
El Poder Judicial investiga al juez Peinado por su interrogatorio a Bolaños en la causa contra Begoña Gómez
El ministro de Justicia presentó una queja ante la autoridad disciplinaria contra el magistrado, que le cuestionó por responder con “evasivas” durante la comparecencia y después lo acusó de mentir para pedir su imputación al Supremo
Reproches por “una sonrisa” y advertencias por “titubeos”: el tenso interrogatorio del juez Peinado al ministro Bolaños
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investiga al juez Juan Carlos Peinado por su interrogatorio como testigo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el marco de la causa abierta contra Begoña Gómez, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado elDiario.es. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir dos denuncias del ministro con relación a su actuación durante ese interrogatorio y a la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo para investigar al ministro y que este rechazó.
Fuentes del Ministerio de Justicia explican que esas comunicaciones se remitieron los días 4 de junio y el 29 de julio “para informar sobre las irregularidades cometidas por el sr. Peinado en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo”. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, llegó a decirle. Después, el juez llegó incluso a tergiversar el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él.
Las citadas fuentes de Justicia subrayan que la voluntad del ministro ha sido no hacer público ninguno de estos escritos “toda vez que su finalidad es que esas denuncias puedan servir para evitar que continúen comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la Justicia, cuyo garante es el CGPJ”. Fue el propio Peinado el que dejó por escrito en su último auto que había tenido una comunicación “en el ámbito de unas diligencias informativas, por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial”.
La apertura de diligencias informativas es un primer trámite, previo a la apertura de un expediente que puede derivar en la imposición de una sanción. Las diligencias informativas se abren cada vez que se recibe una queja —unas 600 al año—. Después, es el Promotor de la Acción Disciplinaria quien propone la apertura de un expediente o el archivo, en función de si encuentra o no materia de infracción disciplinaria. La decisión del Promotor de no iniciar un expediente o de archivar uno ya iniciado puede ser revocada por la Comisión Permanente.
El juez Peinado interrogó el pasado abril al ministro Bolaños en su despacho del Palacio de la Moncloa en búsqueda de indicios del delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por la asistente que coordina la agenda de Begoña Gómez. Bolaños era secretario general de la Presidencia cuando la asesora fue contratada en 2018.
El audio de esta declaración reveló un tenso interrogatorio, en el que el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. También cuestionó que le respondiera “con cierto titubeo” y “de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial” después de que el ministro dijera que no recordaba algunas cuestiones concretas o conversaciones que se remontan siete años atrás, cuando se produjo la contratación de la asesora encargada de coordinar la agenda de la esposa del jefe del Ejecutivo, que era el objeto de la declaración.
El pasado junio, el juez pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra el titular de Justicia: le atribuyó un delito de malversación por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente y otro de falso testimonio por la declaración que prestó cuando fue citado como testigo para dar explicaciones sobre esa contratación, proceso en el que negó cualquier tipo de irregularidad. El juez llegó incluso a tergiversar el testimonio del ministro para apuntalar su petición.
Tres semanas después, los jueces de la Sala de lo Penal pusieron fin a los excesos del magistrado y rechazaron investigar al ministro entre duros reproches: por plantear una acusación sin pruebas, omitir datos clave en la exposición razonada, esquivar a la Fiscalía y acusar al ministro de mentir sin que el caso haya llegado ni siquiera a juicio.