Nueve conductores de ambulancias de Ibiza denuncian a su jefa por el ambiente laboral: «Es un infierno»

La Conselleria de Salud del Govern ha abierto varios procedimientos de “comunicaciones de riesgo” por las denuncias de nueve trabajadores a la responsable de la empresa pública Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (GSAIB) en Eivissa y Formentera. Los denunciantes alegan ante el departamento de Salud Laboral de la Conselleria posible acoso laboral, discriminación, trato vejatorio, vulneración de derechos en los cuadrantes, vulneración de derechos en las bajas, falta de comunicación escrita de las órdenes a los trabajadores, amedrentamiento y miedo, según UGT. Dos de ellos ya han interpuesto denuncia ante la Inspección de Trabajo.

La Conselleria ha rechazado cualquier pronunciamiento hasta que se resuelva este procedimiento, del mismo modo que declina la posibilidad de poner en contacto a elDiario.es con la persona denunciada ni con dos inspectoras señaladas. Mientras, el servicio trabaja al límite por la “inasumible” carga de trabajo de la temporada y la pésima situación de la flota de vehículos. Además, Eivissa no tiene una base operativa integral y la de Formentera sufre falta de mantenimiento y deficiencias, según denuncia CCOO. Algunos de los casos denunciados de los que elDiario.es ha tenido noticia se remontan a la etapa anterior a la creación de la empresa pública GESAIB, en 2017, cuando el servicio de ambulancias estaba externalizado, bajo el mando de la misma jefa de zona.

“Tomo 16 pastillas al día”

Antonio González, Toni, es uno de los nueve conductores ambulancias de Eivissa que ha presentado una denuncia ante su responsable. “En 2022 sufrí una agresión trabajando y he estado de baja psicológica el máximo tiempo posible. Salí en toda la prensa y en todas las televisiones. No podía dormir, tenía pesadillas. A día de hoy no ha salido el juicio. Íbamos el médico, el enfermero y yo y sufrí una agresión bastante fuerte, muy fuerte. Me tuvieron que operar la nariz, me la partieron, un dedo también lo tengo mal”, explica a elDairio.es.

“Cuando me dieron el alta el pasado 2 de enero –narra Toni–, los médicos de salud laboral me pusieron en logística, que es la oficina donde trabajan los jefes. Aquello fue un infierno. Sobre todo con la jefa. Sufrí maltrato psicológico. Me decía que no hacía bien mi trabajo, me hacía repetir las cosas cinco veces. Todos los días hacía todo mal, con mal ambiente en el trabajo y me pasaba la jornada llorando. Me llamaron perro [en referencia a que no trabajaba] delante de varios compañeros. Me tuve que ir con dolor en el pecho porque, además, soy cardiópata y diabético; de nuevo me dieron la baja”.

Cuando Toni se reincorporó, el médico de Salud Laboral emitió un informe como no apto al ver el estado del trabajador. “Sin embargo, a los diez días, por presión de la empresa, sin que nada cambiara, me puso apto con restricciones. Es decir, tenía que volver donde estaba. Volví a pedir la baja, pero la inspectora me la tenía bloqueada”, relata. “Además, dada la situación, me llevaba todo el enfado del maltrato que sufría a casa, hasta que me tuve que dar de baja porque fui al médico con el azúcar con más de 400, situación que duró dos meses. Llevo tres años de psiquiatras, con tratamiento para dormir, para la ansiedad. Mi diagnóstico es estrés postraumático y síndrome ansioso depresivo. Tomo 16 pastillas al día, de las cuales siete son por estos problemas”, detalla el técnico.

Según denuncia este trabajador y varios de sus compañeros a elDiario.es, la jefa de zona y la inspectora no actúan bien. “La inspectora está en la misma sede del GSAIB donde están todos los jefes y se conocen entre ellos, toman café juntos. Incluso me han llegado noticias de que la jefa había tenido una reunión sobre mí de la que nadie me ha informado”, destaca Toni.

En estos momentos, desde la empresa lo presionan para que vuelva a su puesto de trabajo, según su versión, pero las condiciones psicológicas en las que se encuentra le impiden la reincorporación. “Ahora mismo no estoy de baja, pero tampoco estoy trabajando. No quiero salir de casa. El psiquiatra me hizo un informe en el que decía que no estoy para desarrollar mi tarea, pero la inspectora me ha bloqueado la baja. Llevo 30 años trabajando aquí. La empresa me está presionando mucho para que justifique las faltas de estos días”, concreta. Según asegura Toni, la inspectora médica incide en que su situación responde a un conflicto laboral. “Por eso no me da la baja”, concluye.

“Me intentó echar tres veces y no pudo”

La situación denunciada por José Luis no es mejor. Este conductor de ambulancias lleva más de seis años cobrando sin trabajar. El GESAIB no lo ha reubicado después de sufrir un accidente laboral “por la mala gestión de la empresa”, según denuncia a elDiario.es. Los hechos se remontan al año 2015, cuando el servicio de ambulancias contrataba empresas privadas, antes de la existencia del GESAIB, que fue puesto en marcha por el último gobierno progresista de Francina Armengol en el Govern.

“En 2015 tuve un accidente laboral. La mutua no me quiso operar y, por culpa de ello, me quedaron secuelas. La Seguridad Social me tuvo 17 meses y 25 días de baja y me dieron el alta a falta de cinco días para que pasara la inspección. Todavía no estaba el GESAIB. Ahí es donde empezó el calvario con esta mujer, la jefa de zona. El cargo se le subió a la cabeza. Tenía que ser lo que ella decía, pisando los derechos del trabajador, fuese como fuese. Me intentó echar tres veces y no pudo”, explica José Luis.

Ya en la etapa del GESAIB, en 2018, y según el trabajador, la empresa pública le obligó a pasar un reconocimiento médico que concluía que José Luis no era apto. Le siguió un año entero sin trabajar y con buen sueldo. “En 2019 se ponen en contacto para un segundo reconocimiento, a ver si soy apto para reubicación o lo que crean oportuno. Hasta hace tres semanas no he vuelto a tener noticias”, asegura José Luis.

“En aquel momento tuve un juicio, pero no me pude presentar porque mi abogado tuvo un ictus. Allí se cerró el caso y, casualmente, ella se enteró antes que yo. Tuve expedientes y demandas y, además, parece que también se filtró que puse demanda por secuelas que me han quedado en la tesorería del Instituto Nacional de la Seguridad Social”, argumenta José Luis, quien asegura que son informaciones que no deberían haber trascendido en cuanto a la protección de sus datos.

Además, el trabajador asegura que las comunicaciones no se le pasan por escrito según establece la ley. “Ahora, sin carta ni nada, me llaman y me dicen que tengo que pasar reconocimiento el 7 de agosto. Lo paso y me ponen apto con restricciones. No puedo flexionar la rodilla, tengo que realizar pausas paulatinas, no coger más de cinco kilos. A las dos horas, la jefa de zona me llama diciendo que me tengo que reincorporar de siete y media de la mañana a tres de la tarde y que realizaré las labores que Salud Laboral diga. Esto según la ley no es así. Salud Laboral no tiene que decir nada y todo se me tiene que pasar por escrito con horario y funciones y ella se niega”, denuncia José Luis.

Desde 2019, el GESAIB no ha designado un puesto para este trabajador. “Lo que quieren es echar a la gente así, sin más. Yo lo que quiero es llegar a un mutuo acuerdo, no quiero nada más, es un accidente laboral”, remata. Los trabajadores y trabajadoras apoyados por UGT denuncian trato vejatorio, represalias sistemáticas y vulneración de derechos fundamentales. Estos incluyen homofobia, xenofobia, filtración de datos médicos, presión psicológica tras las bajas laborales y acoso a mujeres embarazadas.

“Esto es una dictadura”

Entre las personas que han denunciado su situación se encuentra una mujer embarazada, Mariví, que dice haber vivido estos meses como un calvario; aunque el problema empezó antes, según explica a elDiario.es: “Hace años me exigió que me incorporara a mi puesto de trabajo a las seis de la mañana después de salir con mi madre del hospital a las tres de la mañana tras sufrir un síncope y con una muñeca rota. No había descansado lo suficiente para ponerme al volante de la ambulancia y no la iba a dejar sola. No lo comprendió”.

Mariví pertenece al servicio de programados y no depende directamente de la jefa de zona, ya que hay otro mando intermedio al cargo, del que dice no tener queja alguna. “Cada vez que hablaba con mi jefa de programados, la jefa de zona se metía por medio”, apuntilla. La mujer estuvo de baja por un accidente laboral en el que se rompió el ligamento cruzado anterior. “Y dio la casualidad que, cuando me cogí las vacaciones, me quedé embarazada. Entonces, me querían hacer ir a mi puesto, que no estaba adaptado”, relata.

La mujer denuncia, en línea con sus compañeros, que la jefa de zona actúa en convivencia con la inspectora laboral, que es la encargada de adaptar el puesto de trabajo: “Ella es amiga de la inspectora laboral, que es la que adapta el puesto, es amiga de la inspectora médica, que es la que gestiona las bajas. El resultado es el bloqueo de la baja por estar más de 12 meses de baja y me indica que me tengo que reincorporar con un informe médico que me recomendaba un mes de reposo”. Mariví asegura que la inspectora médica no acepta el informe “porque, al estar elaborado por un ginecólogo médico, dice que se hace a demanda”.

“La jefa de zona, que era antes compañera nuestra, está siempre detrás. La última fue que a la inspectora le habían pasado datos míos confidenciales. Pregunto en Mallorca y no sabían nada, ni mi jefa tampoco. Esto parece una dictadura. Ella quiere que se haga lo que ella dice”, remarca. En estos momentos, la conductora está cobrando la prestación por la Mutua. Finalmente, solo ha trabajado un día en todo el embarazo.

“Ahora tengo la prestación por la Mutua, a pesar de que la inspección ha intentado forzar mi reincorporación con la excusa de que el puesto está adaptado, a pesar de los informes negativos ginecológicos y de la matrona. La inspectora de Salud laboral, que también es amiga de la jefa de zona, quería que me incorporara en condiciones imposibles para mí. Me tenía que meter dentro de un traje que no me cabe, ponerme unas botas donde no me entran los pies y subir y bajar de nivel con la tensión por los suelos como la tengo”, concreta Mariví.

Mariví ha denunciado el caso “en siete u ocho organismos”, entre ellos el GESAIB y el IB-Salut, el defensor del paciente y protección de datos. Si no se resuelven ninguna de estas denuncias, la trabajadora asegura que denunciará en el juzgado. Desde UGT aseguran que hay más personas que están pensando si denunciar sus casos, “que son iguales o más sangrantes a los ya conocidos”, afirma a elDiario.es su delegado sindical, Vicente Nadal.