
La consultora de la pareja de Ayuso factura la mitad y contrata personal tras su escándalo de fraude fiscal
González Amador se paga un dividendo récord de 1,22 millones tras recortar su empresa Maxwell Cremona sus ventas un 49,9% en 2024, hasta 944.836 euros; la empresa, que no tenía personal, contrata por primera vez trabajadores al dar de alta a cinco empleados
La Abogacía del Estado pide tres años y nueve meses de cárcel para la pareja de Ayuso en el caso de fraude fiscal
Maxwell Cremona, la consultora de calidad sanitaria de Alberto González Amador, redujo a la mitad sus ventas y contrató por primera vez personal en el ejercicio 2024, cuando trascendió el escándalo de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Las cuentas anuales de 2024 que la principal empresa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de remitir al Registro Mercantil reflejan una drástica caída de las ventas de esta micropyme el pasado ejercicio: del 49,9%, hasta 944.836 euros.
El bajón en la facturación de Maxwell Cremona llega tras destaparse los delitos fiscales que el abogado de González Amador confesó por escrito semanas antes de que en marzo del año pasado elDiario.es desvelase su existencia.
González Amador está pendiente de juicio por dos delitos fiscales en concurso con otro de falsedad documental. Además, está siendo investigado por un juzgado por un supuesto soborno a un directivo del gigante sanitario Quirón, su principal pagador desde hace años.
La cifra de facturación de Maxwell Cremona en 2024 contrasta con los 1,88 millones de 2023 y es la más baja desde 2019, el ejercicio previo al pelotazo de 2 millones por intermediar en la venta de mascarillas que González Amador dio en 2020, en plena pandemia, gracias a una empresa administrada entonces por el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.
Esa operación permitió a Maxwell Cremona disparar sus ventas hasta un récord de 2,3 millones declarando apenas 8.425 euros de beneficio, lo que hizo saltar todas las alarmas en la Agencia Tributaria y propició la apertura de una inspección fiscal que derivó en la denuncia ante la Fiscalía tras una larga investigación.
El expediente de la Agencia Tributaria dejó patente que, mientras defraudaba a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021, Maxwell Cremona no tenía trabajadores como tal (y así permaneció hasta 2023), pero sí recurrió continuamente a “un nutrido grupo de auditores externos” autónomos, dedicados a hacer auditorías y certificar que un producto podía obtener la pegatina ISO de calidad.
La documentación de la Agencia Tributaria reflejaba pagos a 10 auditores que trabajaron para la empresa de González Amador entre 2020 y 2021 y a los que pagó, entre todos y a lo largo de esos dos años, un total de 235.500 euros, incluyendo un comercial cedido a Quirón Salud, su mejor cliente. Entre esos colaboradores estaba César Nieto, con el que González Amador montó una sociedad en Florida (Estados Unidos) y una empresa de alojamiento turístico en plena investigación de Hacienda.
La ausencia de empleados en Maxwell Cremona y la subcontratación de servicios a trabajadores autónomos se acabó en 2024, cuando el nombre de esta empresa saltó a las portadas de todos los medios tras la denuncia de la Fiscalía. Según sus cuentas, la firma cerró el pasado ejercicio con 5 empleados en plantilla, con unos gastos de personal de más de 261.000 euros.
Las escuetas cuentas, disponibles a través de Insight View, no hacen ninguna referencia al procedimiento penal abierto contra Maxwell Cremona y su administrador y socio único, González Amador, por el uso de una trama de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar a Hacienda. Esas cuentas sí reflejan una importante descapitalización de la empresa en 2024.
En ellas se indica que “se ha procedido al reparto de dividendos con cargo a reservas por importe de 1.225.000 euros”. Se trata de un dividendo sin precedentes en la consultora del empresario y comisionista, definido hace unos meses por el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”.
Esos 1,22 millones de dividendos superan con creces los 950.000 euros que pagó una sociedad a nombre de uno de los abogados de González Amador, el fiscalista Javier Gómez Fidalgo, por el ático de lujo en Madrid del que disfrutan Ayuso y su pareja, adquirido en julio de 2023. Este ático es adicional al que González Amador compró en la planta inferior del mismo edificio tras defraudar a Hacienda y el empresario ha declarado que paga por él un alquiler mensual de 5.000 euros.
Caída drástica
En el balance de Maxwell Cremona, que mide los recursos con los que cuenta la empresa, destaca la drástica caída del activo en 2024. Ha pasado de 2,22 millones en 2023 a 563.412 euros. Especialmente llamativa es la disminución de la partida de “clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo”: de casi 2 millones a solo 193.588 euros en un año.
En su rudimentaria web, en la que ni siquiera aparece una dirección, mail ni teléfono de contacto, Maxwell Cremona dice prestar “consultoría estratégica sanitaria tanto en el ámbito privado como público”, además de “consultoría de sistemas de gestión para organizaciones y administración pública”. Ahora ya tiene trabajadores en nómina.
Tal y como reveló en exclusiva este periódico, la Fiscalía denunció a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid hace más de un año, acusado de defraudar más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 usando facturas falsas y empresas pantalla para endosar gastos ficticios a su empresa.
Fue una manera de reducir drásticamente la factura fiscal de los dos años de pandemia en los que, primero, ganó dos millones de euros como comisionista en operaciones de compraventa de material sanitario; en 2021 siguió facturando importantes sumas con los encargos extra que empezó a recibir de Quirón.
La Abogacía del Estado pide una pena de tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por estos hechos. Por su parte, la Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión para la pareja de Ayuso en el caso del fraude fiscal, mientras que la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid solicita 5 años de cárcel y 9 meses de multa.
Todo ello, a la espera de lo que depare la nueva línea de investigación en el caso, la sospechosa compra a finales de 2020, por medio millón de euros, de Círculo Belleza SL, una empresa de tratamientos de cosmética sin apenas actividad, a la esposa del directivo de Quirón Fernando Camino, su jefe en el gigante de la sanidad privada.
Una operación en la que la Fiscalía ve un posible “soborno” a Camino y que está previsto que investigue un magistrado distinto, el antiguo decano de los juzgados de Madrid Antonio Viejo, tras la jubilación voluntaria de la jueza Inmaculada Iglesias este mes de agosto.
Círculo Belleza SL fue rebautizada como Masterman & Whitaker, que González Amador utilizó en 2021 como “pantalla” para reducir artificialmente su tributación al Fisco al canalizar unos ingresos de más de 327.000 euros.
En esa destartalada web, Masterman & Whitaker dice dedicarse a “desarrollo de planes para sector farmacéutico, normas y regulaciones, así como comercialización y asesoramiento técnico de productos e insumos”, o a la “comercialización de sistemas y aplicaciones de telefarmacia, software de gestión de historia clínica, para la seguridad y salud laboral, control de infraestructuras, etc”.
Esta empresa todavía no ha remitido sus cuentas de 2024 al Registro Mercantil. Hasta ahora nunca ha tenido empleados. En 2023, último ejercicio disponible, su facturación bajó un 31%, hasta 485.900 euros. Cuando la compró González Amador, no facturaba ni 30.000 euros.