Andalucía esgrime ser frontera sur de Europa para afear al Gobierno ser la comunidad que más menores acogerá

Hace un año, el Gobierno de España y el de Canarias trataban de consensuar con el resto de autonomías una reforma en la Ley de Extranjería que permitiera derivar a menores de edad llegados en patera a las islas hacia otros puntos del país. Ya por entonces, la Junta de Andalucía esgrimía su “singularidad” como una de las puertas de entrada de la frontera sur de España y de Europa a la hora de no ver con demasiados buenos ojos esas hipotéticas reubicaciones en su territorio. Una comunidad ya “de riesgo” en ese sentido, argumentaban los de Moreno, junto a las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, y de las propias Canarias, al estar solo a unos kilómetros de las costas africanas

Después de más de un año de negociaciones baldías entre Moncloa y el PP, y una vez que ahora el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un Real Decreto que detalla finalmente la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas para ello, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger, el Gobierno andaluz y el propio presidente Moreno han sacado la misma bandera pero esta vez sumando el recurrente “agravio”: que Andalucía es “frontera sur de Europa”, que se sitúa “a 14 kilómetros del continente africano”, pero que al País Vasco se le considera ‘frontera’ y no así a la comunidad andaluza.

El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así las cifras, la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Catalunya y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones con mayor capacidad ordinaria que, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía (645 en Andalucía, que estarían ya al cien por cien), es la cifra clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

En julio, el Gobierno hizo un cálculo de máximos sobre cuántos menores tendrían que acoger las comunidades, que serían 677 en el caso de Andalucía, esto es, doblar la cifra actual, con 8,8 millones de euros de financiación en ese sentido. La llegada de menores migrantes a las costas andaluzas obligó a la Junta en 2017 y 2018 a ampliar el sistema de acogimiento con plazas de emergencia. El número de menores migrantes que están acogidos en Euskadi ronda los 900. “Ya hemos hecho nuestro trabajo y ahora le toca a otras comunidades autónomas hacer esa acogida que ya Euskadi estaba haciendo”, dijo el Gobierno vasco el pasado mes de julio.

Ya “por encima del 95%”

Ni Euskadi ni Catalunya tendrían que acoger a ningún joven de estas derivaciones, aunque Catalunya anunció su intención de atender como mínimo a 31, como en anteriores campañas de acogida. Moreno ha resumido que “no puede haber privilegios en el reparto de menores migrantes”, que el Gobierno prevé comenzar a partir de este mismo jueves 28 de agosto. En su opinión, ese ‘efecto frontera’ (“frontera norte” en concreto en Euskadi) tiene “ventajas en términos económicos” mientras que en Andalucía “vemos en nuestras playas llegar las pateras” y no se le ha reconocido como “frontera sur” como Canarias o las ciudades autónomas.

El presidente de la Junta pidió este martes desde Archidona que los recursos que contemple el Gobierno para las comunidades autónomas estén “equilibrados” y sean “equitativos”, señalando que “no tiene sentido que Andalucía”, cuyas capacidades de acogida están “por encima del 95%, reciba un número de menores no acompañados” que oscile “de 600 a 800, sin que antes haya habido un acuerdo previo”, o “una planificación”, y sin que haya los “recursos necesarios”.

Moreno ha reclamado “respeto a Andalucía y a la igualdad entre todos” los españoles, y ha señalado que le parece “bien” si al País Vasco se le quiere reconocer el “efecto frontera” pero “no se puede hacer a costa de Andalucía una vez más” porque “ya son muchas” las decisiones que se van viendo “de este tipo que afectan y perjudican al conjunto de nuestra comunidad autónoma”.

También “agravio” con la dependencia

Y es que el pasado mes de junio, la mayoría absoluta del PP sacó adelante una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento autonómico para rechazar al “agravio” del Gobierno de España pero en esa ocasión por la financiación del sistema de la dependencia que viene capitaneando dese hace semanas, al igual que con el tema de los menores migrantes, la consejera de Inclusión Social, Loles López, a cuenta del acuerdo Gobierno-País Vasco rubricado el pasado 10 de abril en la Comisión Mixta del Concierto Económico por parte de la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

Pero la foto fija de la dependencia, a día de hoy, muestra que Andalucía es la comunidad más financiada de España y País Vasco la que menos, como ya informó este periódico. En los datos cerrados de 2023, Euskadi recibió un 16,05% mientras que Andalucía fue la que más porcentaje percibió, con un 37,74%, con una financiación casi 10 puntos por encima de la media nacional. Durante los dos años (2012-2014) en que el ahora presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue secretario de Estado de los Servicios Sociales en España, la asignación a Andalucía decreció del 25% al 22%.

En sus últimas declaraciones al respecto del tema de los menores migrantes, durante una entrevista con Europa Press a mediados de agosto, López dijo que “lo que está haciendo el Gobierno de España con la migración, de la que no quiere saber nada y sobre la que no aplica sus competencias, es un hecho xenófobo”. “Vemos cómo reparte niños como mercancía en función de sus intereses”, apostilló la consejera.

Recurso al Constitucional

Asimismo, y en relación con el reparto de menores, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó en junio a su gabinete jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, que ha tenido como continuación el decreto aprobado este martes y que ha introducido por primera vez un mecanismo de distribución obligatoria ante las reticencias, principalmente, de los gobiernos autonómicos del PP.

“El objetivo de Andalucía es garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos”, argumentó hace un par de meses el Gobierno de Moreno. La Junta de Andalucía considera que aquel texto aprobado extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al “imponer criterios de reparto no equitativos”.

Por otro lado, el Gobierno andaluz cuestionó la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de “inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española”.