Mazón presume de la puesta en marcha de 3.000 viviendas públicas cuando apenas ha acabado 190 en dos años

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presumido de la “puesta en marcha” de más de 3.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana en los dos años de legislatura que lleva su Gobierno, y con ello se refiere a viviendas “licitadas, adjudicadas, tramitadas o ejecutadas”. Sin embargo, la realidad es que son apenas 184 viviendas públicas de la pedanía de La Torre, en València, las únicas que se han finalizado; una promoción, paralizada en 2011, que se vio afectada por las inundaciones provocadas por la dana del pasado 29 de octubre.

La vivienda viene siendo un problema para los sucesivos gobierno autonómicos valencianos, que no resolvió el Botànic en sus ocho años al frente de la Generalitat, y tampoco lo está haciendo ahora el Partido Popular -que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox-, a pesar de los sucesivos planes presentados; el último de ellos, presentado por Mazón, prioriza la venta sobre el alquiler y a precios más caros.

No obstante, el jefe del Consell asegura que la Generalitat tiene un proyecto “riguroso, ambicioso y con un horizonte plurianual para dar respuesta a una demanda social que facilite el acceso a un inmueble a familias, jóvenes y colectivos vulnerables” después de ocho años de “inmovilismo” de los anteriores Ejecutivos de PSPV, Compromís y, en la segunda legislatura, Unides Podem, que es cierto que apenas construyó vivienda pública. Para ello, insiste en que ya hay 317 municipios adheridos al Plan Vive –que recicla parte del documento elaborado por el Botànic-, que se han sumado al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

La Generalitat pretende “movilizar suelo público, ofrecer seguridad jurídica y favorecer la colaboración público-privada”, y con este objetivo se están llevando a cabo “acciones” en 52 solares de titularidad pública, tanto propiedad de ayuntamientos como de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha). De este modo, asegura Mazón que se permitirá el desarrollo de 850 inmuebles para alquiler asequible, 370 viviendas para arrendamiento social y más de 1.800 para venta, alquiler o alquiler con opción a compra. Lo que no especifica el president es cuándo estarán disponibles, aunque su compromiso es “acabar la legislatura con 10.000 viviendas asequibles”.

El Gobierno valenciano prevé una inversión de 7.326 millones de euros y construir 6.000 viviendas en suelo municipal y 4.000 en privado, tanto para venta como para alquiler, a través de iniciativas como los concursos de derecho de superficie, de permuta a cambio de obra futura o promoción directa de la Evha.

Se elimina el mecanismo de tanteo y retracto

El Consell, hasta que fue derogado el decreto hace unos meses por PP y Vox, podía utilizar el mecanismo de tanteo y retracto que otorgaba a la Administración autonómica preferencia a la hora de adquirir viviendas en el mercado que pasarían a formar parte del parque público. En los dos años anteriores, la Generalitat había recibido más de 31.000 notificaciones de compraventa en las que podría haber ejercido este derecho, y que solo utilizó para adquirir 131 viviendas. Para los populares, ese decreto impulsado por Unides Podem era una medida “casi confiscatoria”.

Ventajas para los promotores

El nuevo decreto de vivienda protegida presentado en septiembre de 2024 incrementaba el precio máximo del módulo de 2.200 a 2.400 euros el metro cuadrado, pero además se prioriza la permuta de suelo a la cesión temporal: es decir, el promotor se queda el suelo en propiedad a cambio de un número de viviendas en concreto que pasan al parque público autonómico. Además, se ha eliminado la norma que mejoraba las calidades de la obra y aumentaba las dimensiones de las viviendas.