La lenta agonía del río Vélez: anatomía de un desastre ecológico para el que la justicia no señala responsables

Agua de color rosa chicle borboteando entre restos de compresas, preservativos, toallitas y kilos de papel higiénico: es el panorama desolador y ciertamente inquietante que muestra el río Vélez —también conocido en parte de su curso como río Corneros— a su paso por la localidad almeriense de Vélez Rubio.

Unos pocos kilómetros aguas abajo, el curso cruza la frontera administrativa de la Región de Murcia y atraviesa las pedanías de Fontanares y la Tova-La Parroquia, en el municipio de Lorca, hasta encontrarse con el río Luchena en el pantano de Puentes, donde nace el Guadalentín, el principal afluente del Segura en su margen derecha.

Ahí desemboca una “sopa tóxica” cuyos ingredientes principales son una mezcla de vertidos químicos industriales, la materia fecal y la orina de los 8.000 habitantes de Vélez Rubio. Un municipio que no cuenta con estación depuradora de aguas residuales (EDAR) desde 2012, cuando la riada de San Wenceslao dejó inutilizada esta instalación, que había sido construida en una lámina inundable de la Rambla del Chirivel, en el conocido como paraje El Espadín.

Kilos de desechos junto al vertido de aguas fecales e industriales se acumulan en la Rambla de Chirivel.

El mismo desastre natural también causó la rotura de los colectores que alimentaban la EDAR. Desde entonces, las aguas negras de este municipio junto a las industriales generadas por las factorías de la zona, salen a la rambla sin tratar. Un vertido continuo durante más de dos décadas que ha llevado al límite a los ecosistemas acuáticos y terrestres ligados al río Vélez.

Las pruebas: una “sopa tóxica” a base de E. coli

Los análisis realizados por laboratorios independientes a petición de Ecologistas en Acción, Izquierda Unida Lorca -que llevó el caso al Parlamento Europeo- y la plataforma vecinal ‘Salvemos el río Vélez’ han demostrado cargas elevadísimas de Escherichiacoli (E. coli), un indicador específico de contaminación fecal reciente.

Los análisis realizados demuestran la presencia de la bacteria E. coli en el agua del Vélez.

La normativa sanitaria no admite la presencia de esta enterobacteria en el agua para consumo humano, animal o riego. Sin embargo, las muestras extraídas del río Vélez han llegado a albergar hasta 108.000 unidades formadoras de colonias de E. coli por cada 100 mililitros. En el contexto de un análisis de orina, este resultado sería el equivalente a una infección grave del tracto urinario que requeriría tratamiento médico.

En España, la metodología de control para la contaminación fecal en aguas recreativas y superficiales usa precisamente el E. coli y otras bacterias intestinales como indicadores clave para valorar su salubridad, lo que avala la lectura de estos datos como una situación de riesgo sanitario y ecológico. Sanitario, porque las aguas negras del río Vélez se están empleando para el riego agrícola, el abastecimiento de ganadería y también por los usuarios del pantano de Puentes; ecológico, porque los vertidos crónicos de aguas urbanas sin tratar también provocan déficit de oxígeno disuelto y proliferaciones bacterianas que causan mortalidad de la fauna acuática y la degradación del hábitat ribereño.

Aspecto del río antes de los graves episodios de contaminación.

Cuando esto sucede en la cabecera de un río, el daño tiene, además, un efecto multiplicador, porque la contaminación se transmite tanto a los embalses como a los tramos inferiores del curso. Por no hablar de que, en cuencas mediterráneas, es frecuente que las lluvias torrenciales remuevan los sedimentos, movilizando la contaminación almacenada.

Dos décadas de contaminación sin responsables para la justicia

En 2018 la Fiscalía denunció la contaminación del río Vélez en una causa de la que se ha ocupado el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, con el Ayuntamiento de Lorca y la Abogacía del Estado —en representación del Ministerio de Transición Ecológica— ejerciendo la acusación particular.

Seis años después llegó la sentencia: la magistrada Ana María Fernández reconoció los daños causados al dominio público hidráulico a causa de los vertidos, pero decidió absolver al alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez Carlón Manchón, del Partido Popular, de un delito contra el medio ambiente por el que la Fiscalía le reclamaba tres años de prisión.

La magistrada no apreció su responsabilidad en la contaminación de la rambla de Chirivel ni del río Vélez, a pesar de que ambos cauces llevan utilizándose como aliviadero de vertidos municipales desde 2012.

La controvertida sentencia sostiene que estos han producido daños en el ecosistema, con un “cambio sustancial de la calidad del agua” así como “filtraciones a los acuíferos de la zona”, lo que conlleva un riesgo para el equilibrio del sistema natural; pero, al mismo tiempo, descarta que el regidor y el concejal Juan José Parra García, que en el momento de los hechos tenía delegadas las competencias de medio ambiente en el Ayuntamiento de Vélez Rubio, omitieran deliberadamente “cualquier tipo de acción” para evitar la contaminación, a pesar de que ambos eran conocedores de la situación. Para la magistrada no existió imprudencia ni obstaculización dolosa tal —como sí defendió el Ministerio Público—para la solución del problema ambiental.

Los vecinos pagaron por una obra que no se ha hecho

La sentencia da por bueno que, como aseguró el primer edil, el ayuntamiento de Vélez Rubio “ni tenía competencia ni tenía capacidad para realizar la obra que requería la depuradora”. Algo que choca frontalmente con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece entre las competencias de las entidades locales, la ejecución de los proyectos de obras de las redes de saneamiento y de las EDAR, debiendo financiarse con cargo a sus fondos.

Este es el color que han llegado a mostrar las aguas recogidas en el cauce del Vélez.

Durante el juicio, Martínez Carlón Manchón reconoció que el ayuntamiento “carecía de permiso” para el vertido de aguas residuales (en realidad no lo tiene desde 2007, mucho antes de la riada), una autorización imposible de conseguir sin contar con una nueva EDAR.

También quedó probado que la Junta de Andalucía jamás recibió del consistorio el canon finalista impuesto para hacerse cargo de la construcción de la nueva depuradora: ni se transfirió a la comunidad autónoma durante años ni el ayuntamiento lo destinó a lo que estaba obligado. Sin embargo, en los fundamentos de su sentencia, la magistrada señala que esa cuestión no tiene nada que ver con el delito enjuiciado. Todo, al mismo tiempo en que también asegura que “la única forma” de conseguir evitar el daño que los vertidos de aguas residuales están produciendo sobre el medio ambiente, pasan por construir una nueva depuradora.

Una infraestructura que sigue protagonizando sucesivos anuncios grandilocuentes que nunca llegan a materializarse. En febrero de 2020, la Junta de Andalucía formalizó un contrato por valor de 52.359 euros con Ibervias Ingenieros, S.L. para la redacción del proyecto de construcción de la nueva EDAR y el colector general de Vélez Rubio.

A día de hoy, las obras no han empezado. Ni siquiera está claro en qué terrenos se va a ubicar.

Qué dice la normativa del agua

La Directiva Marco del Agua (DMA) y su trasposición en España obligan a prevenir e impedir vertidos que comprometan el buen estado ecológico de las masas de agua. Las confederaciones hidrográficas, como la del Segura (CHS), a la que pertenece el Vélez, tutelan el dominio público hidráulico: si hay vertidos no autorizados o incumplimientos reiterados de autorizaciones, pueden abrir expedientes, imponer sanciones y exigir la reparación del daño.

En ese sentido, la CHS asegura que lleva años pendiente del vertido asociado a la EDAR de Vélez Rubio, y que ha abierto varios expedientes al Ayuntamiento con la imposición de multas, cuyo pago sale del erario público.

Menos eficaz está siendo la vía resarcitoria. Ni siquiera se han valorado aún los daños al dominio público hidráulico por el tiempo que el río lleva sometido a vertidos.

Afectados consternados

Los integrantes de la plataforma ‘Salvemos el río Vélez’, que han vertebrado la queja vecinal y llevan años reclamando soluciones, a duras penas pueden digerir el sentido de la sentencia de una justicia en la que confiaban.

Su portavoz, José Antonio Alcaraz, se ha mostrado “desolado”. “El hecho de que oficialmente no haya responsables da a entender que no existe una obligación, ningún deber que se deba cumplir por parte de nadie”, se lamenta.

José Antonio Alcaraz ha mostrado su desolación por una sentencia que no reconoce responsables de este desastre ambiental.

Desde Izquierda Unida Lorca, organización política que ha ejercido de correa de transmisión entre vecinos, administración hidráulica y opinión pública se preguntan “qué autoridad moral podemos esgrimir para exigir agua de otras cuencas mientras aquí hacemos una gestión absolutamente negligente de nuestros propios cauces y se tolera un tratamiento de las aguas residuales propio de la Edad Media”.

Tampoco están siendo escuchadas las exigencias de Ecologistas en Acción de que se proceda a la restauración ambiental del río Vélez, que sigue amenazado.

Es cierto que, en los últimos dos años y desde un punto de vista macroscópico, el río Vélez muestra una disminución de la turbiedad en sus aguas —que han llegado a ser de color completamente negro en alguno de sus tramos— y los análisis más recientes indican un descenso de la contaminación química. Sin embargo, continúa existiendo proliferación de algas clorofíceas, indicativas de presencia de materia orgánica disuelta en el agua. O lo que es lo mismo, sigue habiendo contaminación biológica.

La gran pregunta ahora es, si la depuradora sigue sin construirse, pero las aguas del río parecen más limpias, ¿adónde se está canalizando esa sopa tóxica?