«El ambiente es un infierno»: el día a día de uno de los centros de menores más conflictivos de Andalucía

El centro de internamiento de menores infractores (CIMI) Tierras de Oria, en Almería, vuelve a situarse en el centro de la polémica. Considerado desde hace años uno de los centros más conflictivos de Andalucía, no ha dejado de arrastrar problemas desde la muerte de Iliass Tahiri, el joven de 18 años que falleció atado bocabajo a una cama en mayo de 2019. Aquello se saldó con cuatro años de cárcel para cuatro trabajadores y marcó un antes y un después en el funcionamiento del recinto. Seis años después, lo que se denuncia ahora no son malos tratos a los internos, sino un clima que hace insostenible el trabajo para las personas que cada día acuden allí para cumplir su jornada laboral.

Parte de las denuncias las firma el sindicato CCOO que, a través de una circular interna, ha puesto sobre la mesa agresiones físicas y psíquicas al personal, reclamando medidas de protección que, según insisten, no son las adecuadas para un centro de estas características. Desde fuera, el hermetismo es absoluto. Nadie que trabaje hoy allí quiere hablar, ni siquiera con el anonimato garantizado, por miedo a perder su empleo. Solo un antiguo trabajador accede a relatar lo que ocurre, con un nombre falso y dejando claro que la discreción es absoluta. “Al que diga algo, lo echan”, zanja nada más empezar.

“Antes ya era duro. Ahora es un infierno”

El testimonio de este extrabajador, al que renombraremos como Luis y que durante años estuvo dentro del centro, dibuja un lugar sin apenas control efectivo, con un personal agotado y en tensión constante, que les lleva a darse de baja habitualmente. “Antes ya era duro. Ahora es un infierno”, resume. Asegura que los perfiles que llegan allí son “el 95% violentos”, con varios procedimientos judiciales abiertos cuando pisan por primera vez Oria. Y matiza algo que muchas veces no se entiende desde fuera: “Aquí no hay chavales de 14 o 15 años. Por la ley del menor, quien comete un delito con 17 o 17 y medio puede terminar cumpliendo condena hasta los 21 o 22. Incluso hay internos con 25 o 26 años. Con un metro noventa, fuertes, que han pasado por la calle y saben perfectamente cómo manejar la situación”.

El relato de este trabajador coincide con lo que en ocasiones trasciende a través de partes médicos o filtraciones. “Hace poco a un compañero le tuvieron que dar tres puntos debajo del ojo. Un menor le pinchó. Si le llega a dar un poco más arriba, le saca el ojo. En el parte pusieron que había sido accidental”. Otro caso: “Un chaval desmontó un futbolín, lo destrozó y empezó a golpear. El compañero terminó con la mano chorreando de sangre de los cristales antivandálicos. Eso son cortes que ni ves venir”.

Preguntado por la plantilla, asegura que está compuesta casi en el mismo número que cuando él trabajaba, aunque ahora con la mitad de internos (cuenta con 116 plazas y actualmente hay alrededor de 70 jóvenes) desde que bajó la ocupación tras la pandemia. “Pero el problema no es cuántos hay, sino qué perfiles entran. Antes se repartía a los más conflictivos por distintos módulos. Ahora, por decisiones de la dirección, los han juntado a todos en el mismo. Así pasan las cosas que pasan”, explica. De fondo, sobrevuela siempre el temor a represalias. “Nadie quiere hablar. Y los sindicatos, que deberían sacar esto, están también amarrados. El que se mueva, va fuera”. Este medio, sin ir más lejos, ha intentado hablar con otros trabajadores sin éxito.

El comité defiende la normalidad

Ginso, la entidad madrileña que gestiona el centro desde hace años mediante una concesión de la Junta de Andalucía, evita responder directamente a las acusaciones que sindicatos y trabajadores hacen sobre el ambiente de trabajo. Por el contrario, basan su postura en la que emite el comité de empresa que, a través de un escrito, defiende la situación actual del centro. Según el documento remitido a este periódico, “no existe ningún incremento de conflictividad ni de conductas de vejaciones o agresiones al personal”, y el clima es de “absoluta normalidad”, con cifras similares a las de otros años o a otros centros de reforma juvenil.

El comité señala que el CIMI Tierras de Oria cuenta con un programa de formación obligatoria para el personal, vigilancia mediante cámaras, dispositivos antipánico y once vigilantes de seguridad por turno, además de protocolos específicos en caso de situaciones graves. También insisten en que cuando se produce un episodio violento se activan los mecanismos de apoyo, desde la atención médica al acompañamiento jurídico y psicológico.

Aprovechan, además, para deslizar que estas denuncias podrían estar relacionadas con el momento actual del contrato: “Consideramos que la información difundida responde a intereses particulares en un momento clave de decisión sobre la prórroga y concurso de gestión con la Junta de Andalucía”, sentencian en su nota.

La Junta descarta problemas de fondo

Por su parte, la Consejería de Justicia, responsable última del servicio, niega que haya un problema estructural. Fuentes oficiales aseguran que el contrato con Ginso sigue vigente y se va a cumplir. Recuerdan que, desde la pandemia, el centro está a la mitad de su ocupación habitual porque han bajado las medidas impuestas por los juzgados de menores, algo que afecta a toda Andalucía. “Eso significa que ahora hay el doble de personal para la mitad de internos, no más carga de trabajo ni saturación”, señalan.

De hecho, la propia bajada de población llevó recientemente al comité de empresa a pedir una reunión con la Dirección General para expresar su temor a un posible cierre. “En ese encuentro no trasladaron ninguna cuestión de inseguridad ni problemas de gravedad, solo su preocupación por el futuro del centro. Se les garantizó que seguirá abierto”, añade la Consejería.

Sobre los casos concretos que han trascendido, desde el Gobierno andaluz admiten que hace poco hubo un incidente “que salió de lo habitual”, pero remarcan que el centro dio cuenta, se pidió un informe y se realizó una visita sin previo aviso. “No se nos ha trasladado que esto ocurra de manera frecuente”.

Detrás de todo, Luis, el extrabajador que ha participado en este reportaje, cree que hay mucho más que una simple huida hacia adelante de la empresa y el Gobierno andaluz. “Ginso lo que tiene ahí es un negocio. No hay un proyecto serio de reinserción. El 95% de los chavales que pasan por Oria terminan después en prisión. Pero mientras haya contrato con la Junta, van a cuidarse mucho de que no salga nada que moleste”.

Mientras tanto, en uno de los centros de menores más conflictivos de Andalucía el día a día no calma las aguas: denuncias sindicales, un comité que insiste en la normalidad, una administración que subraya el control permanente y trabajadores que prefieren el silencio para no perder su empleo. Hasta que, según denuncian quienes trabajan en Tierras de Oria, pase algo peor. Algo que quieren evitar a toda costa, aunque el miedo a ser señalados les impida hablar con tranquilidad.