez hoy, sentencia judicial mediante, definiría otra vez como una ingenuidad, o como una metedura de pata: “Con nosotros no moría gente en los incendios y, con ellos, cuatro personas”.

24 horas después del inicio de la gran ola de fuegos de 2006, el viernes 4 de agosto, dos mujeres —una madre y su hija— sufrieron un pequeño accidente en su coche en Cotobade (Pontevedra, hoy Cerdedo-Cotobade). Lo que en otra situación supondría un simple trastorno, fue suficiente para que el vehículo quedase cercado por las llamas. Ambas murieron asfixiadas por el humo, lo mismo que le sucedió días después a un hombre de 70 años que luchaba contra un foco en Campo Lameiro. El funesto balance se cerraba con otro septuagenario fallecido en A Cañiza, también en la provincia pontevedresa. Murió con el 25% del cuerpo quemado, al parecer, tras caer mientras intentaba defender su casa de un incendio.

No era la primera vez que Feijóo había intentado utilizar políticamente esas muertes. Un mes después del fin de la ola de fuegos, miles de personas —entre 12.000 y 20.000, según las fuentes— se manifestaron contra la gestión del bipartito. Convocaba la plataforma SÓS contra o lume, un doble sentido entre la señal internacional de socorro y la palabra “solos” en gallego. El PP quería convertir los incendios en el Prestige de aquel gobierno y necesitaba su propia Nunca Máis. No lo consiguió, entre otros motivos, porque la conexión entre la entidad y el partido era demasiado evidente. Su portavoz era el regidor popular de Barro (Pontevedra). En la movilización participaron, además de Feijóo y un Rajoy que llegó tarde, Ana Pastor, los presidentes de las diputaciones de Ourense y Pontevedra —Baltar padre y el actual presidente de la RFEF, Rafael Louzán—, diputados europeos y hasta el expresidente de la Xunta, Fernández Albor. Aquel día, el manifiesto final lo leyeron la hija y nieta de las fallecidas en Cotobade.

…y si muere, es terrorismo

Pero ante el fuego todas las imprudencias se pagan. También las verbales. El 12 de agosto de 2010, un año después de que el PP regresase a la Xunta, dos brigadistas de 27 y 35 años fallecieron en un incendio forestal en Fornelos de Montes (Pontevedra). Y esa vez sí existió responsabilidad del Gobierno autonómico. Fue lo que sentenció en 2017 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar que el “deficiente funcionamiento de los servicios públicos” influyó en el fatal desenlace.

Poco después de esa sentencia, tras un verano razonablemente tranquilo, octubre vivió una terrible oleada de fuegos que llevó las llamas incluso a las calles de Vigo. En ese otoño fatídico otras cuatro personas perdieron la vida en apenas 24 horas: dos octogenarias atrapadas en un vehículo en Nigrán (Pontevedra); un vecino de Carballeda de Avia (Ourense), de 78 años que trataba de salvar a sus animales y otro hombre, de 70 años, en Vigo, que cayó por un terraplén mientras usaba una manguera para sofocar el fuego de la casa de una vecina.

Con el PP también morían personas en los incendios y la respuesta de Feijóo fue, de nuevo, fiel a su estilo: decretar tres días de luto oficial en Galicia y pagar una campaña en la prensa en la que, a toda página, junto a una bandera gallega con un crespón negro se leía: “Galicia con las víctimas. Galicia contra el terrorismo incendiario. Galicia con los equipos de extinción”. Días después, en el Parlamento gallego, Feijóo respondía a las críticas del BNG por la respuesta de la Xunta a las llamas: “Puedo cometer errores, sin duda. Pero nunca diré que la culpa es de un partido político por estar detrás de los fuegos forestales”. 2006 quedaba cada vez más lejos.

Como las cosas no se ven igual desde el gobierno que desde la oposición, regresar al poder había hecho que Feijóo apostase por desviar el foco. Si Galicia seguía ardiendo ya no había que buscar la responsabilidad en el ejecutivo autonómico: el fuego se convertía en un problema de orden público. “Tramas terroristas organizadas” eran las que se encargaban de quemar el monte sin que, en un principio, el Gobierno de Zapatero ni el Ministerio del Interior de Rubalcaba hiciesen nada para impedirlo. En aquel 2017, el gobierno amigo de Mariano Rajoy llevaba seis años en el poder, pero en aquellos anuncios sólo se le mencionaba para agradecerle su apoyo ante la tragedia.

También en eso el hoy líder del PP se mostró como un aventajado alumno de Romay Beccaría. En la década de los 90, con el futuro ministro de Sanidad dirigiendo la Consellería de Agricultura de Fraga, la Xunta ya había empezado a defender las tesis de las “mafias incendiarias”. Una posibilidad a la que incluso llegó a aferrarse el bipartito en los momentos más duros pero que, todavía hoy, sigue sin demostrarse. Ni los expertos universitarios, ni los investigadores policiales en gobiernos de distinto color ni los informes de la Fiscalía especializada—dirigida durante años por el actual Fiscal General, Álvaro García Ortiz— han encontrado nunca pruebas de su existencia.