Canarias pedirá este miércoles declarar la contingencia migratoria para iniciar las derivaciones de menores migrantes

El Gobierno de España ha dado este martes un paso clave para comenzar las derivaciones de menores migrantes desde Canarias hacia la Península. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma y, además, permite al Archipiélago y a Ceuta pedir que se declare la contingencia migratoria en sus territorios. El Gobierno canario, que tutela en la actualidad a más de 5.017 niños y adolescentes sin familia (el triple de su capacidad), pedirá la declaración este mismo miércoles.

Desde la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional han confirmado a este periódico que harán la solicitud en cuanto se publique el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después, el Ministerio de Juventud e Infancia tendrá que aprobar la declaración, que se prevé que salga adelante este mismo jueves 28 de agosto. Es entonces cuando podrán empezar a realizarse los traslados de los menores que conviven hacinados en los centros de las islas y echará a andar la acogida obligatoria por parte de todas las comunidades.

Para que un territorio pueda ser considerado en situación de contingencia, el número de menores migrantes acogidos debe multiplicar por tres la capacidad ordinaria de una comunidad. Una vez declarada, los jóvenes que lleguen a las islas sin referentes familiares tendrán que ser reubicados en otras regiones en un plazo máximo de 15 días.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha adelantado que el próximo martes tendrá lugar una comisión interministerial para que puedan empezar las derivaciones de menores no acompañados que están en los territorios frontera.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha celebrado la aprobación del decreto y ha señalado que ahora »lo que procede es exigir el cumplimiento de esta medida». »Sabemos que ya la comunidad de Madrid ha recurrido ante el Supremo el reparto aprobado», ha añadido Delgado. En esta línea, la consejera subraya que cualquier territorio fronterizo de la Península puede recibir la presión migratoria de Canarias o de Baleares. »Este decreto ley viene bien a todas las comunidades autónomas, no solo a Canarias», insiste.

La distribución de los menores

Para el conjunto de España, el Gobierno ha cifrado una capacidad ordinaria de 32,6 plazas para menores no acompañados por cada 100.000 habitantes. Los criterios para fijar el número de plazas de cada comunidad autónoma son la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo realizado con anterioridad (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), si se trata de una ciudad fronteriza (2%), la insularidad (2%) y la dispersión (2%).

Teniendo en cuenta estos elementos, el Gobierno hizo en julio un cálculo de máximos sobre cuántos menores migrantes tendría que acoger cada comunidad. Así, los territorios que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677 jóvenes); Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).

Le seguían Castilla-La Mancha (320); Galicia (317); Aragón (251); La Rioja (205); Castilla y León (197); Extremadura (159); Cantabria (156); Asturias (144); Región de Murcia (133); Navarra (118) e Islas Baleares (49).

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni Euskadi ni Catalunya tendrían que acoger a ningún menor. Sin embargo, la consejera de Bienestar Social de Canarias ha asegurado este martes que las dos regiones se han ofrecido de forma voluntaria a recibir jóvenes atendidos hasta ahora en las islas.

El Estado contempla un fondo de 100 millones de euros con los que el Ministerio de Infancia sufragará los traslados y la acogida de los menores en las diferentes autonomías.

Más de un año de negociaciones

Este paso definitivo llega más de un año después de que el PP, Junts y Vox tumbaran en el Congreso de los Diputados el primer intento de impulsar la reforma de la Ley de Extranjería. Fue en abril de este año cuando la Cámara pudo dar luz verde a esta modificación legal que permitirá la derivación de los menores desde Canarias y Ceuta. Lo hizo con 179 votos a favor, 170 en contra y una abstención, después de conseguir el apoyo de Junts y a pesar de los bandazos del PP, que cogobierna en Canarias con Coalición Canaria.

Son también las comunidades gobernadas por el PP las que se han opuesto a la aplicación de esta reforma legal, que obliga a todos los territorios a acoger menores migrantes que lleguen a una comunidad autónoma con los recursos por encima de su capacidad.