Trump ordena perseguir a quienes “profanen” la bandera estadounidense: “Si quemas una, recibes un año de cárcel”

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva para procesar a nivel federal a todas aquellas personas que “profanen” la bandera estadounidense. El decreto instruye al Departamento de Justicia a investigar los casos de quema de banderas para encontrar una fórmula que permita al Gobierno esquivar el amparo de la Primera Enmienda y castigar penalmente ese acto considerado hasta ahora como libertad de expresión.

“Si quemas una bandera, recibes un año de cárcel, sin salidas anticipadas, sin nada”, ha afirmado Trump desde el Despacho Oval. “Lo que hace es incitar a los disturbios”, ha dicho como justificación para esta nueva orden que desafía la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de EEUU.

En los años 80, el alto tribunal estableció que la quema de banderas está protegida por el derecho a la libertad de expresión. La nueva Administración estadounidense se ha propuesto encontrar un atajo legal para presionar a los tribunales a que reconsideren ese amparo a la quema la bandera u otras conductas que dañen la insignia nacional.

El decreto también está pensado especialmente para poner perseguir a las personas migrantes, que en los últimos meses han estado protestando contra la campaña de Trump de deportaciones masivas. El mandatario ha ordenado a la Administración que detenga y deporte a todos los migrantes que han sido acusados de quemar la bandera.

Durante las protestas contra las redadas antiinmigración en Los Ángeles, algunos de los manifestantes quemaron banderas estadounidenses en las calles mientras sostenían la mexicana. Trump, que se ha apropiado de la bandera como un símbolo propio, se mostró especialmente molesto con estas imágenes y en diversas ocasiones la citó como un motivo más para desplegar allí la Guardia Nacional.

Este lunes, Trump ha firmado otra orden ejecutiva que tiene que ver con la fianza sin efectivo. Tradicionalmente, un juez puede fijar una cantidad de dinero que un detenido debe pagar para quedar en libertad mientras espera el juicio. En caso de no poder pagar ese dinero, se queda en la cárcel. La política de “fianza sin efectivo” (cash bail, en inglés) permite que el juez pueda liberar a los acusados antes del juicio sin necesidad de pagar. Para hacerlo, el magistrado valora el riesgo de fuga y el riesgo para la seguridad pública.

El principio de este tipo de “fianza sin efectivo” es prevenir la discriminación basada en la riqueza e igualar las condiciones materiales para todos los acusados. Aun así, la Administración Trump considera que este tipo de políticas son excesivamente indulgentes.

El republicano ha pedido a la fiscal general, Pam Bondi, que identifique los fondos federales que podrían suspenderse o eliminarse en estados y jurisdicciones locales con políticas de fianza sin efectivo. Durante la ocupación militar de Washington D. C. para combatir “el crimen”, Trump ha citado en diversas ocasiones esta política como una de las causas del supuesto elevado número de crímenes (los datos del Departamento de policía muestran que ha descendido la criminalidad en los últimos años).

En la orden, de hecho, el presidente pide centrarse en Washington para que las fuerzas del orden apliquen prisión preventiva siempre que sea posible. También instruye a suspender los fondos federales si la ciudad continúa aplicando esta política. Lo cierto es que en la capital las fianzas sin efectivo han estado prohibidas durante décadas y se aplican sólo en casos muy puntuales. Más allá del Distrito de Columbia, no existe un sistema universal de fianzas en Estados Unidos, sino que depende de las leyes estatales y normas locales.

La medida pretende facilitar el encarcelamiento de cualquier persona detenida antes de ser juzgada. Con la militarización de Washington se ha visto como muchos de los arrestos por cargos menores se han convertido en crímenes federales. Ahora, en lugar de ser la policía local quien vigila los delitos menores, son los agentes federales. El resultado es que los agentes federales han detenido a personas por beber cerveza en la calle u ofensas menores, pero si los detenidos se oponen o resisten, pasan a ser acusados de delitos mayores por resistirse u obstruir el trabajo de un agente federal, lo que acarrea hasta un año de cárcel.

Trump también ha firmado un tercer decreto que establece la creación de “unidades especiales” dentro de la Guardia Nacional que serán “específicamente entrenadas y equipadas para lidiar con problemas de orden público” en Washington. Se trata de una nueva escalada en la militarización de la ciudad, donde desde este fin de semana los soldados también han empezado a llevar armas. Hasta ahora, los guardias nacionales no iban armados.

Además, el presidente instruye al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que todos los cuerpos estatales de la Guardia Nacional estén “disponibles para ayudar a las fuerzas del orden federales y locales en caso de disturbios civiles y para garantizar la seguridad pública y el orden siempre que las circunstancias lo requieran”. La directiva añade presión sobre Chicago, a la que Trump ha puesto en el punto de mira como el próximo lugar donde desplegará al ejército: “Entramos y solucionaremos Chicago en una semana”.