Tres denuncias obligan al Poder Judicial a vigilar los excesos y errores del juez Peinado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha activado el mecanismo disciplinario ante el juez Juan Carlos Peinado tras recibir tres denuncias por su forma de instruir dos casos con repercusión política. La autoridad disciplinaria ha abierto diligencias para determinar si el magistrado incurrió en errores o excesos en los procedimientos contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y contra un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid.

En la causa contra la mujer del jefe del Ejecutivo la queja parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que denunció que el juez había actuado de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en ese caso y cuando, después, pidió al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En relación con el responsable del Ayuntamiento de Madrid, la iniciativa parte de Más Madrid y del diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario.

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones.

Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias informativas es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción. Se abren cada vez que se recibe una queja, que son más de medio centenar al año. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Después, el promotor tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En 2023, el último año del que hay datos, se abrieron 540 diligencias informativas, según recoge la memoria de la unidad de actuaciones disciplinarias. Además, se iniciaron 24 expedientes disciplinarios, que no tienen por qué corresponder a diligencias de ese mismo año. La mitad de los expedientes se iniciaron por la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procedimientos. Este es precisamente el precepto invocado en el caso de la prórroga a la investigación al alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, que por el momento está archivada debido a ese error del magistrado.

En los asuntos de interés mediático o de especial relevancia lo “primero” que se hace es contactar con el propio juez o magistrado y se le adelanta por email o por el medio más efectivo que se encuentre el contenido del acuerdo por el que se le abren las diligencias, según recoge la citada memoria. De hecho, fue el propio Peinado quien desveló en un auto reciente que se le habían abierto unas diligencias informativas, dado que se trata de un procedimiento reservado.

En 2023, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa, desde la apertura hasta se propone la apertura del expediente o el archivo, fue de 56 días. No obstante, en algunos asuntos recientes como la investigación al juez Manuel Ruiz de Lara, reincidente en sus ofensas a Sánchez; o al juez Adolfo Carretero por su polémico interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá revelan que ese plazo se ha sobrepasado ampliamente. Además, en caso de apertura de expediente, su ejecución se prolonga, de media, durante 104 días. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026, por lo que algunas fuentes dudan de que el procedimiento, en caso de apertura de expediente, pueda llegar a concluirse.

El interrogatorio a Bolaños

En todo caso, la apertura de las diligencias obligará al CGPJ a analizar si el magistrado se apartó de los límites que marca la regulación disciplinaria en estos dos procedimientos. En el caso de Bolaños, fuentes del Ministerio de Justicia explican que esas denuncias se remitieron para informar sobre las “irregularidades” cometidas por juez “en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo”.

Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, llegó a decirle. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir el 4 de junio una primera denuncia de Bolaños con relación a la actuación del juez durante el interrogatorio. El 29 de julio el ministro presentó una segunda denuncia después de que el Supremo rechazara investigarle.

Las citadas fuentes de Justicia subrayan que la voluntad del ministro ha sido no hacer público ninguno de estos escritos “toda vez que su finalidad es que esas denuncias puedan servir para evitar que continúen comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la Justicia, cuyo garante es el CGPJ”. Este viernes, el propio Bolaños reclamó al CGPJ que “depure las responsabilidades” que se puedan derivar de los hechos denunciados y que se deje trabajar al órgano de gobierno de los jueces.

Una prórroga fuera de plazo

Las otras quejas presentadas vienen motivadas por el hecho de que Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a Alfonso Sánchez Vicente, que como gerente de la EMT es un alto cargo de la Administración que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP). Peinado investigaba desde 2023 si esa empresa municipal malversó dinero público al firmar un contrato de patrocinio con OkDiario para unas jornadas de sostenibilidad en 2022 por 72.600 euros cuando un año antes un evento similar había costado una cuarta parte, tal y como denunció Podemos.

La Audiencia Provincial de Madrid constató que Peinado prorrogó la causa dos meses después del límite legal y que muchas diligencias, por tanto, no eran válidas al haber sido acordadas fuera de plazo. La respuesta de Peinado fue archivar el caso, pero no porque su error hubiera condenado la investigación al sobreseimiento, sino porque creía que no había delito en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la web de Eduardo Inda. Según el juez, el evento fue seguido por “una gran cantidad de personas” y esa “mayor capacidad de difusión” pudo justificar el sobreprecio. Podemos y Más Madrid han recurrido el archivo.

No obstante, la portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, optó por abrir también la vía disciplinaria y presentó el pasado 3 de julio una queja contra Peinado con relación a estos hechos. La autoridad disciplinaria acordó abrir diligencias cinco días después. Posteriormente, el 18 de julio, el diputado del PSOE Guillermo Hita presentó otra denuncia por los mismos hechos que derivó en otra apertura de diligencias el 31 de julio. Las dos denuncias consideran que Peinado desatendió sus obligaciones judiciales al acordar esa prórroga fuera de plazo a pesar de la petición de las acusaciones populares y la Fiscalía.

En sus escritos, ambos denunciantes subrayan que la actuación del juez ha causado “graves perjuicios” a la investigación y a las acusaciones personadas y un “claro favorecimiento” a las defensas de los investigados al impedir seguir investigando y llevar a cabo diligencias que hubieran llevado a un “completo esclarecimiento de los hechos”. Los hechos están ahora en manos de la autoridad disciplinaria del CGPJ.