Sara Aagesen: “Quien diga que no al pacto de Estado contra el cambio climático, se va a arrepentir”

Los teléfonos suenan, se superponen las conversaciones sobre focos, efectivos, equipos que cambian destino, localidades y zonas a las que hay que prestar especial atención. En el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF), donde se gestionan los recursos que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la vicepresidenta Sara Aagesen hace preguntas, habla con los técnicos que se organizan en turnos de 12 horas con refuerzos para atender la situación de emergencia. Los mapas en las pantallas gigantes muestran que España arde en muchos –demasiados– puntos, y recuerdan que detrás de cada pequeña marca roja se esconde una tragedia humana y medioambiental.

Más tarde, en una sala de ese edificio situado en la madrileña Puerta de Toledo, Aagesen hace balance de una crisis que ha arrasado ya más de 400.000 hectáreas –el cálculo oficial recoge 300.000 hasta el día 17– por todo el territorio, repasa los bulos y desinformaciones que han girado en torno de ella y repite como un mantra la importancia de la colaboración y la coordinación entre administraciones, mientras fuera se elevan los decibelios del debate político. Esta ingeniera química especializada en Medio Ambiente, que lleva al frente del MITECO desde noviembre, habla de la situación de los bomberos forestales y de la posible falta de prevención y pide responsabilidad a las Comunidades Autónomas: “En cuanto los incendios estén controlados, habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido, como pasó también con la dana, y asumir cada uno lo que le toca”.

¿Puede ser el peor año de incendios de nuestra historia?

La situación es extraordinariamente complicada, con 15 incendios que nos preocupan especialmente. Las condiciones meteorológicas de este verano han sido muy complejas: hemos vivido la tercera ola de calor más larga, de 16 días consecutivos, y la más intensa desde que tenemos registros. Previsiblemente, será el segundo verano más caluroso de los que tenemos registro en la AEMET.

¿Qué estamos haciendo mal (o poco) para encontrarnos en esta situación?

Más allá de las variables climáticas y la vulnerabilidad que tiene nuestro país, hacemos mal en intentar convertir a los incendios en algo aislado, que ocurre puntualmente. Tenemos ante nosotros un desastre desde el punto de vista de los ecosistemas, pero también de las personas, y es importantísimo entender que esto tiene un vínculo claro con el cambio climático, y que requiere que nos coordinemos y actuemos de forma conjunta para anticiparnos.

Desde el Gobierno llevamos trabajando años, desde la Declaración de Emergencia Climática en el año 2020, con planificación, objetivos y con medidas. Pero hace falta que esas medidas no obedezcan a legislaturas ni a colores políticos, sino que las políticas climáticas sean de todos.

¿Cree que España es consciente de su vulnerabilidad frente al cambio climático?

La ciencia nos lo lleva contando desde hace muchísimo tiempo. Pero además está la realidad. No hay más que abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo por todas partes del territorio: las sequías, las inundaciones, las olas de calor, los incendios, la amenaza a nuestro litoral, a nuestras especies… Son datos reales que ya están aquí. La técnica del avestruz no sirve. Tenemos que hacer un gran pacto.

El presidente del Gobierno ha propuesto un pacto de Estado contra el cambio climático, pero el PP ya lo ha rechazado y Vox, la tercera fuerza política, directamente niega que el cambio climático exista. ¿Cómo piensan sacarlo adelante?

No solo creo que es posible, es necesario. Necesitamos anticiparnos, estar mejor preparados ante estas emergencias. Por eso buscamos un pacto de Estado que también sea un pacto social, con la intervención y la participación de la comunidad científica, de la sociedad civil, los sindicatos, las empresas, las organizaciones ecologistas, el sector primario, además de las administraciones, claro. La Administración General del Estado, por supuesto, pero también las administraciones autonómicas, las provinciales y las locales.

Desde el anuncio del Presidente, numerosas asociaciones, colectivos, sindicatos y asociaciones empresariales se han mostrado dispuestas.

Le preguntaba por la pata política, con la que pueden tener más problemas que con las organizaciones sociales.

Creo que con las fuerzas políticas también hay que apelar a la responsabilidad. Esto es una respuesta para todos los ciudadanos y para muchos años, que trasciende legislaturas. Esperamos altura de miras de todos los grupos políticos.

El Partido Popular ha hablado de “cortina de humo”, no ha dado una negativa a algo que todavía tiene que ser trabajado. Un ‘no’ no me parece una respuesta posible en este contexto. Es un pacto que es presente y futuro de este país. Y quien diga que no, se va a arrepentir.

¿Cuándo tienen pensado poner esta propuesta sobre la mesa?

Vamos a ser lo más ágiles posible. El presidente ya ha anunciado la creación de una comisión interministerial para comenzar a trabajar. Y esperamos que todas las fuerzas sociales, pero también las políticas y las comunidades autónomas y entidades locales se sumen a esta agenda de propuestas.

¿Ya hay previsto un presupuesto para este pacto?

Como con todos los pactos, va a ser necesario un esquema económico que haga que funcione.

¿Y eso es posible con unos presupuestos prorrogados?

Hablamos de un pacto que trasciende legislaturas.

¿Cómo calificaría la coordinación del Gobierno central y las comunidades autónomas afectadas por los incendios?

Me gustaría destacar el extraordinario trabajo de los técnicos. Lo que recibo de los equipos del Ministerio es que hay una buena coordinación, un buen trabajo entre los equipos técnicos a la hora de gestionar los refuerzos que llegan desde el Gobierno de España para ayudar a quienes tienen las competencias y coordinan las labores de extinción, que son las comunidades autónomas.

Precisamente, ha habido quejas de responsables autonómicos sobre el envío de medios. ¿Se mandó todo lo que pedían?

Las solicitudes deben hacerse desde el rigor técnico y desde la responsabilidad. Un país en emergencia, con incendios que afloran por distintas partes del territorio, requiere que todos seamos responsables a la hora de solicitar recursos, y sobre todo a la hora de coordinarlos y gestionarlos. Lo que ha hecho el Gobierno de España es poner todos los recursos disponibles, de la mano de las comunidades autónomas, y además ayudar a ese mecanismo europeo de Protección Civil que está funcionando de manera excelente.

¿Se pidieron imposibles, como sugirió la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, a la que el diputado del PP Elías Bendodo llamó “pirómana”?

La directora de Protección Civil está todos los días, a todas horas, a la cabeza de esa coordinación por parte del Gobierno de España. Cuando ella hace esa afirmación, tiene toda la información disponible para decir que no se pueden pedir imposibles, sino que hay que pedir cosas que sean eficientes y que realmente vayan a lo que se necesita.

Por Virginia Barcones siento un enrome respeto y agradecimiento. Su dedicación absoluta y total resulta admirable. Sobre ese calificativo… hago un llamamiento a que hagamos todos un esfuerzo por estar a la altura de lo que ciudadanía espera de nosotros.

Sara Aagesen

¿Hay medios suficientes para atender esta situación?

Desde el Ministerio hemos dado respuesta a todas las peticiones que se nos han hecho de los recursos de los que disponemos. Hablamos de las brigadas de refuerzo en incendios forestales. Las competencias en prevención y en extinción son de las comunidades, y nuestras brigadas refuerzan esa acción. Además de las BRIF han estado a disposición 56 medios aéreos y seguimos trabajando en esa coordinación de todos y cada uno de los medios técnicos y humanos que aportamos.

¿La coordinación funciona a nivel técnico pero se muestra como fallida en las declaraciones políticas?

Lo que estoy escuchando estos días genera ruido y distorsión, y lo que necesitamos ahora es lo contrario: unidad y conseguir apagar los incendios lo antes posible. Los técnicos son los protagonistas, a los que tenemos que dedicar el máximo reconocimiento por ese trabajo en primera línea de fuego, de forma coordinada y unida. Eso es lo que puedo compartir hoy.

¿Ve similitudes en esta situación de reproches políticos con lo que sucedió durante la dana de Valencia?

Ante esta emergencia climática, la ciudadanía necesita altura de miras de los políticos, unidad, colaboración y trabajo. Y estoy convencida de que es lo que vamos a hacer ahora. En cuanto los incendios estén controlados y estabilizados, habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido, como pasó también con la dana, y asumir cada uno lo que le toca para que no vuelva a ocurrir.

Nuestra función principal es proteger a las personas, los ecosistemas, conservar nuestro patrimonio. Tendremos que hacer una reflexión profunda, pero ahora mismo debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a la extinción.

España sigue gastando mucho en extinguir fuegos y menos en intentar que no ocurran. De hecho, la Fiscalía de Medio Ambiente indaga en si hay relación entre los incendios y la falta de planes de prevención.

En 2022 aprobamos un Real Decreto en el que ya no hablábamos solo de prevención en materia de emergencia y protección civil, sino también de vigilancia y extinción por parte de las comunidades autónomas. Se definían unas planificaciones anuales, que deben ser publicadas cada mes de octubre y tienen que ser actualizadas de manera transparente para toda la ciudadanía. Y está ocurriendo, pero no de la misma manera en todas las comunidades autónomas. Cuando acabe esta emergencia también tendremos que analizar cómo se están comportando cada una de las autonomías.

En España tenemos más de 28 millones de hectáreas forestales, de las cuales casi 19 millones son de superficie arbolada. Somos el tercer país a nivel europeo en este sentido. Es un extraordinario patrimonio que hay que conservar y cada comunidad autónoma tiene que ser capaz de dimensionar lo que necesita, tanto en prevención como en extinción.

Aunque la prevención es competencia de las autonomías, ¿hace falta un marco jurídico más fuerte que garantice el cumplimiento de unos mínimos?

Tenemos marcos de planificación, tenemos objetivos, hemos desarrollado muchísimas normas. Lo que hay que hacer, insisto, es que todo el mundo las cumpla.

¿Qué es lo que se ha hecho desde su Ministerio?

A pesar de no tener competencias, hemos destinado más de 200 millones de euros a las comunidades autónomas para gestión forestal. Y hemos apostado por la bioeconomía, porque no podemos olvidar que el 72% de la superficie forestal de España es propiedad privada, por lo cual tenemos que lograr que esa utilización de recursos funcione en el territorio, que atraiga a población en esas zonas rurales.

Cuando llegamos al Gobierno en 2018 se invertían 90 millones de euros para prevención y extinción. Este año es prácticamente un 50% más: 134 millones, y va creciendo cada año porque entendemos que el cambio climático se acelera y eso requiere acelerar también las políticas y las inversiones. Entre 2024 y 2025, la inversión en extinción se incrementó un 29% y en prevención, un 25%.

Además, hemos mejorado las condiciones de nuestros bomberos forestales, y hemos invertido en recursos para que puedan realizar mejor su labor, que es tan importante.

Sara Aagesen

¿Es sostenible un sistema en el que haya tantas diferencias entre las condiciones de los bomberos forestales autonómicos y los que dependen del ministerio de Transición Ecológica?

No solo no es sostenible, sino que no debería ocurrir. Hay que reconocer su labor fundamental, dotarles de las mejores condiciones de trabajo y de protección. Es lo que hemos hecho en el Ministerio. En 2019 dejaron de ser peones para ser bomberos forestales. Eran estacionales y ahora trabajan los 365 días del año. Eso hace que sean cuerpos más profesionalizados, que se puedan dedicar tanto a la prevención como a la extinción, colaborando y actuando de apoyo a las comunidades autónomas. Pero además, hemos conseguido ese convenio que acaba de ser publicado, que mejora sus condiciones, tanto las salariales como de conciliación y el reconocimiento de sus misiones.

Las Brigadas de Refuerzo (BRIF) que dependen del Ministerio son una pequeña parte de los bomberos forestales. En las comunidades muchos no tienen esa categoría, ganan la mitad del salario, tienen una altísima temporalidad o están directamente contratados por empresas privadas. Si en lugar de bomberos estuviéramos hablando de médicos, estas diferencias nos escandalizarían.

Tenemos que tener muy claro que los bomberos forestales son fundamentales, nos protegen y los tenemos que proteger: dignificar la profesión, darles las condiciones necesarias. Y eso es lo que hemos hecho. Creo que es un buen momento para que las comunidades autónomas hagan lo mismo.

Hablaba antes de nuestro patrimonio en masa forestal. Hay quienes defienden que hay un exceso, y que debería haber más quemas controladas. ¿Está de acuerdo?

Ese combustible, que es la vegetación, tiene que estar cuidado, tiene que permitir caminos para que puedan acceder los equipos en caso de incendios, no solo cortafuegos, requiere desbroces… ¿Y eso cómo se consigue? Con una buena gestión forestal, promocionada por los gobiernos, en este caso autonómicos, a través de incentivos y medidas.

Uno de los argumentos que escuchamos repetidamente estos días es que las leyes o la burocracia impiden a la gente del campo hacer tareas de limpieza. ¿Hay algo de cierto?

Que la Agenda 2030 es un freno y hace que no se puedan limpiar los bosques es uno de los mayores bulos que he escuchado y que sigue aflorando en distintos medios. La Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene grandes objetivos: erradicar la pobreza, el hambre, que haya igualdad en la educación de niños y niñas, proteger nuestros ecosistemas, luchar contra el cambio climático. ¿Quién puede estar en contra de esto? En cualquier caso, la agenda 2030 no hace las normas ni hace las planificaciones, que son autonómicas. Y que además dicen justo lo contrario: que hay que limpiar los montes y gestionarlos.

¿Qué opina de las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y Vox en las que hablan de «terrorismo incendiario»?

Hay incendios por causas naturales, hay negligencias, y también hay incendiarios, es decir, personas que provocan estos fuegos. Pero lo importante es que esos incendios tienen mayor virulencia, son mucho más grandes por las condiciones de temperaturas, de sequías, de falta de gestión y de falta de ese cuidado desde el medio rural.

Quería aprovechar para preguntarle por el apagón que se produjo el 28 de abril. Se espera que el informe europeo se publique en octubre. ¿Espera que sus conclusiones sobre las causas vayan en línea con las del Gobierno?

La información que ha publicado esta misma semana ese panel de expertos va totalmente alineado con el informe que se aprobó en el Consejo de Seguridad Nacional y por lo tanto, lo que espero ver en octubre será unas conclusiones muy parecidas, y recomendaciones que siempre son bienvenidas. Desde el primer momento llamamos a una Investigación más allá de nuestras fronteras.

¿Cuánto va a costar a los consumidores la operación reforzada en la que está el sistema desde el apagón?

La operación reforzada en la que está el sistema es una decisión tomada por el operador del sistema para dar seguridad. Lo que estamos viendo es que para un país como España, que tiene grandes recursos renovables, no está significando un incremento sustancial en las facturas. Lo que sí es cierto es que la decisión sobre si tiene que ser o no reforzado está en manos del operador del sistema. Estaremos muy pendientes.